«Ante la Ley hay un guardián. Hasta ese guardián llega un hombre del campo y le pide ser admitido en la Ley. Pero el guardián dice que por ahora no le puede permitir la entrada. El hombre del campo no había previsto semejantes dificultades; la Ley, piensa, tiene que ser accesible siempre y para todos». El proceso, Franz Kafka, 1925.

En diversos capítulos de este libro se ha hablado del estraperlo, el mercado negro o los maquis. A continuación se abordarán brevemente esos tres delicados temas, que prácticamente coexistieron en el tiempo, pues con ellos tuvieron que lidiar nuestros esforzados transportistas.

1. Estraperlo

La historia de esta curiosa y sonora palabra se remonta a una trama de soborno y actividades ilegales relacionadas con el juego en la España de la II República (1931-1936). El nombre de la ruleta eléctrica Straperlo (Figura 1) era un acrónimo formado con las primeras sílabas de los apellidos de sus artífices: Daniel Strauss (empresario de origen germano-holandés y nacionalidad mexicana), Joachim Perlowitz (empresario holandés) y Frieda Lowann (socia de los dos y esposa de Strauss). En 1933 Daniel Strauss ya había instalado su ruleta straperlo en un hotel de Aquisgrán (Alemania) pero debido a su origen judío se trasladó a Holanda tras el triunfo del nazismo. Allí montó su invento en tres casinos (Scheveningen, Zandvoort y Noordwijk) y en uno de Ostende (Bélgica), obteniendo pingües beneficios.

Figura 1. La ínclita ruleta Straperlo. Archivo UCM.

Hasta que el gobierno holandés se dio cuenta de que todo aquello era un vil engaño y empezó a poner serias trabas al invento. Tan serias, que la policía entró en tromba en los casinos donde se explotaban y, sin más preámbulos, arrojaron todas las ruletas y mesas de juego a la calle a través de las ventanas. Sus creadores captaron la indirecta y salieron huyendo de los Países Bajos.

El siguiente destino de Daniel Strauss, su esposa y su socio fue España, se cree que sobre todo porque Daniel hablaba español al haber vivido durante unos años en México. En resumen, se trata de la historia de unos holandeses errantes con bastante jeta que se atrevieron a probar fortuna… en el mismísimo país de los pícaros. Y claro, salieron escaldados, y en su caída arrastraron a todo un presidente de gobierno de la II República.

Y es que la maquinita en cuestión suponía un cierto desafío a la legalidad vigente ya que los juegos de azar estaban prohibidos en España desde octubre de 1924. Para “blanquear” su invento, Strauss presentó una solicitud de modelo de utilidad (Un aparato para juego de sociedad) ante el Registro de la Propiedad Industrial con fecha 12 de septiembre de 1934. La patente tenía por objeto un juego muy similar a la ruleta clásica, pero con la peculiaridad de que, según afirmaba el inventor, «había conseguido eliminar el factor de la suerte, convirtiéndolo en un juego de habilidad». Así lo relataba el inventor en la memoria presentada en el Registro: «el juego consiste en adivinar, mientras los hoyos de captación giran a una velocidad constante y la bola rueda a lo largo de la pista, en qué hoyo dicha bola pueda caer. Este problema puede ser resuelto observando qué número pasa por un punto de la pista, en el cual se halla la bola en un momento determinado, deduciéndose de ello en qué hoyo la bola puede entrar. Suponiendo que, cuando la bola se halla en el punto A de la pista, el hoyo designado por 29 pasa en ese momento por el punto A, entrando finalmente la bola en el hoyo designado por 12. Debido a que los hoyos de captación giran con una velocidad constante, necesitando la bola siempre el mismo tiempo para llegar del punto A hasta el final de la pista, existirá una relación fija entre el número del hoyo por el que pasa la bola que se encuentra en el punto A y el número del hoyo en el cual dicha bola finalmente entra. En el ejemplo dado basta restar 17 del número indicado por el respectivo hoyo para determinar exactamente el hoyo en el que la bola deberá caer».

Por farragosa que sea esa explicación, viene a decir que el inventor había transformado la clásica ruleta en un juego de habilidad y no de azar, por lo que su cacharro no iría contra la prohibición de los juegos de azar entonces vigente. Ganar o perder dependía de los cálculos que hicieran los jugadores para adivinar en qué número caía la bola. Lo que no se decía era que el movimiento de la bola en el dichoso aparatillo se podía controlar a través de un botón oculto que accionaba un mecanismo de relojería, con el que el banquero podía variar la velocidad del motor eléctrico, dejando sin sentido los cálculos de los apostadores y decidiendo lo que iba a suceder. Y, se lo crean o no, casi siempre ganaba la banca. En cualquier caso, y revestido de unos ribetes de legalidad bastante cuestionables, el estraperlo consiguió implantarse en algunas salas de juego de todo el país a pesar de constituir una estafa colosal.

Su primer destino dentro de España fue Cataluña donde trató de convencer a la Generalitat para que autorizaran la explotación de la invención. Para ello se infiltraron en los círculos del poder a través de Hugo Cyril Baruch, también conocido como Jack Bilbo, del que se decía que había trabajado como guardaespaldas de Al Capone en los EE. UU. Bilbo, de trayectoria antifascista tenía muy buenos contactos entre la izquierda catalana y sobre todo en Esquerra Republicana. Sea como fuera, sus planes en Cataluña se vieron frustrados, posiblemente porque los mandatarios de la Generalitat fueron informados de los oscuros antecedentes de Daniel Strauss y sus socios.

Sin embargo, no todo les salió mal; en Barcelona Strauss consiguió un contacto con el que llegar a miembros del mismísimo gobierno de la República: Juan Pich i Pon, subsecretario de Marina y cabeza visible del Partido Republicano Radical (PRR) en Cataluña. Pich i Pon le presentó a Aurelio Lerroux, delegado del ministerio de comunicaciones en la Compañía Telefónica Nacional de España, y lo que era más relevante, sobrino e hijo adoptivo de Alejandro Lerroux, líder del PRR y ministro de la Guerra en ese momento. Aurelio Lerroux, personaje clave de esta historia, se prestó para conseguir los permisos personalmente a través de las relaciones con su padre adoptivo y con Rafael Salazar Alonso, a la sazón ministro de Gobernación. Strauss estaba a un paso del Gobierno del Estado. Entre las andanzas surrealistas del grupo, destaca el traslado clandestino y furtivo (a medianoche) de la ruleta al mismismo Ministerio de Gobernación para exhibirla ante el ministro Salazar Alonso y otros altos cargos. Finalmente, mediante el regalo de relojes de oro, promesas de participación en los beneficios y otras atenciones, Daniel Strauss y sus socios consiguieron de la Dirección General de Seguridad un permiso para emprender el negocio de la ruleta. Sin ni siquiera esperar a que la autorización fuera confirmada por el Consejo de Ministros, como era preceptivo, el straperlo funcionó en el Gran Casino de San Sebastián durante la noche del 12 al 13 de septiembre de 1934 pero solo durante las tres horas que tardó el cabreado público en descubrir que no era casualidad que siempre ganara la banca. Al día siguiente, el propio ministro, quizás asustado por las consecuencias de la algarada, mandó a unos cuantos guardas, pistola en mano, para que retiraran las máquinas.

Daniel Strauss y sus socios no se dieron por vencidos ante los repetidos fracasos y decidieron esperar a un anunciado cambio de gobierno que podría resultarles favorable. Efectivamente, el 4 de octubre de 1934 Alejandro Lerroux es nombrado presidente del consejo de ministros y tras “trabajarse” de nuevo a las personas adecuadas, Daniel y sus socios logran que el Ministerio de la Gobernación comunique al Gobernador Civil de Baleares que se autoriza la apertura del salón de juegos del Hotel Formentor de Pollensa a partir del 1 de diciembre. Allí estuvo funcionando unos días el straperlo. Sin embargo, un diputado de la CEDA por Baleares se quejó al líder de su partido José María Gil-Robles, que formaba parte del gobierno, y logró que el salón de juego se cerrara el 10 de diciembre.

A finales de 1934, completamente arruinado, Strauss decidió abandonar el fallido proyecto y volverse a Holanda no sin antes pedir que se le devolvieran todos los pagos de soborno que había realizado los meses anteriores, empezando por Aurelio Lerroux y Pich i Pon. Pero todo el mundo se hizo el longuis y ante la nula respuesta de toda la red de funcionarios y políticos sobornados, abandonó España llevándose bajo el brazo un buen puñado de documentos altamente comprometedores. En la primavera de 1935, Strauss quiso chantajear a Alejandro Lerroux mediante una carta sellada en La Haya con documentación que demostraba todos los hechos. Lerroux hizo caso omiso a dicha misiva; de hecho, las malas lenguas dicen que hizo un gurruño con la carta y la “archivó” directamente en la papelera.

Ante la falta de respuesta, a principios de septiembre Strauss envió la carta con la documentación directamente al Presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora. Este se la enseñó a Lerroux, quien no le concedió importancia con el argumento de que sería muy difícil probar sus presuntos contactos con Strauss (Casanova, 2007). A mediados de septiembre Lerroux renunció a seguir encabezando el gobierno, habiéndose especulado con que realmente fue Alcalá Zamora el que le obligó a dimitir ante la gravedad del dossier de Strauss (Jackson, 1965). A pesar de ello, Lerroux continuó en el gobierno como ministro. En un primer momento, Alcalá-Zamora quiso dirigir el caso ante la fiscalía sin hacerlo público, pero pocos días después supo que Indalecio Prieto y Manuel Azaña, dos de los principales responsables de los grupos de izquierda, se habían reunido con Strauss en Bélgica y disponían de toda la información (Figura 2).

Figura 2. Enemigos íntimos. Lerroux (izquierda), Alcalá Zamora (centro) y Azaña (derecha),
el 17 de agosto de 1930 durante el encuentro entre los diferentes partidos políticos republicanos
para poner fin a la monarquía, más conocido como Pacto de San Sebastián.

En ese momento existía una importante indignación y agitación entre la izquierda, en gran parte a causa de la actuación del gobierno ante la revolución de mineros de Asturias de 1934 y Alcalá-Zamora tuvo el convencimiento de que utilizarían la información de este caso para arremeter contra del gobierno. Por ello, decidió adelantarse y hacer un comunicado escueto y ambiguo a la prensa. La tarde del 18 de octubre de 1935, los periodistas recibían la siguiente nota redactada por el Ministro de Guerra José María Gil Robles: «Ha llegado oficialmente a poder del Gobierno una denuncia suscrita por un extranjero cuya personalidad no consta de modo auténtico en España, en la que se formulan acusaciones contra determinadas personas por supuestas irregularidades cometidas con ocasión del ejercicio de funciones públicas. El Gobierno ha trasladado de oficio esta denuncia al fiscal, con el propósito de que se practique la más amplia y escrupulosa investigación».

Al día siguiente, su publicación en los periódicos suscitó un gran revuelo con toda clase de rumores en la opinión pública y la prensa ponía el foco en el Gobierno con tal de esclarecer qué hechos subyacían bajo el comunicado. Estallaba así el caso Straperlo. El gobierno quiso plantear la entrega de la nota a la prensa del día anterior como un ejercicio de transparencia de un caso carente de importancia (Diario de Sesiones, 22 de octubre de 1935; https://www.congreso.es/es/cem/vidparl1933). La intención era quitar hierro a la denuncia poniendo énfasis en el factor de que el denunciante era un extranjero cuya personalidad no consta de modo auténtico en España, tal como se decía en la nota, de este modo se ponía en duda la veracidad de los hechos descritos por Strauss. El gobierno defendía, además, que el caso debía seguir los cauces ordinarios del procedimiento judicial sin la necesidad de constituir una comisión puesto que, según ellos, no era pertinente que el Congreso tuviera que constituir una comisión especial de investigación cada vez que hubiera una acusación por parte de un desconocido.

Sin embargo, las cosas no fueron así. La información tenía bastante verisimilitud y era lo suficientemente grave como para formar una comisión especial. Según la versión de Strauss, Alejandro Lerroux recibiría el 25 % de los beneficios, Juan Pich y Pon, el 10 %; y Aurelio Lerroux y otros dos compinches, el 5 % por cabeza. Además, para asegurarse la cooperación del ministro de la Gobernación (Salazar Alonso) y del director general de Seguridad (José Valdivia y Garci-Borrón), Pich y Pon se había comprometido a hacerles llegar sobornos de 100.000 y 50.000 pesetas de la época, respectivamente.

El dictamen de la comisión parlamentaria señaló que habían existido actuaciones «que no se ajustaron a la austeridad y a la ética que en la gestión de los negocios públicos se suponen» (Figura 3). El 28 de octubre de 1935 las Cortes votaron la culpabilidad de los ocho acusados por la comisión, todos ellos destacados miembros del Partido Radical, mediante un sistema de bolas: salieron 14 bolas blancas de “inocente” y 166 bolas negras de “culpable”. Inmediatamente, todos los incriminados dimitieron de los cargos que ocupaban y al día siguiente Alejandro Lerroux abandonó definitivamente el Gobierno.

Figura 3. Portada de El Diario de Huesca del 27 de octubre de 1935, con el escándalo del Straperlo como asunto más destacado.

El escándalo del straperlo, junto con otro ligeramente posterior (el escándalo Nombela), que también afectó al Partido Radical, supuso el derrumbe del partido, puso fin al denominado bienio conservador y condujo a la convocatoria de las elecciones generales en febrero de 1936, ganadas por el Frente Popular. Pocos meses después, la Guerra Civil. Algo más de tres años después, la posguerra, el hambre, el racionamiento... y la época dorada del mercado negro.

2. El mercado negro

El impacto que tuvo el asunto straperlo fue tan grande que se generalizó el uso de término estraperlo para hacer referencia al comercio ilegal de bienes sometidos a algún tipo de impuesto o tasa por el Estado. Y por extensión, durante la posguerra española, como sinónimo de “mercado negro”, término que hace referencia al comercio ilegal de los artículos intervenidos por el Estado o sujetos a racionamiento desde 1939 hasta 1952. De hecho, se conocía como estraperlistas a quienes practicaban ese comercio.

Posiblemente la palabra “hambre” sea la más repetida, cuando se pregunta por la posguerra a los ya cada vez más escasos sufridores de ese periodo. Un recuerdo traumático y persistente. Las colas interminables para lograr lo que fuera, un pedazo de pan negro, un poco de azúcar, arroz, aceite..., los cupones de las cartillas, la necesidad de comer las cáscaras de naranja, las mondas de patata, la constatación de que todo lo que corre o vuela puede acabar en una cazuela, los calambres en la tripa, los desmayos, la muerte por las enfermedades que volaban sobre el nido de la desnutrición…

El hambre estaba más extendida en las ciudades, donde más escaseaban los alimentos. Tener un huerto, unos animales o un monte cercano fue un privilegio en comparación con quien sufrió el hambre en las ciudades. La llegada de viandas, gallinas, pollos o conejos de los parientes “del pueblo” fue el flotador de más de una familia. Con los productos de primera necesidad racionados -y en cantidades que no evitaban la desnutrición- y una nefasta política agraria, el panorama era desolador. Como reconocería el mismísmo Jefe Provincial de Falange y de la JONS de Alicante en un informe enviado al gobierno en diciembre de 1940, «la situación es pavorosa, tenemos toda la provincia sin pan y sin la posibilidad de adquirirlo. Hace más de cuatro meses que no se ha repartido aceite, por no hablar de otros productos. En la provincia, prácticamente todos seríamos cadáveres si tuviésemos que comer de los racionamientos de la Delegación de Abastos» (Molinero e Ysás, 2003).

Un hambre atroz empujó a muchas personas al estraperlo (pequeño estraperlo, estraperlo de los pobres) y el mercado negro arraigó rápidamente en toda la piel del toro. Niños, ancianos, viudos, viudas, padres y madres de familias numerosas. Seres desesperados pertenecientes a las clases más bajas, sin propiedades, sin tierras y sin recursos económicos, que estraperleaban pequeñas cantidades, a veces mínimas, de alimentos de subsistencia o tabaco: unas cuantas hogazas de pan, alguna arroba de aceite, algunas cajetillas de tabaco… Pero no es menos cierto que otros se vieron atraídos por una gran oportunidad de enriquecimiento rápido (gran estraperlo o estraperlo de los ricos). Fueron los grandes estraperlistas, generalmente personas afines a la dictadura, cuyos contactos y trapicheos al por mayor con los funcionarios corruptos les permitieron acaparar grandes cantidades de artículos de primera necesidad y amasar grandes fortunas a costa de la desgracia de los demás. También grandes propietarios en el ámbito rural. Por el contrario, la marea de pequeños estraperlistas, cuyo único objetivo era sobrevivir vendiendo pequeñas cantidades de pan, huevos o patatas, fue duramente perseguida (requisamientos, denuncias, multas y hasta condenas de cárcel) por las mismas autoridades que hacían la vista gorda con los estraperlistas de primera. Para más escarnio, el estraperlo de los pobres se convirtió en el pretexto perfecto para justificar la escasez de los años cuarenta.

Y ambos estraperlos conformaban casi una sociedad al completo. En palabras de Del Arco (2010), «España entera vivió, durante más de una década, al margen de la legalidad» mientras que un funcionario inglés afirmaba a mediados de la década de los 40 que «en España la nación entera, desde el más alto al más bajo, está casado con los hábitos y formas de la economía del mercado negro» (Public Record Office, 1946). Y fue porque el racionamiento, que duró hasta 1952, no garantizaba la subsistencia. Por tanto, los que no disponían de los recursos necesarios para abastecerse, tenían que atravesar la línea de la legalidad para seguir adelante. Y muchos de los que disponían de medios holgados para subsistir, vieron en el mercado negro un medio para aumentar rápidamente su patrimonio. Pero las líneas de la legalidad siempre eran claras y bien delimitadas para los primeros y mucho más difusas e incluso invisibles para los sectores más acomodados o influyentes. En un país donde aparentemente no había casi de nada, con provincias que en 1942 alcanzaron tasas de mortalidad infantil por encima del 30%, se podía conseguir casi de todo si se tenía dinero o buenos contactos, dos cosas que a menudo iban de la mano. Para obtener grandes beneficios en el mercado negro, era necesario contar con los recursos necesarios (dinero, tierras, industrias, comercios, transportes), así como con la tolerancia, complicidad o participación (corrupción pura y dura) del entramado administrativo del régimen (fraude fiscal, falsificación de las declaraciones de cosechas, la compra de favores, desvío de vagones de trigo, traslados ilegales, reparto ilegal de racionamiento, adulteración de productos…) (Barciela, 1994; Barciela, 1998). La zorra cuidando el gallinero.

Se mire por donde se mire, el mercado negro alcanzó una magnitud impresionante. En productos tan básicos como el trigo o el aceite llegó a superar el 50 por 100 de la cosecha o del producto comercializado. Los artículos que circularon en este mercado clandestino alcanzaron precios astronómicos, que en general oscilaron, como mínimo, entre dos y tres veces los precios oficiales, aunque en zonas deficitarias de algún producto determinado, se llegaron a pagar precios hasta diez veces superiores a los oficiales fijados por el régimen; los precios más altos afectaron, ¡cómo no!, a los artículos de primera necesidad esenciales para las clases menos pudientes (Barciela, 1986). Por ejemplo, un kilo de azúcar costaba 1,90 pesetas a precio de tasa y 20 pesetas de estraperlo, mientras que, por el aceite, que se pagaba a 3,75 el litro para el racionamiento, se llegaban a pedir 30 pesetas; en el caso del trigo, su precio llegó a ser, de media, cinco o seis veces superior a los de la tasa oficial (Barciela y García, 1983).

En 1940 se crea la Fiscalía Superior de Tasas (Ley de la Jefatura del Estado del 30 de septiembre de 1940, BOE nº 277 del 6 de octubre), «organismo superior para la represión de los delitos y faltas que se cometan contra la Ley de Tasas y demás infracciones en materia de abastecimientos»; es decir, el organismo teóricamente encargado de velar por el escrupuloso respeto de los precios oficiales.

En Aragón prestaron una atención muy especial al aceite y al trigo. La mera presencia de sus agentes en los pueblos españoles provocaba terror, por una parte, por el miedo a los registros a cualquier hora y en cualquier lugar (hogar o almacén) y, por otra, porque su simple presencia aumentaba los precios en el mercado negro. En esta misma dinámica, las sucesivas leyes de tasas, endureciendo las penas impuestas por delitos de estraperlo, no harán más que empujar todavía más al alza espectacular de los precios.

Ese mismo año se establece la obligatoriedad de obtener una guía de circulación para el transporte de mercancías (Figura 4). Cualquier traslado de mercancías sin la correspondiente autorización pasó a constituir un delito, independientemente de la distancia que se recorriera (Figura 5). Para velar por su cumplimiento se crearon servicios de vigilancia en los principales puntos de salida o entrada a ciudades, en estaciones de ferrocarril y en carreteras (Figura 6). Guías que son frecuentemente falsificadas o ante cuya ausencia se hace la vista gorda dependiendo de quién sea el propietario de la mercancía y/o del camión.

Las mercancías que incautaba la fiscalía provincial de tasas se entregaban al delegado local de abastos del municipio en cuyo término municipal se había producido la intervención. Ese cargo era ocupado habitualmente por el alcalde. Los productos decomisados eran tasados y se podían vender a particulares o asociaciones benéficas. La fiscalía enviaba al gobernador civil de la provincia en cuestión, la información sobre las multas impuestas, cuyo importe no podía ser menor de la cantidad con la que se hubiera tasado la mercancía incautada.

Figura 4. Izquierda: Autorización para el transporte de aceitunas desde un olivar en Castejón de Becha (Esquedas) hasta una almazara de Bolea (27 de diciembre de 1950). Derecha: Guía para la circulación de azúcar de Barbastro a Pertusa (2 de agosto de 1951). Los nombres de las personas a las que aluden los documentos han sido borrados digitalmente. Exposición virtual Tiempos de escasez, visitable en la web de la Hoya de Huesca (https://hoyadehuesca.es).

Figura 5. Documento de la fiscalía provincial de tasas de Huesca sobre un decomiso de 26 kilos de judías (derecha) y resguardo del pago de 41’60 pesetas que el ayuntamiento de Bolea hace al Gobierno Civil (izquierda). Exposición virtual Tiempos de escasez, visitable en la web de la Hoya de Huesca (https://hoyadehuesca.es).

Figura 6. Acta de aprehensión de artículos intervenidos tras un registro de equipajes en la estación de Ayerbe (10 de noviembre de 1942). Las autoridades incautaron una cesta con 6 kilos de carne y tres docenas de huevos. Ningún viajero confesó ser propietario de la cesta. Exposición virtual Tiempos de escasez, visitable en la web de la Hoya de Huesca (https://hoyadehuesca.es).

El infractor tenía que ingresar el importe impuesto en la cuenta corriente abierta que, a tal efecto, tenía abierta la fiscalía en el Banco de España. Si la incautación era fruto de la denuncia (habitualmente anónima) de un particular, el denunciante tenía derecho al 40% de la multa impuesta. En caso contrario, esa parte era ingresada en un fondo especial para repartirla entre asociaciones benéficas. Si el denunciado no pagaba la multa tras la notificación, comenzaba el procedimiento de apremio y si resultaba insolvente se le detenía y se le enviaba a un campo de trabajo, en el que le iban descontando 10 pesetas de la multa por cada día, con un límite máximo de un año de reclusión en aquellos aberrantes lugares.

La puesta en marcha de la Fiscalía de Tasas iba a suponer la creación de tribunales militares en las diferentes regiones de España para luchar contra los delitos de «acaparamiento, ocultación y venta, a precios abusivos, de los bienes de primera necesidad» (Figura 7). A este respecto, el gobierno hizo publicar en los periódicos una nota cuyo titular, a toda página, no podía ser más claro: «Se acerca inexorablemente la hora del castigo para los logreros y traficantes sin conciencia». La nota rezaba así: «Señores estraperlistas, ya está montada la máquina penal que habrá de extirpar vuestras malvadas ganancias y traeros a los caminos de la honestidad. Si persistís en vuestros manejos, negocios bajo cuerda y demás culpas contra el bien público, no durará muchos días vuestra ilusión de impunidad. Hay cerrojos, detrás de puertas de hierro, que se abren con facilidad para entrar, pero muy difícilmente para salir, como no sea para enfrentarse con el pelotón de ejecución. La perspectiva, señores del mil por ciento de lucro en venta, no tiene nada de halagüeña» (ABC, 28 de octubre de 1941).

Figura 7. Portada del diario Nueva España (Huesca) del día 23 de octubre de 1941,
informando de los artículos del código militar aplicables en los casos de straperlo.

Las posibles repercusiones eran incluso exageradas para aumentar el temor de la población. Así hablaba de las posibles sanciones el diario ABC: «¿Sabéis cuáles son las sanciones? Las que previene el Código de Justicia Militar contra los delitos cometidos contra la seguridad del Estado y el Ejército, cuyo capítulo se abre con la definición y castigo del de rebelión: ‘Los reos de rebelión militar serán castigados, en primer lugar, con la pena de muerte el jefe de la misma y, en segundo, con la reclusión perpetua a muerte los demás no comprendidos en el caso anterior». «¿Por qué has de ser tú quién sirva de ejemplo ante un pelotón de fusilamiento, si por un casual has cometido delitos de esta especie o en el fondo de tu conciencia persiste todavía la tentación de seguir cometiéndolos?».

Mucha más determinación y contundencia para perseguir el estraperlo… de los pobres, siempre expuestos a que les cayera una sanción. Entre 1946 y 1949, la inmensa mayoría de las sanciones impuestas por la Fiscalía de Tasas (hasta el 98% en algunas provincias) recayeron sobre pequeños estraperlistas (Pérez, 2004). La multa podía ser un gran problema por sí misma ya que no era raro que la economía del pequeño estraperlista no le permitiera hacer frente a sanciones aparentemente modestas. Pero, en ocasiones, las multas ni siquiera eran el principal escollo: al pequeño estraperlista se le podía requisar toda la mercancía y el medio empleado para su transporte (un asno, una mula, un carro, una bicicleta…). Entonces, muchos quedaban en deuda (y a merced) del gran estraperlista que le había proporcionado la mercancía y/o los medios de transporte. Y con los insolventes, como se ha expuesto anteriormente, tampoco había muchos miramientos: se enviaban a los batallones de trabajadores, en los que se sometían sus escuálidos cuerpos a un intenso trabajo (Figura 8).

Figura 8. Documento en el que se informa de la obligatoriedad de ingresar en un campo de trabajo si no se paga la multa impuesta en un plazo de 8 días (Ayerbe, 1 de marzo de 1949). Archivo municipal de Ayerbe (AYE 0283/004). Exposición virtual Tiempos de escasez, visitable en la web de la Hoya de Huesca (https://hoyadehuesca.es).

Tras la nueva regulación, se intervinieron más artículos, especialmente cereales, y los pequeños agricultores y los molineros, entre otros, fueron sometidos a una vigilancia digamos que especial. El Servicio Nacional de Trigo enviaba inspectores a registrar las casas y la gente ocultaba lo que podía bajo tierra, entre las paredes, en dobles techos o en los tejados, ante el temor a que les quitaran cosechas y bienes. El cereal se llevaba a moler por las noches, incluso se llegó a hacer con molinillos de café para no levantar sospechas. El transporte de muchas mercancías también se hacía con nocturnidad y preferiblemente por rutas poco transitadas, alejada de las carreteras. Hubo arrieros que llevaron aceite desde el torno de Betorz hasta Sabiñánigo aprovechando las largas noches de invierno (Figura 9). A pesar de los esfuerzos de agricultores, ganaderos y molineros, obviamente los agentes de tasas o los guardias civiles también estaban al tanto de todas las argucias y cada vez era más difícil engañarlos. Entre los sabuesos encargados de controlar los productos tasados o las materias primas necesarias para elaborarlos hubo de todo: auténticos matones con exceso de celo (quedar bien ante los superiores siempre ha sido una buena forma de escalar en el escalafón), otros que aceptaban sobornos por hacer la vista gorda y también buenas personas, mucho más permisivas, conscientes de la situación y de los ahogos en los que sobrevivía una buena parte de la población.

Figura 9. Torno de Betorz. Desde aquí salía aceite hacia Sabiñánigo en reatas nocturnas. Juan M. Rodríguez.

El testimonio de Antonio Castel (Campo), recogido por Fuster (2012) sobre la situación en los molinos harineros es el siguiente: «Después de la terminación de la guerra, el año 1939, quedó limitada la venta y adquisición de alimentos, sobre todo los de primera necesidad como: pan, aceite, azúcar, garbanzos, lentejas, etc. El estado procedía de la siguiente forma: obligaba al agricultor a la entrega del fruto de las cosechas. El trigo era recogido en grandes almacenes, llamados silos, que eran del estado y de allí salía controlado hacia las harineras para ser molido; de éstas, convertido en harina, llegaba a los panaderos, meticulosamente pesado para que a cada persona le dieran tantos gramos de pan al día. El montaje era perfecto y no podía desviarse de lo trazado, sin embargo, el cosechero procuraba desviar parte del trigo cosechado y quedárselo para el consumo de su casa. Lo escondía en armarios, en sacos bajo la paja, etc. por si había una inspección. Mayor problema presentaba el trabajo de molerlo, necesariamente debía recurrir al molino público. El peligro le acechaba constantemente, durante el día tanto la Guardia Civil como unos Inspectores llamados de "Tasas" podían sorprender al arriero que llevara a moler sacos de trigo. Se intentó sacarlo de casa durante la noche, pero también había riesgo. La Guardia Civil vigilaba día y noche. Hubo casos de aprehendimiento, la ley actuaba rápida: requisición del grano, una multa y en ocasiones hasta cárcel».

En tiempos de una escasez e inflación desorbitantes, un problema adicional para los arrieros y para la gran cantidad de gente que iba a las ciudades o grandes pueblos a vender lo que fuera (piñas, nueces, almendras, higos, castañas, miel…) recorriendo las casas puerta a puerta, era que todavía estaban vigentes los fielatos, los puestos a las entradas de las ciudades y grandes pueblos en los que, con la excusa ejercer un cierto control sanitario sobre los alimentos, se cobraban impuestos (arbitrios de consumo) por cada producto que entrase para ser vendido en la localidad. Los guardas de los fielatos o consumistas tenían vía libre para cachear a las personas y buscar y rebuscar en sus pertenencias (recipientes, medios de transporte) (Rodríguez 2025).

Los arrieros eran capaces de dar grandes rodeos en sus recorridos con tal de evitar que los parasen en el fielato. Los fielatos existieron hasta los años 60 del pasado siglo XX y muchos de los operarios que trabajaron en ellos acabarían siendo guardias municipales. Un arriero recordaba la anécdota de una persona que ante la clásica pregunta del guarda del fielato «¿Hay algo que declarar?» respondió «Dos huevos nada más» (obviamente ninguno era de gallina ni de ninguna otra especie de ave). Todo cuanto tuviese peso en este país debía responder ante el «juicio de la romana».

Mientras tanto, un buen número de autoridades y otro de servidores de casi cualquier eslabón de la Administración Estado se deleitaba surfeando en la ola del estraperlo: gobernadores civiles y agentes de la Fiscalía de Tasas, alcaldes y miembros de la Guardia Civil o militares y personal del Servicio Nacional del Trigo (Barciela, 2003). Tal era así que incluso había alguna que otra voz (muy pocas) que se atrevían a denunciar la situación. En 1940, Higinio París Eguilaz, economista teóricamente simpatizante con el régimen, redactaba un informe auténticamente demoledor contra la política económica del gobierno, en el que denuncia abiertamente la implicación de las autoridades, especialmente las locales en el estraperlo («una serie de indeseables, caciques, tenderos, negociantes e individuos sin oficio conocido»), existiendo una ardua «lucha en torno a obtener puestos en los organismos oficiales que intervienen en los abastecimientos». En 1946, Gregorio Marañón afirmaba que lo que levantaba más salpullidos entre el pueblo no era el hambre sino la constatación de que «demasiados altos cuadros de la política especulan con productos alimenticios de primera necesidad y chupan la sangre del pueblo». Precisamente el estraperlo alcanzó su nivel más alto en ese año, que pasó a ser conocido como el «año del hambre».

Algunas ovejas negras del mundo eclesiástico también se hicieron eco de este fenómeno. En 1950, Vicente Enrique y Tarancón, a la sazón obispo de Solsona (Lérida), denunciaba la situación en una arriesgada carta pastoral:
«No podemos callar. No debemos callar por más tiempo. Llegan hasta nuestros oídos los clamores de la multitud […] No son pocos los que se han enriquecido desaforadamente en estos últimos años… pero esas risas y esas alegrías de unos no pueden apagar los clamores de la muchedumbre que sufre hambre y que vive en la miseria […]. Durante estos diez años son bastantes los que se han aprovechado de la escasez para hacer grandes negocios. […] Los que ocupan algún cargo en estos momentos no solamente deben ser dignos y honrados; deben evitar con cuidado todo aquello que pueda servir de razón o de pretexto para que los demás duden de ellos».

Décadas más tarde, en 1998, José Luis de Villalonga no tendrá ningún reparo en admitir que en su casa «había de todo» durante aquel triste periodo por dos motivos: ser de «familia rica y vivir del mercado negro, del estraperlo y de todas esas cosas (…); al lado había gente que se moría de hambre». Doña Merceditas también tenía excelentes relaciones con las élites franquistas de alta alcurnia. Suyo era el camión cargado de trigo ilegal que dos guardias civiles detuvieron en Binaced cuando se dirigía a Cataluña. Se trataba ni más ni menos que de un delito considerado como de alta traición a la patria. Los guardias fueron felicitados por sus inmediatos superiores y compañeros. Apenas transcurridas unas pocas horas de la intervención, se firmaba la resolución de expulsión del cuerpo de los dos guardias que únicamente habían cumplido con su trabajo sin importarles el quién. La historia completa la pueden encontrar en el magnífico libro Historias de contrabando en el Pirineo aragonés (Editorial Pirineum, 1998).

Pero el franquismo utilizará repetidamente los medios de comunicación para propagar su empeño en perseguir el mercado negro (Fandiño, 2009), un gran efecto adverso de su propia política económica y en el que muchos de sus incondicionales estaban implicados, tal y como han confirmado muchos estudios. De forma persistente, en la prensa aparecerán noticias de grandes sanciones a estraperlistas, auténticos cabezas de turco.

3. Las cartillas de racionamiento

Una cartilla de racionamiento, cupón o libreta de abastecimiento es un vale emitido por un gobierno para que el titular pueda obtener alimentos y algunos otros productos de primera necesidad (pan, aceite, leche, carne, patatas, jabón) que sean muy escasos en un periodo determinado, como en tiempos de guerra o en otras situaciones de emergencia. El objetivo es que su reparto se produzca de forma equitativa entre la población, con especial atención para aquellos más vulnerables o con menos recursos (niños, mujeres embarazadas, viudas con una gran carga familiar…).

Los cupones de racionamiento fueron habituales en gran parte de Europa durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial y, por supuesto, en la España de la guerra civil y la casi peor posguerra. Aunque “en todas partes cuecen habas”, la peculiaridad española, como ya se ha expuesto, fue la magnitud de la picaresca y del mercado negro que se generó en torno al racionamiento. En el contexto de la guerra civil, las primeras cartillas de racionamiento aparecieron en el Madrid sitiado en noviembre de 1936 (Figura 10).

Figura 10. Izquierda: tarjeta de racionamiento («aprovisionamiento») creada por el Ayuntamiento de Canillas (actualmente un barrio del distrito de Hortaleza, al este de la ciudad de Madrid) en la temprana fecha de septiembre de 1936. El pan debía ir en tarjeta aparte. Crónica, 20 de septiembre de 1936. Biblioteca Nacional de España. Derecha: tarjeta para el “suministro de leche por prescripción facultativa” en el Madrid republicano, marzo de 1937.

El 5 de marzo de 1937, un decreto del gobierno de Largo Caballero extendió la tarjeta de racionamiento familiar a «todos los municipios de la España leal». La propaganda rebelde se encargó de repetir un mensaje machaconamente: la España nacional no conocía (oficialmente, claro) el hambre. Según Seidman (2012), los sublevados, de una manera u otra, evitaron la inflación y la escasez de alimentos y de suministros militares, al contrario de lo que sucedió en la parte republicana. El régimen de Franco, represivo y controlador, producía comida para las tropas y los civiles. De hecho, «la propaganda de los nacionales dirigida a los soldados republicanos puso el énfasis en los estómagos repletos de los insurgentes más que en ningún otro tema, aunque el dinero republicano "carente de valor" le siguió de cerca. Los nacionales se jactaban del “pan blanco de Franco” sin adulterar». Tal es así que la aviación de Franco realizó en el otoño de 1938 varios bombardeos de pan blanco sobre Madrid, Barcelona y Alicante, posiblemente más eficaces para sus intereses que los terroríficos bombardeos a los que había sometido a esas ciudades en los meses previos (Figura 11). No parece casualidad que uno de los ataques aéreos más sangrientos e indiscriminados ocurridos durante la guerra civil española fuera precisamente el del Mercado Central de Alicante, el 25 de mayo de 1938.

Pero una cosa es predicar y otra dar trigo. Nada más acabar la guerra, una buena parte de la clase media se vio despojada de sus ahorros. Muchas personas habían escondido parte de su dinero en los sitios más insospechados para tenerlo seguro (por ejemplo, en el interior de los rieles de las cortinas y en dobles fondos de todo tipo) pero, de la noche a la mañana vieron cómo se convertía en papel mojado.

Figura 11. Un relato de cómo fue recibido en Madrid el pan de la España nacional. ABC de Sevilla, 13 de octubre de 1938. El hambre en la zona republicana fue un elemento importante de la propaganda nacional, que alardeaba de un abastecimiento abundante de alimentos. Lo cierto es que la República tenía grandes ciudades y elevada densidad de población, y había quedado desconectada de las principales zonas productoras de cereal y ganado.

Esa gran pérdida de poder adquisitivo en algunos casos significó la ruina familiar. Otras de las consecuencias de la guerra (pérdida de capacidad productiva con campos e industrias arrasadas y un porcentaje relevante de la mano de obra agraria e industrial fallecida, discapacitada o encarcelada, reducción salarial, escasez en los productos de primera necesidad...) tampoco eran nadan halagüeñas. Para más inri, el contexto internacional no auguraba nada precisamente bueno en Europa. El ambiente prebélico, llevó a los gobiernos europeos, incluyendo el alemán y el italiano, a ir acaparando dinero y productos para lo que se avecinaba y, en consecuencia, se redujo drásticamente la ayuda internacional que el gobierno nacional había recibido durante la guerra.

Todo ello llevó a la recién creada Comisaría General de Abastecimientos a proponer la creación de un sistema de racionamiento para asegurar el abastecimiento de artículos esenciales a «26 millones de españoles o extranjeros residentes» (Orden del Ministerio de Industria y Comercio de 14 de mayo de 1939, BOE nº 137, del 17/05/1939). Un informe emitido apenas cuatro días antes por dicha Comisaría advertía de la situación: «Tenemos la necesidad de asegurar el normal abastecimiento de la población e impedir que prospere cierta tendencia al acaparamiento de algunas mercancías. Por eso se aconseja la adopción, con carácter temporal, de un sistema de racionamiento para determinados productos alimenticios».

La cartilla de racionamiento fue el instrumento implantado para controlar el abastecimiento y podía ser de 1ª, 2ª o 3ª categoría dependiendo del nivel social, estado social y tipo de trabajo del cabeza de familia, que era el titular de la cartilla. Como era de suponer, la abrumadora mayoría de las cartillas que se expidieron eran de 3º categoría. En términos generales, la cartilla de racionamiento era, ante todo, una ofensa al más humilde, ya que quien pudo optar a una de 1ª o 2ª categoría era porque realmente no la necesitaba.

La ración tipo para un hombre adulto se fijó en 400 gramos diarios de pan, 250 de patatas, 100 de legumbres secas (lentejas, garbanzos o judías) o arroz, 50 de aceite, 10 de café, 30 de azúcar, 125 de carne, 25 de tocino, 75 de bacalao y 200 de pescado fresco (Orden del Ministerio de Industria y Comercio, 28 de junio de 1939; BOE nº 182, 1 de julio de 1939) (Figura 12). La de una mujer adulta era el 80% de la del hombre, igual que la de los hombres y mujeres desde los 60 años en adelante. La de un niño o niña de hasta 14 años era un 60% de la de un hombre adulto. Las raciones de las mujeres embarazadas y de algunos trabajadores, como mineros o ferroviarios, eran ligeramente mejores. Sobre el papel no estaba del todo mal. El problema es que las entregas no se cumplían nunca. El artículo 3º del citado decreto ya advertía que «estas raciones tipo se fijan únicamente a los fines de regular la distribución en su caso de cada uno de los artículos sometidos a racionamiento, sin que ello preceptúe el que cada una de las raciones haya de suministrarse diariamente». Los diversos productos y las cantidades que se iban a distribuir cada semana dependían de las existencias y, por lo tanto, cambiaban muy a menudo, siempre dentro de una generalizada escasez. Por lo general, el español urbanita medio volvía a casa con una pizca de pan negro, un puñado de lentejas llenas de gusanos (extra que, afortunadamente, no se computaba como carne), azúcar amarillento cuando no negruzco, un poco de chocolate medio rancio y algún que otro boniato.

Figura 12. Orden del Ministerio de Industria y Comercio, de 28 de junio de 1939, regulando la distribución de los productos alimenticios (BOE nº 182, 1 de julio de 1939).

La cartilla fue rápidamente bautizada como el salvoconducto del hambre (Figura 13). Las delegaciones de abastecimientos eran las encargadas de fijar los días del suministro, la cantidad de raciones y la hora exacta del reparto, que se solían anunciar en la prensa en ciudades y mediante un pregonero en los pueblos. A pesar de que la formación de colas estaba prohibida por el decreto de mayo, esa es una de las imágenes habituales de aquel periodo. En las grandes ciudades las filas se formaban ya desde las cuatro de la mañana, aunque las tiendas abrieran a las nueve. Los vecinos se peleaban por coger un hueco, ya que los productos que se distribuían entre la población no llegaban a los últimos, que se tenían que quedar esperando un nuevo suministro o, por el contrario, directamente sin él.

Figura 13. Listado de beneficiarios de una cartilla familiar, que incluía no solo a los miembros de la familia sino también a las personas que trabajaban en la casa (Quinzano, 29 de noviembre de 1941; Archivo Municipal, QUI 0008/016). Los nombres de los beneficiarios han sido borrados digitalmente. Exposición virtual Tiempos de escasez, visitable en la web de la Hoya de Huesca (https://hoyadehuesca.es).

En 1943, un decreto del Ministerio de Industria y Comercio obligó a la sustitución de las cartillas familiares por cartillas individuales, ya que permitían un control más exhaustivo de la población (BOE nº 105, 6 de abril de 1943). Ese mismo mes, se publican las «instrucciones relativas a la implantación y uso de la cartilla individual de racionamiento» (BOE nº 108, 18 abril de 1943). Al mes de la entrada en vigor de la cartilla individual, el número de racionados en España era de 27.071.978 personas (Moreno, 2003). La cartilla constaba de una cubierta, en cuya parte interior se anotaban los datos relativos a su titular y los establecimientos (habitualmente panadería y tienda de ultramarinos) en los que la cartilla estaba inscrita para el suministro. En su interior había hojas semanales con cupones diarios para los artículos alimenticios de consumo teóricamente diario: el I, para pan; el II, para grasas; el III, para legumbres, patatas y arroz; el IV, para carne, y el V, para azúcar. En el caso de los menores de dos años, el cupón I era para pan o harina; el III, para arroz o patatas y el IV, para leche (Figura 14).

Figura 14. Cartillas individuales de racionamiento hasta en el mismísimo Sobrepuerto (Cortillas, noviembre de 1943). Archivo Casa Lucas (Panticosa), V- 3-32/D.

Además, la cartilla contenía una o más hojas de 35 cupones con la denominación varios, que servían para adquirir aquellos artículos alimenticios de consumo o reparto no diario (por ejemplo, bacalao) o bien no alimenticios, pero sujetos a racionamiento (por ejemplo, jabón). Finalmente, la cartilla incluía una hoja con “boletines de inscripción” para acreditar los establecimientos donde se daba de alta la cartilla. Toda persona, española o extranjera con residencia en territorio español («territorio nacional, zona del Protectorado de Marruecos y plazas de soberanía de África»), tenían derecho a una cartilla individuad de racionamiento (Figura 15). Cada cupón estaba compuesto por dos partes idénticas (superior e inferior) troqueladas, una para el establecimiento y otra que permanecía en la cartilla del beneficiario.

La persona del establecimiento, al dar un producto determinado a una persona, cortaba su parte del cupón y lo añadía a una hoja, donde iba pegando todos los cupones para un producto concreto. Posteriormente, entregaba esas hojas a la administración para que le abonasen el importe (multiplicando los kilos o litros servidos por el precio tasado) (Figura 16).

Figura 15. Cada titular de una cartilla individual de racionamiento figuraba en el fichero de su delegación local de Abastecimientos y Transportes con sus datos personales, número de tarjeta y tiendas en los que estaba inscrito. Salinas de Jaca, 1 de enero de 1945. Los datos personales han sido borrados digitalmente. Exposición virtual Tiempos de escasez, visitable en la web de la Hoya de Huesca (https://hoyadehuesca.es).

Figura 16. Resumen de las raciones suministradas durante el mes de julio de 1943 por el establecimiento de ultramarinos nº 1 de Torres de Montes. Archivo municipal (TOR 0004/065). Exposición virtual Tiempos de escasez, visitable en la web de la Hoya de Huesca (https://hoyadehuesca.es).

Nuevamente cedemos la palabra a Antonio Castel para que describa cómo se efectuaba el reparto de víveres a la población en Campo: «Cada ciudadano era titular de una Tarjeta de Abastecimiento, expedida por una Comisaría General de Abastecimientos, en la que constaba la filiación completa. Luego, le adjudicaban una Cartilla de racionamiento de varias hojas a modo de sellos, que entregaba al comerciante en el momento de retirar la mercancía correspondiente a cada mes.

En general funcionaba así: tres o cuatro comerciantes de Campo estaban autorizados a repartir el racionamiento recibido. Una vez al mes llegaba el aceite, arroz, etc. El pregonero anunciaba la llegada y el día de su distribución a cada familia, que recibía la ración del mes correspondiente. Recuerdo que de niño vi colas de mujeres frente a casa del señor Miguel de Juan, con pucheros y botellas en las manos esperando que se deshelara el aceite congelado en los bidones, el comerciante hacía fuego bajo los recipientes metálicos, con el calor se licuaba el preciado líquido. Entonces empezaba el reparto. Hasta que se armaba cierto "guirigay" entre las asistentes que aguardaban cola. La cantidad entregada debía durar para todo el mes, de lo contrario, a partir del momento de su terminación no habría más para seguir comiendo hasta el próximo reparto.»(Fuster, 2012).

Durante la época de las cartillas, casi España entera se hizo “de doble fondo”. Los pobres a escala pequeña y los ricos al por mayor. Entre medias, toda la escala posible de grises. Cualquier producto encontró su hueco donde pasar desapercibido, ya fuera arropado en el carrito de un bebé inexistente, oculto en el interior de las faldas y blusas de las mujeres (hubo una plaga de simulación de embarazos y de chepas), entre los hábitos de falsas monjas o sacerdotes, en el interior de libros e instrumentos de música, en ataúdes, en los depósitos de combustible de los vehículos o en las cubiertas de las ruedas de repuesto, entre la tierra de los tiestos, debajo de las baldosas del suelo o tras los baldosines, entre los muros de las paredes, en huecos de los tejados, en chimeneas, canalones y tuberías, en depósitos de agua (algunos con doble fondo para almacenar aceite debajo del almacén de agua), hasta en infectos retretes (Figura 17).

Muchos tenderos sisaban, robaban de forma continua a los más necesitados: unos gramos de harina por aquí, unos centilitros de aceite por allá, un poco de agua en la leche y así con todos los productos. Los empleados de las tiendas sisaban a sus empleadores para sacar algo de dinero a otros pobretones con peor suerte. Los grandes comerciantes hacían la vista gorda por el temor a ser denunciados, mientras la doble contabilidad iba engordando su fortuna.

Figura 17. El aceite fue uno de los objetos estrella durante el estraperlo. En la imagen se muestra el escondite de un bidón de aceite: una colección de novelas convenientemente ahuecadas. Rafael Yzquierdo Perrín (España años 40, Beta III Milenio, Bilbao, 2008).

Las mujeres, en general, fueron las grandes protagonistas de las largas colas del racionamiento y algunas lo pasaron particularmente mal durante ese periodo, especialmente las viudas con niños pequeños y sin recursos y las que tenían a sus maridos en las cárceles, que en algunos casos tenían que soportar todo tipo de comentarios o auténticas humillaciones. Nuestras abuelas se las ingeniaron para alimentar a su prole con casi nada. Se hacían pucheros sin huesos, frituras sin aceite, tortillas sin huevos, embutidos con pescado en un estado un tanto dudoso, café sin café, dulces sin azúcar, las mondas de naranjas era un auténtico delicatessen, se freían las peladuras de patatas, se hacían cocciones con plantas y hierbas inéditas en la gastronomía y el tocino se calentaba para sirviera de aceite para freír cuando estuviera un poco derretido. Las carnes de todo tipo de pájaros, roedores, perros y gatos fueron boccato di cardinale, especialmente cuando se desconocía su origen ya que tampoco era necesario preguntar y estropear el emocionante momento de hincarle el diente a algo. En un ambiente tan complicado también hubo hueco para historias de solidaridad entre vecinos o con personas más desfavorecidas, incluyendo comerciantes que fiaron hasta en los peores momentos (lo que a algunos los llevó a la ruina). Se repartía la miseria, se canjeaba un producto por otro, se hacían muchos trueques. Y que no falte el humor y el poder reírnos de nuestras propias miserias. En 1947, Luis Escobar crea un personaje para la mítica Editorial Bruguera que constituiría el arquetipo del hambriento de la posguerra: Carpanta (Figura 18). El calado de ese peculiar personaje (todo el mundo en esa época era un carpanta o tenía carpantas a mano) fue tal que la Real Academia de la Lengua define carpanta como «hambre violenta».

Figura 18. Carpanta, con un mensaje que define bastante bien al periodo de la posguerra y de sus inseparables cartillas de racionamiento.

Había mercancías que, aunque no estaban racionadas, también eran escasas y la imaginación siempre obra milagros: ropa eternamente remendable, chaquetas reversibles, es decir, cuyo interior se mutaba en exterior cuando este ya estaba demasiado raído, o los pantalones cuyos dobladillos subían o bajaban según crecía el portador o pasaba de una generación a otra. ¡Y qué decir de los escasísimos medicamentos! Las abuelas bajaban la fiebre con rodajas de patata estratégicamente colocadas en la frente. Y los chichones con una gota de aceite o con una perra gorda, a la que el propio accidentado tenía que apretar fuertemente en el lugar del impacto (en otras ocasiones se amarraba a la cabeza con un pañuelo).

Todos estaban al quite. Si aparecía un camión que aparcaba con un toldo de lona, la chiquillería lo abría y rapiñaba lo que se pudiera. Muchos chavales se disponían en la cercanía de unidades militares detrás de cualquier cacho de algarroba que se le cayera a una caballería. Hasta existían perros y burros contrabandistas. Su adiestramiento tenía dos fases. En al primera, hombres vestidos de guardias civiles les pegaban unas buenas palizas, de manera que los pobres animales huían que se las pelaban de las personas uniformadas de esa guisa. En la segunda fase, les ataban fardos (sin ninguna mercancía de las perseguidas) y los tenían un día sin comer. Al día siguiente los llevaban a un kilómetro de la casa y los soltaban en dirección a su casa, dándoles de comer generosamente cuando llegaban. La distancia iba aumentando en los días posteriores hasta que llegaban al sitio donde los propietarios de esos animales recibían el alijo o tenían el almacén de tabaco o alimentos sujetos a racionamiento.

En un país que era cuna y máximo exponente de la picaresca y que se había dejado sus últimos escrúpulos en la guerra, abundaban los timadores. Falsas colectas para parroquias u orfanatos que no existían o a los que no les llegaba nada si existían. Falsos inspectores con documentación falsa se llevaban lo que podían de los asustados agricultores, ganaderos y comerciantes a los que iban a visitar (y sabían muy bien a quién iban a visitar). Las cartillas se falsificaban como churros. En 1943, se descubrió una red que había falsificado 20.000 cartillas de aceite, 50.000 tarjetas de fumador y vales de gasolina por un volumen de 30.000 litros. Hasta los muertos, muchos, tenían cartillas.

Y, a su vez, las cartillas también pasaron a mejor vida. A principios de los años 50, se produjeron buenas cosechas de cereal (especialmente en 1951) y aumentaron los intercambios comerciales, especialmente con algunos países iberoamericanos y con Estados Unidos. Por aquel entonces, el consumo per cápita de carne se había duplicado con respecto al de 1939. En ese contexto, el racionamiento del pan acabó el 1 de abril de 1952. El 16 de mayo de ese mismo año, durante la sesión inaugural de la cuarta legislatura de las Cortes, Franco anunciaba la supresión de las cartillas de racionamiento. Ese periodo de trece años fue tan duro, y para tanta gente, que muchos autores consideran que la guerra no acabó en 1939 sino el día en que desaparecieron las cartillas (otros tendrían que esperar muchos años más para que acabase para ellos). En particular, la situación fue tan catastrófica en la década de los años 40 (caída drástica de la producción agraria y de la disponibilidad de alimentos) que esa década ha quedado en la memoria colectiva como los años del hambre. Hubo que esperar hasta 1954 para que se superara la renta por habitante de 1935 (¿veinte años son nada?).

4. Guerrilleros republicanos: de “los del monte” a maquis

La palabra maquis procede de la adaptación al francés del vocablo italiano macchia (campo cubierto de maleza o paisaje de arbustos y matorrales). La maquia o maquis es uno de los principales ecosistemas mediterráneos y está formado principalmente por plantas, arbustos y árboles perennes, de una altura media de entre 60 cm y 4 metros. La expresión italiana darsi alla macchia equivale a la francesa prendre le maquis y a la española echarse al monte. En Francia se comenzó a emplear este término en la Segunda Guerra Mundial para referirse a los grupos de guerrilleros de la resistencia francesa que se escondían en zonas montañosas o boscosas. Era en la maquia donde se camuflaban para cometer actos de sabotaje o asestar sus emboscadas. Conviene recordar que, finalizada la guerra civil, el casi inmediato estallido de la Segunda Guerra Mundial sorprendió a una buena parte de los excombatientes republicanos en territorio francés y muchos de ellos se incorporaron a la Resistencia francesa.

En España, hasta 1944, a los huidos al monte organizados en guerrillas se les conocía como guerrilleros, los del monte, fugados, escapados o emboscados entre otros. El nuevo término se empezó a usar en España para aludir a los guerrilleros españoles que habían participado en el maquis francés y que, con la retirada de las tropas alemanas nazis de territorio galo en 1944, retornaron a España con la vana esperanza de provocar una sublevación popular en las grandes ciudades y de que los aliados aprovecharían la coyuntura para acabar con el régimen franquista y desterrar el fascismo de Europa. Más concretamente, participaron en el intento de invasión del Valle de Arán por parte de la división 204 y en las maniobras previas de distracción que tuvieron lugar en diversos puntos a lo largo de toda la cordillera pirinaica, desde el Bidasoa al Alto Ampurdán, a cargo de la División 102. Esa operación estuvo organizada por la Unión Nacional Española (UNE), organización antifranquista creada en 1942 en Montauban (Francia) bajo los auspicios del Partido Comunista de España (PCE) para incluir a todos los grupos, incluyendo conservadores, monárquicos o carlistas, que tenían en común su oposición frontal al régimen dictatorial.

Globalmente, la operación tuvo un saldo devastador para los guerrilleros ya que, mientras que un pequeño puñado quedaron esparcidos por territorio navarro, aragonés o catalán, o lograron contactar con grupos de otras zonas de España, la inmensa mayoría tuvieron que retornar a Francia y los que tuvieron peor suerte fueron abatidos o detenidos (y algunos de ellos fusilados posteriormente) (Figura 19). Su derrota fue hábilmente utilizada por la propaganda franquista y así lo comunicó a Londres el embajador británico: «El infatigable movimiento de unos pocos cientos de aventureros españoles en la frontera le ha dado [a Franco] la posibilidad de aparecer como el paladín de España ante la invasión roja. (…) También le ha brindado el pretexto para arrestar y ejecutar a un formidable número de adversarios políticos». Según Paul Preston, se produjo «la revitalización de la mentalidad de la Guerra Civil, proporcionando al Ejército algo que hacer y, en general, cohesionando el cuerpo de oficiales en torno a Franco» (Preston, 1994). Franco aprovechó la coyuntura para reforzar la frontera pirenaica, apostando unos 100.000 efectivos distribuidos en 13 divisiones, amén de las fuerzas de orden público y del cuarto tabor de Regulares (Ceuta número 3).

Figura 19. Noticia en la Vanguardia de finales de octubre de 1944.

Por su parte, al gobierno de la Francia Libre de Charles de Gaulle, que había reconocido oficialmente al gobierno de Franco el 16 de octubre de 1944 (apenas unos días antes de la malograda invasión), también le vino bien el devenir de los acontecimientos. Con el pretexto de la invasión y para mantener la tranquilidad fronteriza, desarmó y desmovilizó a los guerrilleros republicanos, «que habían convertido el suroeste de Francia en un verdadero feudo. Un feudo español y comunista» (Serrano, 2002). En un pispas y, sin despeinarse, se había quitado un problema de en medio. La Operación Reconquista de España fue la primera y última intentona militar de derrotar a Franco. Unos meses después, el fallecimiento de Roosevelt (principal partidario de acabar con la dictadura franquista) y los crecientes encontronazos entre Stalin y sus socios durante la guerra, patentes en las conferencias de Potsdam y Yalta, condujo a una nueva situación geopolítica mundial e hizo que la suerte cayera del lado del régimen. Franco era útil y además resultaba barato para las potencias occidentales.

No obstante, un número pequeño de los guerrilleros que participaron en esa operación o en las maniobras previas de distracción logró salvar el cerco y se integró en los grupos guerrilleros que actuaban en el interior de España (Figura 20). Algunos autores hablan de unos 200 efectivos (Serrano, 2002).

Figura 20. Guerrilleros españoles en el Pirineo bearnés. Fuente: La Dêpeche du Midi (Toulouse, Francia).

El caso es que, con esta operación y la diseminación de guerrilleros por el territorio español, el vocablo maquis se difundió por toda la península, siendo actualmente el más empleado para aludir al conjunto de movimientos guerrilleros opositores al régimen franquista tras la Guerra Civil, a pesar de que ya habían empezado a operar durante la contienda.

Pese al fracaso de la invasión del valle de Arán, el PCE siguió convencido de que el fin de Franco estaba cercano y que la resistencia armada podía contribuir decisivamente a su derrocamiento. Y se optó por la táctica del goteo, aumentando el número de pequeñas incursiones procedentes de Francia, para contactar y organizar los grupos de huidos, cuyo número ya era considerable en algunas zonas con una orografía propicia (cordillera cantábrica, sistema ibérico, Sierra Morena…). La pretensión era que el movimiento guerrillero fuera la mecha que condujera a la rebelión de las masas. En el pleno del PCE celebrado en Toulouse en 1945, que ratificó la vía armada, la Pasionaria proclamó que «una ola de huelgas, manifestaciones y acciones guerrilleras, combinadas con sublevaciones militares, debe inundar todo el país de punta a cabo» (Serrano, 2002). No repararon en la ausencia de organizaciones que permitieran enlazar a los hombres de armas con un pueblo que estaba harto de violencia, ni en la eficacia de la brutal represión franquista en el ablandamiento de las voluntades.

En cualquier caso, la resistencia se organizó en agrupaciones guerrilleras. Las más importantes que operaron en territorio aragonés fueron la Agrupación Guerrillera de Levante-Aragón (AGLA), que fue la más importante que tuvo el PCE dentro de España durante los años 1940, y la más modesta Agrupación Guerrillera del Alto Aragón (AGAA). En la creación de esta último jugó un papel esencial el sobrarbense Joaquín Arasanz Raso, que utilizó varios alias, como José Buil Broto, José Ibáñez Lascorz o el más conocido de Antonio Villacampa (Casa Buil, La Pardina,1917-Barbastro, 1995) (Figura 21). Villacampa formaba parte, como comisario general, del Estado Mayor de la Brigada 21 que entró en Aragón en las maniobras de distracción del otoño de 1944. A su mando se tomaron diversos pueblos del valle de La Fueva, incluyendo su capital (Tierrantona), logrando permanecer un mes en suelo español. Sin embargo, tuvo que regresar a Francia debido al fracaso de las otras brigadas y de los otros batallones de su propia brigada. Pocos meses después, entró en Aragón con una partida para crear la AGAA. Fue detenido por la policía en enero de 1947 en la central eléctrica de Huerta de Vero y condenado a reclusión perpetua. Salió de prisión en 1963, marchando a Francia. Con la democracia, en abril de 1979, fue elegido concejal por el PCE en Barbastro (Huesca).

Figura 21. Joaquín Arasanz Villacampa. www.cuandolosmaquis.com.

Aunque desde la guerra civil se habían empleado diversas fuerzas para combatir a la resistencia armada, el mayor peso recayó en la fuerza de orden rural por excelencia: la Guardia civil. En esa misión participaron los puestos tradicionales de las zonas montañosas que, en general, habían sido reforzados tras la guerra. Además, se crearon puestos eventuales en los puntos más significados de las áreas de maquis. A modo de ejemplo, se dispuso de un puesto al lado del mesón de Sevil, en el epicentro de la abrupta sierra de mismo nombre. Dentro de la benemérita, las secciones más significadas en la lucha contra el maquis fueron las brigadillas especiales o móviles, principales responsables de las batidas, las operaciones de apostadero o el acoso a los enlaces.

Estas unidades eran auxiliadas por el somatén, una especie de organización armada integrada por civiles voluntarios. De origen catalán, funcionó en aquellas tierras desde la Edad Media, para colaborar con las autoridades en el mantenimiento del orden en los campos, lo que frecuentemente derivaba en la represión de cualquier actividad considerada contraria a los intereses de los propietarios rurales. En 1923, el dictador Miguel Primo de Rivera decidió extender esta institución al resto de España, dándole una organización paramilitar y sometiéndolos en última instancia al Ejército. Los miembros del somatén tuvieron inmunidad para casi todas sus acciones, determinados privilegios en tasas e impuestos y además eran frecuentes las fiestas y actos “patrióticos” para estimular la afiliación. Durante la II República el somatén fue suprimido pero el régimen franquista lo reinstauró en Cataluña en 1939 y, posteriormente, en 1945 aprobó su funcionamiento en los pueblos de menos de 10.000 habitantes de toda España, con la finalidad de ayudar en la lucha contra el maquis y la oposición interna bajo el control de la Guardia Civil. El somatén no se suprimió… ¡hasta 1978! Y lo que son las cosas, la reducción de las dotaciones de la guardia civil y de los mossos d’esquadra en las zonas rurales de Aragón y Cataluña, respectivamente, produjo su resurrección en el año 2013. Así, en localidades como Tamarite de Litera y Albelda se formaron patrullas de vigilancia por parte de agricultores y ganaderos para frenar la ola de robos en sus propiedades, con la permisividad del Ministerio del Interior que optó por dejarles hacer a cambio de que no fueran armados y de que informaran a los agentes de sus rutas y horarios de patrulla.

Pero volvamos a lo nuestro. La Guardia Civil también pagó una cuota importante de muerte como eslabón más expuesto contra los guerrilleros y, de hecho, en algunos casos constituyeron auténtica carne de cañón para la actividad represiva del régimen, como bien retrata Montxo Armendariz en su película Silencio roto (2001). La mayor parte de sus miembros llegaba al cuerpo debido a las condiciones miserables del país y, en muchos casos, tras varios años de militarización, entre servicio militar y guerra. Por supuesto, siempre hubo oficiales y números, ávidos de sangre, que vieron en la lucha contra la guerrilla un medio ideal para tratar de medrar. No obstante, las dudas sobre el futuro del franquismo entre 1942 y 1945 provocó una especie de pacto no escrito por el que guardias civiles y guerrilleros evitaron, en la media de lo posible, los enfrentamientos. Había que hacer méritos por si la situación daba un giro de 180º.

Pero con el lavado de manos de la comunidad internacional tras la Segunda Guerra Mundial, el régimen se vino arriba y, a partir de 1947, obligó a la Guardia Civil a emplearse a fondo contra los maquis. El teniente general Alonso Vega, director a la sazón de la Benemérita, impulsó la creación de un sistema represor particularmente duro y para ello recurrió a los arrestos, sanciones y castigos (llegando en algunos casos hasta la ejecución) para aquellos que no actuaban con la contundencia deseada por los mandos más duros. En el año 1948, varios oficiales y suboficiales destinados en Aragón fueron sometidos a consejos de guerra por «incumplimiento de misiones encomendadas en la lucha contra los guerrilleros» (Serrano, 2002). Las expulsiones del cuerpo se multiplicaron por «baja moral», «negligencia en el servicio» o «falta de celo en el cumplimiento del deber». El arresto significaba la imposibilidad de ascender o al menos hacerlo al ritmo deseado mientras que una expulsión significaba convertirse en a la vez en un parado y en un paria en un contexto de miseria generalizada. En resumen, muchos guardias tenían más miedo a sus jefes que a los guerrilleros.

Esa política de sanciones y castigos contrastaba con los premios (pagas extras, recompensas, ascensos) a aquellos que mostraban una obsesión enfermiza en la lucha contra los maquis, sobrepasando todos los límites de la ética, la moral y la legalidad. En general, resultaba más rentable ejecutar a un guerrillero que detenerlo, especialmente bajo el paraguas de la ley de fugas, auténtica fábrica de asesinatos. Algunos guardias aprovecharon la lucha contra el maquis para participar en el gran negocio del momento (el estraperlo o mercado negro, por supuesto), lo que les permitía enriquecerse y/o ganarse los favores de sus superiores. La gran intensificación de la lucha contra los guerrilleros no se dirigió precisamente hacia los enfrentamientos directos (que causaban bajas y no tenían grandes resultados positivos) sino, particularmente, a la mejora de los sistemas de espionaje y contrapartidas, al fomento del premio a confidentes y delatores (especialmente, los que permitían la detención de los enlaces, quienes se convirtieron en los objetivos prioritarios de la represión), y a los abusos y torturas a las que se sometían a detenidos, familiares y amigos de guerrilleros, o a toda aquella persona que se considerase sospechosa, frecuentemente de una forma totalmente arbitraria y caprichosa. En muchos casos, las delaciones no eran precisamente espontáneas sino la única forma de salvar el propio pellejo o el de la familia. La furia exterminadora entre 1947 y 1949 ha sido calificada como el trienio del terror.

Tras la fallidas operaciones pirenaicas, la provincia de Huesca quedó en gran medida al margen del proyecto guerrillero auspiciado por el PCE desde Toulouse, a pesar de que algunas zonas eran particularmente adecuadas para la resistencia, tanto por su orografía como por su proximidad a Francia. No obstante, se produjeron numerosos sabotajes, ocupaciones, secuestros y actos de venganza (incluyendo diversos asesinatos). Esa disminución de la actividad en el Alto Aragón se debió a la necesidad de enfriar la zona y disminuir la presencia de fuerzas represivas, de tal manera que sirviera de pasillo natural entre Francia y el área de acción de la AGLA, a la que se pretendía convertir en uno de los principales arietes contra la dictadura. Buena parte de los hombres y del material con destino a la AGLA y a otras agrupaciones entraba por Ansó y Hecho, además de por otros puntos del pirineo aragonés. Los pequeños grupos que operaban en las comarcas de Jacetania, Alto Gállego, Sobrarbe o Ribagorza, en la sierra de Guara, etc., facilitaban ese tránsito, que solía tener un punto intermedio en Los Monegros, especialmente en la sierra de Alcubierre. En ese lugar se habían asentado algunos de los guerrilleros de la 241ª Brigada que, comandados por José Cortés Brun, natural de Siresa, habían penetrado por la cabecera de los valles de Ansó y Hecho en las operaciones previas a la intentona de invasión del valle de Arán.

En cualquier caso, la provincia de Huesca, desde Ansó hasta el límite con el valle de Arán, pasando por la sierra de Alcubierre, la de Guara o la zona de la Peña Montañesa, entre otros lugares, fue uno de los escenarios del maquis (bandolerismo según el régimen) en España. En otras palabras, su zona de acción se solapaba completamente con la de los arrieros altoaragoneses, con los que compartían muchos caminos secundarios en horas intempestivas (recordemos que los arrieros solían iniciar sus jornadas temprano en la madrugada). En tales circunstancias, no es de extrañar los frecuentes encuentros, cuando no encontronazos, que se produjeron. Los arrieros llevaban alimentos, bienes muy preciados por sus clientes… pero también por los maquis. Hubo algún que otro arriero que concertaba encuentros con paisanos «que se habían echado al monte», para llevarles alimentos y cartas o noticias de sus familias. Uno de los más activos, y que mantendremos en el anonimato, enfilaba la cabañera que pasaba por el mesón de Sevil sobre las 5 o 6 de la mañana y tenía el sambenito de ser de derechas, por lo que no despertaba recelos en la Guardia Civil. Cuando retornaba a su pueblo, si algún número del citado cuerpo le preguntaba si había visto «algo raro, usted que va tan temprano por esos sitios», le respondía negativamente o indicando un lugar alejado del fijado para sus encuentros.

Como se ha señalado en un capítulo previo, cualquier persona necesitaba un permiso o salvoconducto otorgado por la Guardia Civil para poder desplazarse por prácticamente la mitad norte del territorio oscense, debido a su cercanía con el territorio galo. Los pastores, carboneros o arrieros que se desplazaban regularmente por zonas montañosas no estaban eximidos de ese requisito y, además, debían ajustarse a unos horarios establecidos (que los cumplieran o no, ya es otro tema). Se prohibió la caza. El gobernador civil de Huesca ordenó a los alcaldes de localidades próximas a focos «de huidos» que detuvieran a «cuantos mendigos circulen por ese pueblo y sus alrededores, ingresándolos en el depósito municipal» (Yusta, 2000). Todo un detalle de humor negro o surrealismo en una época donde la miseria campaba a sus anchas.

Poco a poco, los maquis empezaron a resultar una patata caliente para todos, empezando por el propio PCE que en 1948 cambió su estrategia e inició la disolución de las agrupaciones guerrilleras, desapareciendo de la memoria oficial del partido, incluso tras la transición que siguió a la muerte de Franco. También para sus familiares, sometidos a una presión constante y en ocasiones brutal. Igual que para los habitantes de los pueblos ubicados en zonas de maquis (Sevil, Las Bellostas, Fanlillo, Gallisué, Tuartas, Sasa…), a los que habitualmente llegaban de noche, reunían a la gente en alguna plaza, donde celebraban mítines y pedían alimento; en ocasiones se repartían por las casas para cenar o dormir. Mientras estaban en el lugar, no permitían que nadie saliera de él. Muchas veces a su presencia sucedía casi de inmediato la del ejército o la guardia civil, lo que ponía a los vecinos en situaciones de gran compromiso, y contribuía a debilitar aún más sus maltrechas economías (Bravo, 2008). Algunos abandonaron sus casas para ir a lugares más populosos pues podían sufrir represalias (e incluso la muerte) tanto por delatar a los maquis como por no colaborar con la Guardia Civil.

Muchos de los integrantes del maquis murieron o fueron detenidos, mientras que otros escaparon a Francia (fundamentalmente a través de los Pirineos) o al Marruecos francés. Según Sánchez (2001), «a partir de 1950, la diezmada guerrilla del Alto y el Bajo Aragón se fue recluyendo en Peña Montañesa, la gigantesca casamata que la naturaleza engendró en los Pirineos centrales». Allí, se refugiaron en cuevas ocultas entre la vegetación (Loja Fuente, Hueso Santo, Esplugón de Chaime, Espluga do Cabo a Rasa etc.), que hacían de polvorín, de estación de radio o de imprenta (Figura 22). Para controlar esa zona, la Guardia Civil estableció un cuartel en la escuela de Torrelisa. En el año 1952 se procedió a la evacuación de los últimos contingentes relevantes. A partir de ese año, los maquis que resistían que no pudieron salir de España o que se negaron a exiliarse, lucharon ya casi exclusivamente por la supervivencia pura y dura. Incómodos para casi todos, silenciados o minimizados por la historia oficial, muchos pasaron de ser héroes de la resistencia frente a los nazis a ser unos simples bandoleros para la propaganda franquista.

Figura 22. Interior de la cueva de Hueso Santo, cuya entrada es realmente angosta. Juan M. Rodríguez.

En 1956, la Guardia Civil descubrió un zulo lleno de armas y munición en una de las muchas cuevas que los maquis ocuparon en Peña Montañesa. Mucho más recientemente (entre 2017 y 2019), la sección de espeleología del Club Atlético Sobrarbe encontró en cuevas prácticamente inaccesibles de la Peña, diversos materiales utilizados por los maquis (una multicopista, libros y revistas del PCE, manuales de sabotaje, vendas, cartuchos de tinta, latas, etc.). En los últimos años, el Ayuntamiento de El Pueyo de Araguás ha creado un sendero histórico interpretado desde la cercanía del Monasterio de San Victorián hasta uno de los abrigos-refugio de los maquis. Qué mejor resumen de ese triste periodo que la letra de la Canción sin final (Manuel Domínguez) de La Ronda de Boltaña, incluida en su disco Bailando entre las ruinas (2019):

«Pasaron ayer,
al oscurecer.
Fuina ni gato montés
pisan con tan leve pie.

- Sólo quedamos los tres.
No hay balas, ni qué comer.
¡Ni en la Espelunga, mujer,
nos podemos ya esconder!

Cerca nos vienen siguiendo
los guardias, ¡fuerte retén!
Si logro pasar a Francia,
a buscaros volveré.

¡Basta de lloros, mujer!
¡Cuida a tu madre, mocé!
Tú, aunque te peguen: ¡no sé!;
¡nada he visto, nada sé!

Cada instante que me des
la vida te deberé,
o antes del amanecer
de un cajigo colgaré.

Luces venían subiendo…
- ¡Aguantad, regresaré!
Con un temblor de chinibros
se cerró el bosque tras él.

- Nosotros, ¡a resacar!,
(se quejó el cabo al entrar)
y otros al puesto, a esperar:
¡Pim, pam pum!; ¡eso es cazar!

¿Por dónde cruzan la sierra?
¿Te haces el hombre, chaval?...
¡O cantas tú, o de tu madre
va a ocuparse “la social”!

Sierra Ferrera,
La Valle detrás;
senda y rallera,
¡no mires atrás!
Yo atado a un bucho,
madre en el corral.
Lo que más duele
es oirla gritar.

Antes de salir el sol
una patrulla informó:
- ¡Un bandolero cayó! ....
por el bosque huyeron dos.

Un morral, un “naranjero”,
¡libros!, y una tricolor;
en el bolsillo una foto:
una joven y un ninón.

¡No me preguntes!
no sé nada más.
Como lo canto
lo he oído contar.
Sangra la herida
sin cicatrizar.
Tiempos del maquis,
canción sin cerrar.

¡Sube a la Peña,
o entra en la cueva!
Tal vez el viento
-gloria y lamento-
te sople un final».

5. Referencias bibliográficas y lecturas recomendadas

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