«El día que las aguas del Pirineo se queden prisioneras en el llano, la provincia de Huesca producirá por sí sola tanto como ahora producen diez provincias, y podrá mantener muy holgadamente millón y medio de almas, seis veces más que ahora, y habrá para todos, rentas y lujo para el rico, independencia y mesa provista para el pobre; jornales altos para el trabajador, limosnas cuantiosas para el desvalido, tributos abundantes no acompañados de maldiciones para el fisco; España podrá acordarse de los maestros y hablar de cuerpo electoral y de sistema parlamentario y de jurado; podrá construir escuadras y hacerse respetar de los extraños y recobrar en los Congresos europeos el sillón que dejó vacante el conde de Aranda hace cien años; podrá reanudar el hilo roto de su tradición, de su grandeza y de su destino en el mundo». Política hidráulica. Misión social de los riegos en España. Joaquín Costa, 1911.

El último gran periodo de actividad de los arrieros altoaragoneses tuvo lugar en los años inmediatamente posteriores a la guerra civil, cuando el tránsito a motor entre la tierra baja y la montaña se vio seriamente comprometido por la escasez de vehículos y la destrucción de las infraestructuras (carreteras, puentes…). A esa situación se unió la necesidad de muchas casas de renacer de las cenizas, hecho literal en algunos casos. Se produjo una demanda de diversos productos y hubo un resurgimiento del trueque. Esos años coincidieron con el impulso de muchos montañeses de emigrar a otros lugares en los que la vida no fuera tan dura, ante la evidencia de que nadie iba a hacer nada para que tuvieran unas comunicaciones y unos servicios medio decentes. La despoblación se intensificó a un ritmo desconocido hasta ese momento.

No es casualidad que ese periodo se solapara con la intensificación de las políticas de reforestación, que conllevó la adquisición de muchos pueblos por parte del Patrimonio Forestal del Estado (PFE), lo que equivalía a su desaparición y daba un espaldarazo a la emigración de sus pobladores a las ciudades o a unos pueblos de colonización que empezaban a surgir como las setas. La política hidráulica de la época tuvo muchos puntos en común con la actividad reforestadora y la necesidad de regadíos para los pueblos surgidos de la nada. Este capítulo aborda esos tres aspectos tan intrincados entre sí y que, junto con otros factores, condujeron a la semi-desertificación demográfica en ciertas zonas del territorio oscense y a la creación de nuevos núcleos en zonas previamente deshabitadas.

1. El todopoderoso Patrimonio Forestal del Estado

A mediados del siglo XIX se creó la Administración Forestal Española con el objetivo de frenar las actividades destructivas de la cubierta vegetal y velar tanto por su conservación como por su aprovechamiento racional. Esa preocupación nació de la gran deforestación que se estaba produciendo en aquel momento, especialmente en las cabeceras de los grandes ríos, y que se traducían en fenómenos torrenciales e inundaciones que causaban desastres humanos y cuantiosas pérdidas económicas en los núcleos de población próximos a los ríos.

En 1888 se crearon las Comisiones de Repoblación que se encargarían de repoblar las cuencas hidrográficas más deforestadas y, en consecuencia, con mayor riesgo de inundación. Su actividad se vio reforzada en 1901, con la creación de las Divisiones Hidrológico-Forestales que comenzaron la corrección de los cauces de los torrentes y las repoblaciones. Precisamente, en esta época se acometió la corrección y repoblación de gran parte de las cuencas y torrentes pirenaicos. Más concretamente, la 6ª División Hidrológica-Forestal fue la encargada, en 1911, de realizar las primeras repoblaciones en la provincia de Huesca, que afectaron a la zona del Llano de Arañones, en el valle del Aragón, lugar previsto para la construcción de la entonces futura estación internacional de Canfranc. Posteriormente, esa división también participó en las grandes repoblaciones que se hicieron en el valle del Gállego para evitar las frecuentes crecidas de, entre otros, los barrancos de Arguisal, Escuer, Arratiecho y Arás, que cortaban el tránsito por la carretera que unía Jaca y Sabiñánigo con Biescas y el valle de Tena (Figura 1).

A pesar de ello, el esfuerzo de tales divisiones no puede afrontar la demanda de reforestación del país y el proceso de degradación de las masas forestales continuó por doquier, aumentando el déficit de madera de España y agudizando el problema de las inundaciones, y de la rápida colmatación de los incipientes pantanos. Para frenar la situación, un Real Decreto de 26/7/1926 aprobó el primer Plan Nacional de Repoblación Forestal. Pero el plan no contó con la imprescindible colaboración ni de los municipios ni de los propietarios privados. Estaba claro que el problema no se solucionaba solo con un plan, sino que hay que crear un organismo estatal con grandes poderes.

Figura 1. La Hispano-Tensina atrapada por una crecida del barranco de Arás, entre Sabiñánigo y Biescas. Revista Blanco y Negro, 1913. Fotografía: Pedro Ayerbe Allué (Ingeniero de Montes).

Y así, la Ley relativa al Patrimonio Forestal del Estado, del 9 de octubre de 1935 (Gaceta de Madrid, nº 291, 18 de octubre de 1935) promulgó el nacimiento del organismo que llevaría ese mismo nombre: el Patrimonio Forestal del Estado (PFE). La guerra civil no permitió su puesta en marcha, pero el problema de la deforestación era de tal calibre que, incluso en plena contienda, una orden del Ministerio de Agricultura del 21 de junio de 1938 aprobó el nuevo Plan General de Repoblaciones Forestales. Las zonas de montaña seguían en el ojo del huracán ya que, según dicho plan, «en montaña, a la desaparición de un monte, sigue inmediatamente la formación de un torrente». Fue el pistoletazo de salida de actividad repobladora frenética, como si no hubiera un mañana, cuyo objetivo era «incrementar la superficie forestal arbolada en seis millones de hectáreas en un periodo de cien años». Ni el plan duró ese tiempo ni se logró esa superficie reforestada pero, desde luego, el volumen de trabajo fue asombroso y supuso un incremento de la superficie forestal arbolada de más de 3,5 millones de hectáreas, con unas consecuencias forestales y socioeconómicas que todavía no han sido debidamente evaluadas. La parte del plan general referida a Huesca fue mayoritariamente obra de Ignacio Claver, Ingeniero Jefe del Distrito Forestal de Hueca, que ya había redactado el plan para la provincia en diciembre de 1937.

Poco después de finalizar la guerra, el nuevo régimen político no tardó en refundar el PFE (Ley de 10/03/1941, publicada en el BOE nº 100, de 10/04/1941, pp. 2412-2417). En su artículo segundo se establecía que «el Patrimonio Forestal del Estado se constituye con los montes y terrenos forestales que el Estado posee en la actualidad, los terrenos eriales baldíos, pantanosos, esteparios, ejidos, costas y márgenes de propiedad indeterminada y de uso público, y las fincas rústicas formadas por montes o terrenos forestales que por acciones judiciales o administrativas, responsabilidades políticas, abintestatos, etc., resulten de propiedad del Estado y deban dedicarse al cultivo forestal».

Sin embargo, el Estado tenía meridianamente claro que esos terrenos eran demasiado escasos para la ingente labor repobladora que se perseguía, y que la clave del éxito radicaba en aumentar espectacularmente la superficie de terreno en la que poder llevar a cabo sus actividades. Y para ello, el punto (d) del artículo segundo decía que el PFE también se constituía con «los montes, terrenos y demás bienes y derechos adquiridos para la realización del objeto y fines de esta Ley». El artículo noveno establecía las tres formas en las que se podían hacer las adquisiciones. La primera mediante la formación de consorcios con los propietarios de los terrenos: «consorcios u otros convenios con los propietarios que, directamente o por intermedio de Corporaciones públicas y temporal o definitivamente, aporten al Patrimonio sus terrenos con o sin reserva de derechos sobre los mismos, a fin de obtener una participación en los beneficios que en su día se obtengan, de las masas arbóreas creadas». Esta modalidad presuponía que la repoblación del terreno procuraba un beneficio económico para su propietario, y se le proponía su participación, aportando sus terrenos. El estado se comprometía a repoblar la tierra y se resarciría de la inversión realizada cuando llegase el momento de la tala de madera.

La segunda y la tercera modalidad serían las que tendrían las consecuencias sociodemográficas más relevantes para un buen puñado de poblaciones oscenses (en ocasiones, valles enteros), que desaparecerían del mapa en los siguientes años, y, con ellas, los clientes de los arrieros o de los futuros transportistas (Figura 2). La segunda era la «compra directa, satisfecha en metálico de la Administración propuesta por la Dirección y acordada por el Consejo del Patrimonio, que la someterá a la aprobación del Ministro de Agricultura si implica un gasto superior a quinientas mil pesetas». Pero si la segunda modalidad fallaba, el estado se reservaba la tercera: la «expropiación forzosa cuando los proyectos correspondientes hayan sido declarados de utilidad pública y los propietarios rehúsen otro medio de enajenación» (Figuras 3 y 4). Para que no quedasen dudas de que iban en serio, se especificaba que «en las zonas declaradas de urgencia por acuerdo del Consejo de Ministros, las expropiaciones tendrán lugar con arreglo al procedimiento rápido de ocupación de fincas previsto en la Ley de siete de octubre de mil novecientos treinta y nueve».

Figura 2. Artículo noveno de la Ley de 10 de marzo de 1941 sobre el Patrimonio Forestal del Estado (BOE nº 100, de 10/04/1941). ¿Quién iba a pensar en aquel momento que esas pocas líneas iban a suponer la condena a muerte de tantos pueblos oscenses?

Una política de zanahoria y palo, más de lo segundo que de lo primero, en la que el PFE no dudó en realizar algunas actuaciones autoritarias propias de una dictadura o de la mismísima mafia siciliana cuando se puso de manifiesto el escaso deseo de colaboración de algunos propietarios con el máximo organismo en materia forestal. En su primera etapa (1941-1959), el PFE tuvo un objetivo tan prioritario como el de reforestar: reducir el elevado paro rural en una España arruinada por la guerra y sin posibilidades de recibir ayuda externa debido a la Segunda Guerra Mundial y al aislamiento internacional del régimen dictatorial durante buena parte de ese periodo.

Figura 3. Las consecuencias de la ley: decreto por el que se declaró la utilidad pública y necesidad y urgencia de la ocupación, a efectos de su repoblación forestal, de diversos montes situados en la comarca de Tierra de Biescas (BOE 344, 10 de diciembre de 1955, 7491-7492).

Figura 4. Decreto por el que se declaró la utilidad pública y necesidad y urgencia de la ocupación, a efectos de su repoblación forestal del perímetro denominado cuenca del pantano de Jánovas (BOE 172, 20 de julio de 1961, 10835).

Poco podían sospechar en los valles pirenaicos o en la Guarguera que esa Ley y la forma de implementarla acabaría con pueblos que ya habían soplado las velas de su primer milenio de vida. Primero llegaron rumores lejanos, luego mucho más cercanos y, antes de que se dieran cuenta, ya había personal del PFE tanteando el terreno. Todo un dilema para amos de casas con decenas de generaciones a sus espaldas. ¡Qué de debates se debieron establecer en los pueblos de las zonas afectadas, entre vecinos, dentro de cada casa… y casi dentro de cada cabeza! Algunos lo tendrían muy claro (quedarse o irse) mientras que muchos otros albergarían sentimientos encontrados. En cualquier caso, estarían, por un lado, los que creían que la venta al PFE era el mal menor: una oportunidad para iniciar otra forma de vida, más moderna (sueldo fijo, jornada con hora de entrada y salida, vivienda con más comodidades, acceso más sencillo a educación y sanidad, etc.), en otro lugar (Sabiñánigo, Monzón, Barbastro, Huesca, Zaragoza, Barcelona…). Por otro, los que por nada del mundo deseaban abandonar el pueblo y su forma de vida. Y falta un tercer grupo, quizás el más numeroso y el que podía decantar la balanza hacia uno de los otros dos grupos: los indecisos. Este último grupo fue “mimado” por los responsables del PFE, conscientes de la importancia de hacia dónde torcieran el pulgar. En este punto es importante señalar, como recordaremos más adelante, que para que se pudiera vender un pueblo era imprescindible que todos los propietarios, sin ninguna excepción, manifestaran por escrito su deseo y conformidad de vender todas sus propiedades al PFE.

El máximo responsable de la Brigada Aragón del PFE, el ingeniero de montes Miguel Navarro Garnica (Figura 5), destacó por su mano izquierda en las negociaciones, con una actitud muy alejada de la que se suele ofrecer sobre la de estos profesionales en aquella época. Pero fuera cual fuera la posición de cada pueblo o de cada casa, el PFE sabía exactamente qué pueblos (y sus montes) eran esenciales para llevar a cabo sus planes y, de una forma (con guante de terciopelo) u otra (sobrepasando el umbral de las amenazas), se quedó prácticamente con todos los que realmente le interesaban (y algunos más de propina) al precio que el propio organismo propuso tras las valoraciones de cada finca. De hecho, rechazó ofrecimientos de venta de algunos pueblos que, bien por su ubicación, por su tamaño, por las características de su terreno, por el precio solicitado y/o por el momento en que realizaron la oferta, no eran relevantes para los planes repobladores. Susín fue un buen ejemplo, a pesar de la reiterada insistencia de los dos propietarios en vender sus fincas al PFE.

Aparte de los parabienes que traería consigo la política forestal e hidráulica del estado (y bla, bla, bla…), uno de los principales argumentos que utilizó el PFE para demostrar la bonanza de su frenesí devorador de pueblos era que había que salvar a sus pobres, primitivos e incomunicados habitantes de una vida impropia de su tiempo. Resulta obvio que la oferta de venta de la gran mayoría de los pueblos se basaba en los deseos de los propietarios de mejorar sus condiciones de vida y las de sus descendientes. Pero para ello necesitaban el dinero que obtendrían tras su venta al único comprador interesado: el PFE. Era una buena oportunidad para todas las partes (un win-win que se dice ahora). Nunca se contempló la alternativa de mejorar las comunicaciones y las condiciones de vida locales, para mantener pequeños núcleos de población que pudieran vivir del aprovechamiento ganadero y, por supuesto, del forestal, tal y como se haría en otras localidades de España y del resto de Europa. La única opción que se planteó fue sacarlos de allí y reforestar a un ritmo y con una extensión desconocidos en el territorio europeo.

Figura 5. Una de las escasas fotos disponibles de Miguel Navarro Garnica (1914-1993), ingeniero de montes responsable de los primeros expedientes de adquisición de montes (y pueblos) en tierras oscenses, fundamentalmente en Sobrepuerto y la Guarguera. Aunque la sede central de la Brigada Aragón estaba en Zaragoza, Navarro estableció uno de sus centros de operaciones en Casa Escartín de Aineto, donde pasó numerosas vacaciones de verano su hijo, el también ingeniero de montes Miguel Navarro Ariza.

Esta aproximación redentora estuvo presente en una buena parte de las adquisiciones, como sucedió, por ejemplo, en Artaso. El informe de valoración del pueblo (abril de 1949) señalaba que sus progresivamente mermados habitantes «pueden vendiendo sus propiedades al único comprador que es el Patrimonio, buscar otros medios de vida de mayor rendimiento, huyendo de un aislamiento en que la falta de caminos, sacerdotes, energía eléctrica, médicos y hasta maestros, se deja sentir gravemente, ya que por la pobreza de las tierras, su poca población y su inaccesibilidad no reciben los adelantos que el progreso lleva a otras regiones». De hecho, «los vecinos y propietarios desean, una vez realizada la venta y cobrado su importe, adquirir medios de trabajo en otros lugares de nuevos regadíos donde su esfuerzo se vea mejor recompensado que con el cultivo de estas tierras, más propias para la explotación forestal».

El 6 de octubre de 1950 Consejo del PFE decidió la compra de la finca Artaso pero, antes del paso por la notaría, una propietaria decidió no vender su parte debido a un conflicto con otro vecino por una propiedad. El resto de los propietarios entró en pánico: ¿significaría eso que se romperían las negociaciones y no tendrían acceso al maná del PFE? ¿Se acababan aquí sus sueños de una vida mejor? Para tratar de evitarlo, el 26 de noviembre de 1951, los congojados vecinos enviaron una angustiosa carta al PFE solicitando que se siguiera con la tramitación del expediente de compraventa de todas las propiedades, a excepción de las de la propietaria “díscola”. Su contenido refleja sentimientos que debían ser comunes en otras localidades y que fueron el motor de tanta venta: «Los que suscriben fundaban y fundan, en la venta de sus propiedades al patrimonio forestal del estado, su propia liberación de unas condiciones de vida miserables, para orientar su vida hacia lugares de cosecha más segura y remuneradora al esfuerzo que se ponga en lograrla. El aislamiento en que se encuentran en un lugar tan apartado y falto de comunicaciones, con clima extremadamente duro y medios de vida y producción muy limitados, en el que en pasados años de sequía, han pasado hambre material y física como consecuencia de la absoluta falta de cosecha y carestía de cualquier otro medio natural de subsistencia. Esto en cuanto a vida material. La ausencia de asistencia médica, farmacéutica, auxilios de la religión o falta de enseñanza, obliga a los que suscriben a procurar establecer su vida futura en ambiente más favorable para su desarrollo moral y material. Y para ello piden la indudable ayuda de V. I. para que acelere el expediente, realice el pago y permita que los que suscriben puedan disponer de medios económicos para cambiar radicalmente de género de vida». Es de suponer que la propietaria en cuestión sufriera todas las presiones posibles por parte de convecinos y PFE y, menos de dos meses después, firmó la aceptación de venta.

La misma actitud paternalista sobrevoló el caso de Berbusa, Casbas, Susín y Anielle, pequeños pueblos de la zona del barranco de Oliván. Estos cuatro núcleos fueron de los primeros en ofrecerse conjunta y voluntariamente al PFE para su venta (Figura 6). Concretamente, en diciembre de 1944, pocos meses después de que Miguel Navarro se hiciera cargo de la Brigada Aragón. El 3 de mayo de 1945, el Consejo del PFE acordó que se gestionase la oferta de cada “finca” (es decir, de cada pueblo) por separado. Cada pueblo envió su oferta rápidamente (el 16 de junio) pero, inmediatamente, Navarro comunicó a todos ellos que, a ojos del PFE, las ofertas eran tan desorbitadas que se rechazaban hasta que no fuesen rebajados los precios. Tras ese jarro de agua fría, se produjo un largo silencio administrativo hasta el 30 de octubre de 1947, fecha en la que el consejo del PFE acordó que la Brigada de Aragón realizara su propia tasación de cada uno de esos cuatro pueblos, lo que se llevó a cabo en la primavera siguiente. A modo de ejemplo, la oferta inicial de los propietarios de Berbusa fue de 2.000.000 pesetas, que se quedaron primero en 1.480.000 pesetas (primera tasación del PFE, 9 junio 1948) y luego en 1.428.000 pesetas (depreciación del PFE, 1 de noviembre de 1949), para venderse finalmente por un montante total de 1.350.000 pesetas. En el caso de Ainielle, la diferencia fue sensiblemente mayor, pues la primera oferta de los propietarios fue de 3 millones de pesetas y la tasación del PFE (31 de agosto de 1948) rebajó la cifra a 840.000 pesetas.

Figura 6. Ofrecimiento de venta de todos los propietarios de Casbas, Susín, Berbusa y Ainielle al PFE. Diciembre de 1944. Archivo del PFE (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Gran Vía de San Francisco, 4. Madrid).

En general, los pueblos se ofrecieron a un precio mayor al esperado, pensando que siempre se podría rebajar durante la negociación con el PFE. Sin embargo, las rebajas tan notables en el precio de muchas fincas (en ocasiones de más del 50% entre la oferta inicial y la valoración del PFE) debió enojar a muchos de los habitantes de los pueblos afectados, algunos de los cuales se replantearon si merecía la pena vender. El caso de Asún puede servir de ejemplo ya que los vecinos pidieron inicialmente 2.500.000 pesetas pero el informe de valoración redactado por el ingeniero redujo la cifra en aproximadamente un 50% (1.283.658 pesetas) y, finalmente, el PFE les ofreció un precio incluso inferior (1.139.529 pesetas). Los propietarios enviaron una carta al PFE en la que rechazaban ese precio porque «no podemos acceder a lo que se nos propone porque ahora más que nunca necesitamos al quedarnos sin hogar y los medios habituales de vida y tener que trasplantarnos a otro lugar con el notorio quebranto que causa ir de un sitio a otro, empezando por tener que mal vender por antieconómico su traslado, el mobiliario y ajuar, útiles y maquinaria de labranza, y haber de proporcionarnos otros y con arreglo a las modernas exigencias». Pero en este pueblo, como en muchos otros, el PFE adoptó la política del “no es no” y, pocos meses después, los propietarios de Asún aceptaban, como mal menor, las 1.139.529 pesetas ofrecidas. En otras palabras, el PFE (aferrado a sus sólidos argumentos técnicos y con el respaldo, en caso de duda, del rodillo estatal) fue prácticamente impasible a cualquier negociación que no aceptase su tasación. Y en casi todos los casos, los propietarios acabaron por aceptar sus condiciones ante el dilema de ahora o nunca.

Hay que señalar que en algunos pocos casos (especialmente pardinas, como Pardina Güé, Pardina Nueveciercos, Pardina Pequera, Pardina Sierrahún o Pardina Trillo), la tasación de los propietarios y la del PFE coincidieron y el organismo forestal pagó la cantidad propuesta por los vecinos. También hubo casos excepcionales, como los de la Pardina de Fanlo, Sandiás o Secorún, en los que el PFE, tras la oportuna valoración, pagó más dinero que el solicitado inicialmente por los propietarios.

Volviendo a lo del paternalismo, en la memoria sobre Ainielle, firmada el 31 de agosto de 1948 se decía que «es uno de los lugares peor comunicados que conocemos. Desde la estación de Sabiñánigo, por la carretera de Biescas se llega con 9 kms. de recorrido por carretera, frente a la confluencia del Barranco de Oliván en el Gállego y desde Noviembre a Abril, puede vadearse muchos días en cuyo caso, en dos horas se llega en caballería a Ainielle. En caso de no poder vadear el Gállego, es preciso seguir a Biescas, a 12 kms. de Sabiñánigo y de allí en 4 horas de caballería a Ainielle. (…) El vecindario, que está constituido por los oferentes de la finca, desea la emigración de estas tierras a “tierras bajas” donde el trabajo humano se halle mejor remunerado. En las circunstancias en las que viven, la vida es muy dura, privados de médico, sacerdote, de las comodidades de comunicaciones. En invierno han de permanecer dos o tres meses en paro forzoso por nieves y fríos. No tienen maderas para explotar. El transporte de 100 kgs. de patatas a Biescas, a lomo de caballería, absorbe íntegramente, no solo la ganancia de su cultivo, sino el valor íntegro de ellas, por lo cual no pueden exportar ningún producto agrícola. (…) Todo ello hace que deseen, con la venta de sus tierras, lograr numerario suficiente para adquirir fincas agrícolas en otras regiones». De hecho, en muchas de las memorias redactadas por los ingenieros del PFE sobre las fincas se incluyó una frase que decía algo así como que la despoblación de la localidad en cuestión no había sido total debido a la falta de medios de sus escasos habitantes para empezar una nueva vida en otro lugar.

El informe sobre el vecino Basarán, redactado en diciembre de 1951, no es mejor (Figura 7): «Es el lugar peor comunicado del Pirineo. El acceso no puede hacerse desde ninguna carretera con menos de 4 horas a pie o a caballo, hay 4 horas a pie y 5 kms. por pista de automobil a Sabiñánigo. A Biescas hay también 4 horas a pie y 3,5 kms. a Fiscal en el río Ara. (…) Los vecinos de esta aldea, como sucede en casi todas las aldeas de la zona del Pirineo de Huesca, salvo las situadas en lugares bajos y bien comunicados, llevan una vida que no vacilamos en juzgar impropia de españoles en 1.950, desconocen el alumbrado eléctrico, carecen de asistencia facultativa, y para buscarla han de recorrer enormes distancias, lo cual provoca por ejemplo un extraordinario porcentaje de defunciones del hijo o la madre en los alumbramientos; carecen de asistencia religiosa, teniendo menos de una misa al mes y a veces han de enterrar los cadáveres sin exequias. (…) Pero sobre estos motivos que solo afectan a los habitantes de la comarca, y solamente ellos soportan las consecuencias, hay el hecho de que aplican la actividad de 8 familias a un cultivo agrícola de cereales que no produce excedente para el mercado, es decir, que solamente sirve para mantener a los medios de consumo, sin beneficio para la economía nacional.

La única riqueza que producen es la de ganadería y esta puede ser explotada sin que los propietarios del terreno vivan en tan duras condiciones, con ganado trashumante, y ellos pueden cultivar campos en zonas de nuevo regadío donde su esfuerzo sea útil, dando productos agrícolas en mayor cantidad. (…) Este deseo de venta y emigración a mejores medios agrarios es común a todos los pueblos aislados de la comarca, pero la imposibilidad de realizar sus bienes y adquirir terrenos en Tierra Baja se lo impiden. (…) Resumiendo, que por ser una acción humanitaria y que aumentará el rendimiento agrícola nacional, aumentará la superficie a repoblar con éxito selvícola y para efecto contra torrentes, y porque puede lograrse de esta adquisición, la propiedad de un buen monte a título gratuito, interesa notablemente la adquisición».

Figura 7. Portada del informe y valoración de la “Finca Basarán” elaborada por el ingeniero Miguel Navarro en diciembre de 1951. A la derecha, un fragmento de la sección sobre el estado económico de la localidad. Archivo del PFE (Madrid).

Teniendo en cuenta que para entonces ya estaban avanzadas las negociaciones para la adquisición de Casbas, Berbusa y Ainielle, con «la toma de Basarán» el PFE conseguiría crear un auténtico desierto humano desde el Gállego al Ara. La adquisición de Basarán tenía el interés adicional del apremiante efecto dominó que generaría sobre los pueblos vecinos (la fiebre de la venta; los consabidos ¡sálvese quien pueda! O ¡tonto el último!). Así se reconoce en la memoria: «adquirida esta finca se adquirirán todas las colindantes de Otal, Escartín, Yosa de Broro, Ayerbe de Broto, Berroy, etc.».

Lo mismo pasó con La Solana de Burgasé, zona en la que también clavó sus garras el PFE unos años más tarde. Tricás fue el primer pueblo de La Solana en ser vendido al PFE, en 1960. Durante las negociaciones, el resto de los núcleos cercanos estuvieron a la expectativa. Lo que pasara con esa negociación podía marcar un destino, ya bastante oscuro por el plan de construcción del embalse de Jánovas. Como bien adivinaba el ingeniero encargado del informe y valoración de Tricás, «adquirida esta finca por el Patrimonio Forestal del Estado, las entidades menores del municipio de Burgasé, Ginuábel, Cájol, Casterllar, Giral, San Felices, Gere y Villamana, se decidirán a vender al Patrimonio ya que están a la expectativa del resultado de la venta del presente finca, lográndose de esta forma una comarca muy interesante a los fines del Patrimonio».

Una década después (5 de enero de 1962), y con la firma de un ingeniero distinto, la impresión seguía siendo la misma en Cillas (Figura 8), otra localidad próxima entonces perteneciente al municipio de Cortillas: «Se encuentra en una de las zonas peor comunicadas de la provincia de Huesca. (…) La compra de esta finca no constituye problema social, antes al contrario, resuelve el problema de los vecinos de Cillas, deseosos de emigrar a zonas más ricas y de mayor nivel de vida». En la zona de Serrablo/La Guarguera, también se reconocía, ya en 1948, que la adquisición de Cañardo «era bienquista pues a la vez que se aumenta el Patrimonio Forestal se realiza una labor social».

Una vez que todos los propietarios de un pueblo se habían puesto de acuerdo para vender, habían aceptado la valoración propuesta por el PFE y el Consejo de ese órgano había dado su visto bueno final, había llegado el momento de proceder al acto físico de la compraventa. Pero aquí aparecía otra piedra en el camino: el exceso de cabida (un problema que sigue vigente en la actualidad). La gran mayoría de los propietarios únicamente tenían inscritas en el Registro de la Propiedad una parte (a menudo pequeña) de sus tierras para pagar menos en el impuesto de la contribución. En consecuencia, los propietarios tenían realmente mucho más terrenos que los que figuraban en las escrituras que poseían y/o la superficie de los terrenos escriturados era mucho mayor que la que constaba en el Registro de la Propiedad correspondiente.

En la práctica, el exceso de cabida suponía que, en el momento de firmar la escritura de compraventa, el PFE solo les abonaría la cantidad correspondiente a las fincas y/o superficies que estuvieran debidamente registradas, teniendo que trascurrir dos años para que pudieran recibir el importe correspondiente al resto de sus propiedades. Se trataba del plazo legal que tenía que transcurrir por si hubiera alguna otra persona o entidad que reclamase la propiedad de los terrenos no escriturados. Si no se había presentado ninguna reclamación tras ese tiempo, el exceso de cabida se inscribía en el Registro de la Propiedad a nombre del PFE y se procedía al pago de esa segunda parte al vendedor.

Figura 8. Mapa incluido en el expediente de Cillas (1962) en el que se muestran las fincas que había adquirido hasta entonces el PFE entre Jaca y Boltaña, y las que estaban en fase de negociación. La zona objeto de la memoria de valoración está marcada en rojo. Archivo del PFE (Madrid).

Este hecho supuso un gran inconveniente para muchos propietarios que contaban con el dinero íntegro de la venta de sus parcelas para instalarse en otra zona y que no fueron conscientes de esa circunstancia hasta pocos meses antes del acto de compraventa. A las cantidades aplazadas se les aplicaba un interés simple del cuatro por ciento anual con un límite máximo de dos años «a contar desde la fecha de la nota que en el Registro de la Propiedad se ponga a la certificación de dominio que expida el Patrimonio Forestal del Estado». En muchos casos, tuvieron que pasar más de dos años (entre tres y siete) para que los propietarios cobrasen la segunda parte, lo que significó una pérdida muy importante de poder adquisitivo en aquellos tiempos. Para dar una idea de la magnitud del problema, baste decir que en el caso de Berbusa, las propiedades debidamente inscritas apenas suponían un 23’3% de todo su término municipal. A modo de ejemplo concreto, en la escritura de compraventa (10 de junio de 1954) de algunos propietarios de Basarán (incluyendo Dña. Encarnación Pardo Orús, de Casa O Royo) (Figura 9), se incluyen las siguientes estipulaciones:
«PRIMERA: Doña Encarnación Pardo Orús, vende al Patrimonio Forestal del Estado que compra representado por don Miguel Navarro Garnica, las fincas de su propiedad descritas en el primer exponente de esta escritura y todas aquellas fincas o participaciones de las mismas que por cualquier título le pertenezcan, por el precio total y alzado de CINCUENTA MIL SEISCIENTAS pesetas, correspondiéndole percibir en este acto, la suma de OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO pesetas con CINCUENTA Y OCHO céntimos, de las que descontado el 1,30 p% de pagos del Estado, recibe en este momento, OCHO MIL CUARENTA Y OCHO pesetas con CINCUENTA Y SIETE céntimos, dando la vendedora carta de pago de aquellas y quedando diferido el pago de la restante cantidad correspondiente a superficie y fincas no registradas hasta el momento que luego se dirá».

Desde la segunda hasta la quinta estipulación, se exponen las cantidades a percibir en el acto y las diferidas correspondientes a otros cuatro propietarios de Basarán y ese «momento que luego se dirá» aparece en la estipulación sexta:

«SEXTA: La cantidad parcial que queda aplazada correspondiente a doña Encarnación Pardo Orús y las demás cantidades totales, también aplazadas, correspondientes a los demás vendedores en este acto, serán satisfechas cuando transcurran dos años, a contar de la fecha de la nota que en el Registro de la Propiedad se ponga a la certificación de dominio que expida el Patrimonio Forestal del Estado.

SÉPTIMA: Las cantidades aplazadas devengarán al interés simple del cuatro por ciento anual con el límite máximo de dos años, a contar de la fecha de la inscripción de la certificación de dominio antes aludida, y su pago se efectuará al satisfacer al capital que lo devengue».

La escritura de Carta de Pago, en la que Encarnación Pardo y otros propietarios de Basarán recibieron la cantidad diferida (44.469,97 pesetas en el caso de Encarnación, tras añadir los intereses y quitar los impuestos aplicables), se firmó el 17 de julio de 1956 (Figuras 9 y 10), siendo uno de los casos en los que mejor se respetó el plazo de dos años fijados por la legislación vigente entonces.

El tema del pago diferido fue un gran dolor de cabeza para muchos propietarios. Ante esa situación tan negativa como inesperada, Bescós de la Garcipollera recurrió a una estrategia a la que hoy se le calificaría de imaginativa y que le daría buen resultado: solicitar su expropiación forzosa. Aunque el término “expropiación forzosa” suena bastante peor que el de “venta voluntaria”, realmente era más beneficiosa para los propietarios de esos pueblos ya que la apertura de tal procedimiento acarreaba obligatoriamente el pago íntegro y de una sola vez de la cantidad correspondiente al total de los terrenos vendidos, incluyendo los no escriturados. Esa fórmula fue adoptada posteriormente por el resto de los pueblos de La Garcipollera (Acín, Larrosa, Bergosa, Cenarbe, Pardina de Iguácel y Villanovilla).

Figura 9. Portada de las escrituras de compraventa y de carta de pago de diversos propietarios de Basarán. Archivo del PFE (Madrid).

Figura 10. Nota del registrador de la propiedad de Boltaña al final de la carta de pago mostrada en la figura anterior. Archivo del PFE (Madrid).

En el caso concreto de Acín, los propietarios solicitaron al PFE que siguieran con el expediente de venta voluntaria solo «cuando las cantidades demoradas de pago correspondientes a superficies no registradas, no fueran superiores al 20%». En caso contrario, solicitaban que el PFE diera «las órdenes oportunas para la iniciación del expediente de expropiación forzosa de la finca de nuestra propiedad con arreglo a los trámites urgentes que prescribe el artículo 52 y siguientes de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, por encontrarse esta finca dentro del perímetro de repoblación obligatoria por imperativo del Decreto de 13 de mayo de 1.955». Pero para que un pueblo se pudiera “acoger” a una expropiación forzosa, debían concurrir una serie de condiciones (límites de sus montes claros y bien definidos, estar en un supuesto de la ley citada anteriormente, etc.), que no se dieron en la mayoría de los pueblos adquiridos por el PFE.

En el libro Pinos y Penas (Tarazona, 2019), auténtica enciclopedia de las andanzas del PFE en la provincia de Huesca y a la que se remite a la persona interesada en este tema, se recogen los 108 pueblos, pardinas y montes oscenses adquiridos por dicho organismo entre 1944 y 1971 (año de su supresión) y por su sucesor el Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ICONA), en los años siguientes. La relación, en orden alfabético, es la siguiente: Acín de la Garcipollera, Aineto, Ainielle, Alcaná, Artaso, Artosilla, Asún, Atós Alto, Bagüeste, Basarán, Bergosa, Berroy, Bescós de Garcipollera, Bescós de Guarga, Burgasé, Cájol, Cámpol, Casa Bartolomé, Casa Llera de Soliveta, Casa Puy de Mas, Casa Riva de Colls, Casa Salinas, Casa Torrog, Casasdioses, Casbas, Castellar, Cenarbe, Ceresuela, Chiro, Cillas, Colls, Cuarto San Pablo, El Vedado, Fenillosa, Garreta-Puigfell, Gere, Ginuábel, Giral, Grustán, Guarra, Ibort, Isín, Larrosa, Las Torallas, Lenguateras, Letosa, Los Rasos, Luparuelo, Mancomún, Montfalcó, Morcat, Muro, Pardina Alavés, Pardina Alseto, Pardina Bail, Pardina Cercito, Pardina Cerzún, Pardina Fanlo y Castellazos, Pardina Grasué, Pardina Güé y Broyubal, Pardina Iguácel, Pardina Isábal, Pardina Javarraz, Pardina Labuerdia, Pardina Lacarrosa, Pardina Lagé, Pardina Nofuentes, Pardina Nueveciercos, Pardina Ovato, Pardina Pequera, Pardina Primoro, Pardina San Esteban, Pardina San Úrbez, Pardina Sasal, Pardina Sierrahún, Pardina Trillo, Pardina Usieto, Pardina Viscasillas, Pardina Zamora, Partida de Pisa, Puybayeta, Puyuelo, Rosico, Rosico II, Sandiás, San Quílez, San Felices de Cámpol, Santa María de Ascaso, Santa Quiteria, Sasé, Secorún, Semolué, Seu de Abajo, Sierra de Hoz, Sierra Vallés, Sieso de Jaca, Solano Castiello, Solano Bescós, Solanilla, Soliveta, Torrog, Tricas, Valdestremera, Vedado de Parrella, Villacampa, Villamana, Villanovilla y Yosa de Garcipollera.

También incluye un listado de otros 95 pueblos, pardinas y montes en los que el proceso de negociación no llegó a buen puerto por diversas causas (falta de acuerdo económico, desinterés por parte del PFE…). De lo contrario, se hubiera duplicado la ya de por sí enorme superficie adquirida por el PFE. Son los siguientes: Aguilar, Anzánigo, Ara, Arguisal, Asque, Atiart, Ayerbe de Broto, Bacamorta, Badaguás, Bara, Barbenuta, Baranguá, Bastarás, Boráu, Botaya, Casa Costa (Cajigar), Casa Figuera (Secastilla), Casa Sino (Cajigar), Caserras del Castillo, Castillo de Fantova, Ceresuela, Callospins-Barón-San Cristóbal (Muro de Roda), Cortillas, El Llomá y La Obagueta (Pilzan y Caladrones), El Monte (Araguás del Solano), Ena, Escartín, Especiello (Larués), Fuebla (Puy de Morcat), Fuebla (Sieste), Gésera, Huértalo, La Cazanía de Gistaín, La Cuadra y Otros (Gráus y Benabarre), Lasaosa, La Selba (Secastilla), La Serrana (Boltaña), La Serrana I (Boltaña), La Sierra (Salinas de Hoz), Los Rasos (El Grado), Mas de Abaix (Caserras, Fet y Viacamp), Mas de Balón o de Mora (Benabarre), Mas de Gabarrella (Viacamp), Mongay, Montañana, Molí y Maset (Viacamp), Murillo de Sampietro, Muro de Bellos, Nocellas-Las Costeras-Otros (Merli), Obago-Farrera-Pocino (Foradada del Toscar), Otal, Otín, Pardina Albás (Secorún), Pardina de Arraso (Gésera), Pardina Berné (Berdún), Pardina Botayuela (Ena), Pardina Buesa (Sabiñánigo), Pardina Cerceles (Jabarrella), Pardina El Plano (Nocito), Pardina Especiello (Ena), Pardina Esporret (Bailo), Pardina Fosato (Javierregay), Pardina Latorre (Secorún), Pardina Monrepós, Pardina Pardenilla, Pardina Pilón y Camparés, Pardina Rompesacos (Ena), Pardina Sta. María de Perula (Secorún), Pardina Salamaña (Anzánigo), Pardina Segaral (Larués), Peñacuervo (Boltaña), Pueyo de Morcat, Puy de Cinca, Ribera Salenca (Bono), Salinas de Hoz, San Lumbiarres (Gráus), Sta. María del Villar (Ligüerre de Ara), Santa Quiteria (Javierrelatre), Sarsa de Surta, Señes, Seto y Lusiarre (Burgasé), Sinués, Sierra Blanca y Curuñales (Viacamp), Sierra de Sieste, Susín, Tayó de Aulet (Santorens), Torruellola de la Plana, Trasierra y Sierra (Larrés), Valata-La Trinidad-San Victorián (Abizanda), Valfuró-Montoroy-Otros (Puente de Montañana) y Yosa de Broto.

En los informes que los ingenieros redactaron sobre los pueblos que se ofrecieron al máximo organismo forestal, es muy frecuente encontrar referencias a los deseos de los propietarios de trasladarse a las zonas de regadíos que se estaban desarrollando en la mitad sur de la provincia. Así, en la ya citada memoria sobre Berbusa, firmada en junio de 1948, el ingeniero Miguel Navarro señalaba que «el aumento de tono de vida y de valor de la mano de obra, que se siente en las tierras bajas debido al aumento de regadíos, a la industrialización creciente, etc., hace dar malos rendimientos monetarios del esfuerzo de estas gentes y de sus caballerías, cultivando tierras que dan 6 semillas, y cuya pendiente, facilidad de erosión abundancia de piedras, pequeñez de los campos, hacen que no puedan aplicar ningún maquinismo en su cultivo. A la vez, el aumento de valor en los pastos y de la madera en pie ayuda a convencerles que se han obstinado durante siglos a destinar al cultivo agrario, terrenos que la naturaleza previó como pinares y robledales. Hay pues en toda la comarca, una tendencia acusada a la despoblación y abandono de estas tierras y el traslado de sus habitantes a las zonas agrícolas de regadíos jóvenes, donde la tierra es relativamente barata y donde faltan brazos».

El atractivo de los regadíos no solo radicaba en la posibilidad de trabajo sino en la de conseguir una vivienda para toda la familia en alguno de los pueblos de colonización que, paralelamente, estaba construyendo el Instituto Nacional de Colonización (INC). Se trataba de un “caramelo” que el PFE podía usar cuando detectaba focos de resistencia, especialmente en fincas por las que tenían un particular interés. El ingeniero encargado de la memoria de Artosilla también tenía en mente esa alternativa al escribir que los propietarios de ese núcleo «no pueden adquirir fincas en las tierras bajas de regadío, por lo cual quizás no quede más solución que les ofrezcamos una posibilidad de entrar en las tierras que parcela Colonización en los nuevos regadíos de Zuera o de Fraga». Aunque la diáspora no se dirigió exclusivamente hacia los nuevos pueblos que el INC construyó en las provincias de Huesca y Zaragoza (de hecho, no habría habido sitio para todos) y de que hubo muchos vecinos de pueblos no comprados por el PFE entre los nuevos colonos, su existencia ejerció de canto de sirena para muchos propietarios con deseo de una vida teóricamente mejor. Y al INC nos vamos nosotros también.

2. El no menos todopoderoso Instituto Nacional de Colonización

El INC fue un organismo dependiente del Ministerio de Agricultura y se creó en octubre de 1939, oficialmente por la necesidad de efectuar una reforma social y económica de la tierra, después de la devastación de la guerra civil española. Los objetivos del INC desde 1939 hasta 1973, fecha de su desaparición, serían los de ampliar la superficie de terreno cultivable mediante la creación de regadíos en amplias zonas improductivas del territorio, y los de fijar, asentar y controlar la población campesina en esas zonas despobladas, con el fin de reducir el éxodo rural y lograr una producción agrícola autosuficiente, dentro de la política autárquica de la época.

En este contexto el INC construyó, entre 1943 y 1971, casi trescientos nuevos pueblos, con decenas de miles de viviendas que albergarían a unas 55.000 familias, y alrededor de 11.000 kilómetros de acequias y canales, y niveló más de 113.000 hectáreas de terreno. Todo un fenómeno, que supuso el mayor movimiento migratorio promovido por un estado europeo en el siglo XX, para desarrollar la agricultura de regadío en las cuencas de los principales ríos (Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir y Ebro) en la España de posguerra y en el que participaron un buen puñado de presos políticos mediante el programa de redención de penas por trabajo. En general, la política de colonización estuvo impregnada del catolicismo que ensalzaba la función social de la propiedad y que exaltaba a la familia como quintaesencia de las esencias patrias y base de la estructura agrícola.

Llegado a este punto, el autor les tiene que confesar que han pasado un par de décadas desde que dedicara parte de su tiempo a consultar el caótico y poco glamuroso edificio donde se amontonaban los fondos del antiguo INC en la Escuela de Capacitación Agraria de San Fernando de Henares (Madrid). Pero, como sucediera con Carlos Tarazona y el PFE, mientras tanto ha surgido un Ferrari del INC: José María Alagón, profesor de la Universidad de Zaragoza, conocedor de primera mano del tema y que se ha ocupado de llenar el gran vacío que existía sobre el mismo. A sus artículos, libros y entrevistas se remite a las personas ávidas de conocer más sobre un aspecto tan relevante de la historia reciente de Aragón.

2.1. La alargada sombra de Joaquín Costa

La ejecución de grandes obras de infraestructura pública hidráulica y la promoción de la agricultura intensiva de regadío fueron los objetivos de las políticas agrarias de distinto signo que se trataron de implementar en la España a caballo entre los siglos XIX y XX. No se llegaron a materializar hasta bastante más tarde debido a la falta de capital inversor por parte del estado, fruto, entre otros factores, de tantas guerras inútiles y de una corrupción galopante, pero pusieron los cimientos de la futura colonización agraria.

El estado moral del país a finales del siglo XIX impulsó un movimiento denominado regeneracionista, que criticaba el atraso, el conformismo ante la evidente decadencia, la retórica hueca, la ignorancia y la corrupción de los partidos. A la vista de esa situación, los regeneracionistas proponen cambios radicales, sobre la base de la educación y el laicismo, para que España se sacuda su perenne abulia y se europeíce. Se trata de un movimiento que propugna una modernización política, económica y social, y que sigue la estela de corrientes previas, como el arbitrismo del siglo XVII o la de los ilustrados del siglo XVIII, que tan poco recorrido tuvieron en nuestro país. Su líder indiscutible fue Joaquín Costa (Monzón, 14 de septiembre de 1846 - Graus, 8 de febrero de 1911), cuyos pensamientos (resumidos escuetamente en su famoso lema de «escuela y despensa») influyeron notablemente sobre la generación del 98.

En este señor debemos detenernos un poco para leer con detenimiento algunos pasajes de sus obras. Merece la pena. Gran orador, Costa abordó temas espinosos e interrelacionados, como la distribución de la propiedad de las tierras, la situación mísera de la inmensa mayoría de los campesinos y el atraso de las prácticas agrarias. Sin duda, fue el principal defensor de la difusión del regadío (y de las obras necesarias para ello) como uno de los principales ejes para mejorar rápidamente la situación economía del país y de los agricultores y ganaderos («acrecentar el bienestar individual: primero, aumentando la producción; segundo, disminuyendo el trabajo»). Suyo fue el origen del tan manido término de política hidráulica, que definió como «una locución trópica, especie de sinécdoque que expresa en cifra toda la política económica que cumple seguir a la Nación para redimirse», que utilizó como síntesis de una política económica reconstructora y que dio título a uno de sus principales libros: Política hidráulica (Misión social de los riegos en España) publicado en 1911, poco antes de su fallecimiento (Figura 11). En esa obra, Costa sostiene que «la condición fundamental del progreso agrícola y social en España, en su estado presente, estriba en los alumbramientos y depósitos de aguas corrientes y pluviales», que se deben reclamar a las Cortes y al Gobierno con urgencia, «como el supremo desiderátum de la agricultura española».

El 28 de mayo de 1880, en el Paraninfo de la Universidad de Madrid, durante el Congreso de Agricultores, Costa preveía que, con los ansiados riegos, se producirían resultados prácticamente inmediatos, a saber:

1.º Extender la zona de prados, hoy insignificante; disolver en parte los rebaños trashumantes; decuplicar el número de reses, sometiéndolas a un régimen de estabulación permanente; armonizar los intereses de la ganadería con los de la agricultura, en irracional pugna hace tantos siglos, y poner a la primera en aptitud de sostener la competencia con las carnes americanas.

2.º Estrechar el área destinada al cultivo cereal; doblar el rendimiento de granos por hectárea y ponerlos en condiciones de resistir la competencia de los rusos y norteamericanos.

Figura 11. Portada de Política Hidráulica (Misión social de los riegos en España) y retrato de Joaquín Costa (en una hoja interior del mismo libro). Madrid, 1911. Fondos UCM.

3.º Introducir en el cuadro de las industrias nacionales esa otra ganadería de las aguas que se llama piscicultura, más barata, más descansada y lucrativa que la ganadería terrestre.

4.º Desarrollar el cultivo de los árboles frutales, obreros incansables que están en ejercicio noche y día durante nueve meses del año, y que se brindan a trabajar casi gratuitamente para la emancipación del agricultor, ocupando su lugar y haciendo sus veces en el campo, mientras él vive consagrado a las nobles tareas del espíritu.

5.º Iniciar de un modo, aunque lento, seguro y eficaz la repoblación forestal de nuestras montañas, que la ciega codicia ha desarbolado, y remediar los trastornos y perturbaciones que ha sufrido por esta causa el régimen de los hidrometeoros. Tienen que seguir, para regenerarse las selvas, idéntico proceso y camino que en los primeros días de la creación: de los llanos a las alturas; principiar por los valles y tierras substanciosas, acometer luego las faldas y trepar por la ladera arriba, ganando el terreno palmo a palmo, hasta invadir y ocupar las cumbres.

6.º Poner al alcance de los jornaleros, artesanos y labradores en pequeño el cultivo de huerta, que, aun reducido a su mínima expresión, ofrece un suplemento de recursos y de ingresos que no es de despreciar, y salva la vida de las familias menesterosas en años de crisis, como dice muy agudamente el pueblo en un refrán: «Al año tuerto, el huerto; al tuerto tuerto, la cabra y el huerto; al tuerto retuerto, la cabra, el huerto y el puerco».

7.º Facilitar el establecimiento del crédito agrícola sobre la base de cosechas menos eventuales que las que puede ofrecer el cultivo de los secanos. Con cosechas tan inseguras como son las cosechas de secano en nuestro país, es imposible hallar dinero a un crédito que no sea ruinoso: primero, porque el producto de la tierra es escaso; segundo, porque tierra que produce tan poco no se cotiza en el mercado, nadie quiere comprarla a ningún precio.

8.º Contener la emigración a países extraños, y estimular a los que ya emigraron a que se restituyan a su patria; porque, enriquecida y restaurada por este medio, habrá dejado de ser lo que al presente es, un valle de lágrimas donde se nace para llorar y sufrir.

9.º Transformar en parte viva del territorio nacional, esos miembros atrofiados e inertes que se llaman estepas y margales salíferos. Comparad el plano de Violada o el desierto de Calanda con las campiñas de Híjar o de Zaragoza, en la estepa aragonesa; pues tan estepa ha sido en otro tiempo Zaragoza como lo es al presente Calanda, y al agua, dirigida por arte del hombre, es debida la transformación.

Para Costa, el riego representa el «instrumento de progreso, y aun de existencia, que en las actuales condiciones económicas de la nación es igualmente esencial y necesario que la policía de abastos en otros siglos». Y como «en estas materias no vale argumentar por razones, sino por hechos», pone como ejemplo a «una provincia a que tengo muy tomado el pulso y que presumo conocer bien, la provincia de Huesca»:

«La zona septentrional de ella, lindante con Francia, tiene sangrados sus ríos y arroyos por doquiera, con acequias; ora permanente, ora de temporada, para fertilizar sus prados y huertos: el trigo y el centeno apenas necesitan el riego: no hablemos de ello. Pero la zona meridional, la región llana donde aquellos ríos desembocan, al término de las últimas estribaciones pirenaicas, es una de las regiones más cálidas y secas de la Península. Allí están, además de los dos Somontanos de Huesca y de Barbastro, faja intermedia, consagrada en parte a la viña, las regiones trigueras que muchas veces habéis oído nombrar con los títulos de los Monegros y la Litera, tan semejantes a la tierra de Campos en lo llano, en lo feraz y en lo seco.

Tres proyectos de importancia (fuera de otros relativamente insignificantes) existen para regar esas comarcas: el canal de Tamarite, tomado del Ésera y del Cinca, que ha de fertilizar la Litera y una parte de Cataluña en una extensión de 104.000 hectáreas; el canal de Sobrarbe, derivado del Ara, afluente del Cinca, que ha de discurrir por el Somontano de Barbastro y regar 102.000 hectáreas de terreno; y el pantano colosal del Gállego, en el desfiladero de la Gorgocha, que suministraría agua para regar los Somontanos de Huesca y los Monegros y todavía dejaría un sobrante para la provincia inmediata. Pues bien, señores; todas esas comarcas, es decir, toda la parte seca del Alto Aragón, es partidaria decidida del riego y lo está aguardando ansiosamente. Veríais en la Litera la animación en los semblantes cuando las obras principian, la tristeza y el desencanto cuando las obras se suspenden o la concesión se prorroga; veríais a los hacendados de aquellos pueblos congregarse en asamblea, como ha sucedido la última vez hace pocos meses bajo la presidencia del senador Sr. Moncasi, para discurrir modo de que termine esa comedia del canal de Tamarite, en que se ven defraudadas las esperanzas de una y otra generación: ¿y cómo no, si hace poco se leía en los periódicos esta lamentable noticia, "tan sólo de Tamarite han emigrado recientemente 600 personas, y todos los días salen familias enteras en busca de medios de subsistencia"? ¿Qué mucho, si hace dos años, invitados los Ayuntamientos de aquel país por la Junta provincial del Censo a que explicaran la baja considerable que resultaba en el número de sus habitantes, la atribuían unánimes a la sequía? ¿Pues y en la Hoya de Huesca y en los Monegros? ¿Con qué ansia no aguardarán el agua en un país donde hay pueblos que tenían que enviar a lavar su ropa a cuatro leguas de distancia, y adquirir dehesas a orillas del Ebro, a once leguas de distancia, para llevar a ellas su ganado estante, a quien mataba la sed; que, como Almudébar, tenía que transportar el agua para beber desde 20 kilómetro de distancia; que como la capital, Huesca, está alborozada el día que ve nevar en la sierra de Guara, porque se llenará el pantano, y que tiene que pedir casi todos los años a la Junta de Aguas que lo suelte antes del 1.º de Abril, fecha reglamentaria, para salvar una parte siquiera de sus huertas, ya que los campos de mies no sea posible?».

Costa, seguía erre que erre, en el capítulo II (Agricultura de regadío) de la citada obra:

«El Alto Aragón necesita muchas cosas, tantas por lo menos como mandamientos tiene la ley de Dios, pero todas ellas se encierran en una: los riegos, por la constitución especial del Alto Aragón, cortado en dos fajas paralelas, una de montañas, productoras de agua corriente, y otra inferior, de planicies esteparias, sin bosques, sin lluvias y sin manantiales, el camino de fomentar su agricultura se cifra entero en el fomento de los riegos; en el aprovechamiento de las aguas de la montaña para regar los Monegros, los Somontanos, la Litera; y así, la especialidad de la Cámara Agrícola del Alto Aragón en el concierto de las Cámaras Agrícolas españolas ni siquiera estaba sujeto a elección, lo imponía la misma naturaleza de las cosas: canales y pantanos; pantanos y canales. Interesaba de un modo vital a los pueblos del llano cuyos términos han de ser regados; pero tanto o más que a los pueblos del llano les interesa a los de la montaña, según espero probar dentro de breves minutos».

Mientras transcurren esos breves minutos, Costa apelaba a sus propias percepciones como hijo adoptivo de la ya en aquel momento capital de Ribagorza:

«Yo vivo a orillas del Ésera, el río de donde ha de tomar sus aguas el canal de Tamarite, en el punto donde se le reúne el Isábena y juntos se despeñan, robusteciendo el murmullo alborotado de sus olas preñadas de promesas alentadoras con el eco fragoroso de las dos peñas gigantes que lo encajonan y oprimen. Todas las mañanas, al levantarme, escucho esa voz del río, que llega a mis oídos, siempre igual, como una letanía, diciéndome: “Yo soy la sangre de la Litera, pero no corro por sus venas, y por eso la Litera agoniza”; “yo soy el rocío de la Litera, que ha de esmaltar de flores sus campos y mantener en ellos una primavera eterna, pero me apartan de allí porque no humedezca sus noches estivales y por eso las flores de la Litera son abrojos y sus campos, abrasados desiertos africanos, donde sólo pueden vivir tribus de negros sometidos a ignominiosa servidumbre”; “yo soy el oro de la Litera, con que ha de recogerse el pagaré, cancelar la hipoteca, alzarse el embargo, recobrarse el patrimonio regado con el sudor de tantas generaciones de trabajadores heroicos, pero no hacen nada por acuñarme, y la Litera sigue gimiendo oprimida bajo una montaña de pagarés, de embargos y de hipotecas, cada vez más alta”; “yo soy el camino por donde han de volver los tristes emigrantes de la Litera a sus despoblados hogares, pero corro de espaldas a ella, y por eso los emigrantes cuanto más caminan, creyendo llegar, se encuentran más lejos”; “yo soy la libertad y la independencia de la Litera, pero no tengo voz en sus hogares ni en sus comicios, y por eso la Litera es esclava”; “yo soy las siete vacas gordas de la Litera, pero no se apacientan en sus campos, y por eso la Litera no bebe de su leche ni come de su carne, y se muere de hambre, se muere de sed, se muere de desesperación, arrojando por el mundo a millares sus hijos demacrados y harapientos que la maldicen, porque no supo siquiera abstenerse de engendrarlos, ya que no sabía administrarles el rico patrimonio y procurarles el mezquino sustento con que se contentan”.

Recogedme, sigue diciendo en su infatigable canturia el río Ésera; no seáis ciegos ni desidiosos, ni desmañados ni cobardes; recogedme a mí, recoged a mi compañero el río Ara, recoged a nuestro hijo común el Cinca; derramadnos por un sistema arterial de venas y brazales a través de vuestros campos, de vuestros olivares, de vuestras dehesas, de vuestros despoblados y páramos, y veréis resucitada la edad aquella en que los santos hacían milagros y florecían las varas secas y llovía maná y se multiplicaban a ojos vistos los panes y los peces. Las aldeas ascenderán a categoría de villas; las villas se harán ciudades; Barbastro se convertirá en una pequeña Zaragoza; Monzón adquirirá las proporciones de Lérida; Binéfar, Tamarite, Almacellas, Fraga, Almunia y otra porción de poblaciones, serán ciudades que rivalizarán en agricultura, en industria y en riqueza con las más ricas de Cataluña; volverán los tristes emigrantes, esparcidos por el mundo, a congregarse en torno al cementerio donde reposan los huesos sagrados de sus padres, calcinados por la miseria; que no alcanzaron la dicha que ambicionaba Zacarías, de ver al Redentor antes de morir; bajarán aquellos montañeses de acero a urbanizar el llano, cubriéndolo de caseríos y aldeas, esparcidas por los campos para aprovechar los saltos de agua, fábricas de harinas, de tejidos y de conservas, donde se elaborarán el trigo, el cáñamo, la lana y las frutas que han de afluir a ellas en río continuo para la exportación; el ferrocarril tendrá que triplicar sus trenes de mercancías y proyectar ramales secundarios en dirección al Ebro y en dirección al Pirineo; a derecha e izquierda de la vía, inmensa pradera verde, poblada de rebaños lucidos de ovejas y vacas en libertad, entre setos de arbolado, recreará la vista fatigada el viajero que la contemple kilómetros y kilómetros desde las ventanillas de sus coches; y el extranjero que haya pasado antes por aquí y contemplado con angustia los horribles páramos africanos por donde cruza avergonzada la locomotora desde Zaragoza a Almacellas, lanzando silbidos que no son de aviso sino de burla contra nuestro fatalismo musulmán y contra nuestra desidia prehistórica, y vea la mágica transformación obrada en seis u ocho años, no podrá menos de exclamar: “aquí ha penetrado la civilización, ¡al fin ha dejado de ser esto un pedazo de África!”».

Unas páginas más adelante llegamos a la parte en la que el tiburón blanco del regeneracionismo explica lo casi inexplicable: por qué los «canales y pantanos interesaban tanto a la montaña como al llano». La respuesta, en un par de líneas, es que la montaña no tiene futuro y los montañeses se tienen que desplazar al llano, pero no podrán hacerlo mientras no haya regadíos. La explicación de Costa es bastante más larga y, por su interés, se incluye íntegra:

«Todavía no he dicho nada de los pueblos de la montaña, esto es, de los partidos de Boltaña y de Benabarre, cuyos manantiales y cuyas nieves han de surtir de agua a los dos canales, y que sin embargo no han de ser regados por ellos. Esos canales han de influir tanto sobre la suerte de la montaña, que no creo exagerar si digo que su construcción interesa tanto a los montañeses como a la tierra baja.

La razón de esto es muy sabida de vosotros, y casi podría excusarme de retraerla a vuestra memoria: dicha en una fórmula concisa, se reduce a esto: porque la montaña está condenada a despoblarse, porque la población de la montaña tiene que trasladarse al llano, y urge que suceda así, y no puede suceder mientras el llano no se riegue. La montaña se está despoblando ya a toda prisa, y como los emigrantes no encuentran condiciones de vida en la tierra baja, cerca de su casa, en su propia patria, emigran al extranjero o a Cataluña, siendo para el Alto Aragón brazos perdidos. Las causas de que la montaña tenga que despoblarse totalmente, sin que haya poder humano bastante a remediarlo, son dos principalmente. Es la primera la desproporción entre lo que produce aquella tierra y lo que sus propietarios tienen que gastar, lo cual ocasiona un déficit, que explica tantas casas cerradas, tantos yermos, tantas quiebras que parten el alma del menos compasivo y que pueblan de jóvenes expatriados el Mediodía de Francia y de ancianos consumidos el cementerio. El número de casas y de patrimonios es ahora, sobre poco más o menos, igual que hace medio siglo; con lo que entonces producía la tierra, se cubrían gastos, porque el Estado pasaba con menos de la mitad de los tributos que ahora exige, no habiéndose empeñado todavía por derroteros de perdición, que nos llevan derechos a la bancarrota, y porque las familias vivían también más modestamente, vestían de su propio cáñamo y de su propia lana, hilados y tejidos en casa, no como ahora de la tienda, labraba con pares de bueyes, no como ahora con mulas; calzaban los hombres abarcas y las mujeres alpargatas, no como ahora los hombres alpargatas y las mujeres botas y zapatos; se contentaban con camas y balcones de madera y pisos de yeso, no como ahora que se han mudado por camas y balcones de hierro y pisos de baldosas, y así por lo demás. De suerte que si entonces los patrimonios producían lo justo para cubrir los gastos de las familias, hoy que esos gastos han aumentado en más de un doble no podrían cubrirlos aun en el caso que produjesen tanto como entonces, y resultaría un déficit llamado a concluir muy en breve con el capital. Pero es el caso que los patrimonios ni siquiera producen lo que entonces producían, con lo cual es claro que el déficit anual, traducido en embargos y pagarés, ha de ser todavía mayor y más rápida la consunción y acabamiento del capital; y digo que producen menos los patrimonios, por dos órdenes de motivos: el primero, porque se crían menos cerdos y menos ovejas que entonces, efecto de haber sido descuajados los montes para sembrar granos y patatas, y adineradas las encinas en forma de leña y de carbón; otro, porque se cultivaba más huerta que ahora, no habiéndola reducido aún a glera infecunda las inundaciones; causadas precisamente por aquellos descuajes, imprudentes, que han hecho bajar las tierras removidas y los cantos revueltos con ellas a levantar el lecho de los ríos. No me lo ha contado nadie; he recorrido el Pirineo y lo he visto con mis propios ojos. He visto lugares, como la Puebla de Roda, que han perdido valor de 25.000 duros en huertas, la médula y substancia de las tierras del distrito, por haber pelado un monte vecino, arrancándole las encinas y labrándole el suelo los pocos años que tardó en abarrancarse y quedar convertido en peñascal. He visto pueblos como Capella, cuya huerta ha sido devorada en pocos años por el río Isábena, que tenía 35 casas cerradas, señal de que habían emigrado otras tantas familias en cuajo, y motivo de congoja y angustia para el Ayuntamiento, que no sabe de dónde sacar recursos para suplir las cuotas de consumos correspondientes a esos vecinos que de hecho han dejado de serlo, pero que para la Hacienda todavía lo son; y donde además de esas 35 casas cerradas se contaba un centenar de familias, la mitad del pueblo, que tenían alguno o algunos individuos en la emigración, entre ellos, herederos jóvenes que habían abandonado a sus ancianos padres, imposibilitados por sus achaques o por su edad para labrar la tierra y vivir del usufructo, o imposibilitados para negociarla y sustentarse del capital por haberla donado imprudentemente, en contrato irrevocable a aquel hijo, no contando con que había de abandonarlos; hecho éste que envuelve toda una cuestión social; que ha ocupado hace pocas semanas a los jurisconsultos más reputados de Zaragoza, y que es una nueva manifestación del mal que estoy describiendo y a que tratamos de encontrar remedio.

Las sequías por un lado, y por otro las inundaciones, están arrebatando el territorio del Alto Aragón a los aragoneses, más fijamente que si lo invadiesen las huestes de Napoleón. Los que se van, parece que emigran, y es que huyen delante de ese conquistador invisible que los ha despojado de sus hogares. ¡Ah, señores labradores de la montaña! también vosotros tenéis que dejar de labrar, también vosotros tenéis que convertir las estevas de los arados en cayados de pastor, y muy pronto, muy pronto; de lo contrario, ese surco fementido que abrís, eterno, inacabable, a sangre fría, con ensañamiento, como si tuvierais que vengar algún agravio de la madre tierra, más que surco para sembrar simiente agradecida, es la sepultura donde enterráis el porvenir de vuestros hijos y vuestra propia vida, y el canal que construís para que corra más fácilmente el territorio de la patria aragonesa a desaparecer y perderse en los abismos del Mediterráneo, después de haber sembrado al paso la desolación y el espanto en el llano lo mismo que en la montaña. También vosotros tenéis que pedir -¿y qué digo pedir?, exigir, porque es vuestro derecho- también vosotros tenéis que exigir la pronta construcción de estos canales y pantanos, lo primero, porque mientras se construyan, bajaréis a trabajar temporadas en las obras, ahorraréis dinero, como en los días de la siega, que os permitirán tirar un poco más, aliviando vuestro patrimonio de la montaña de hipotecas y de pagarés que lo aplastan y hacen de vosotros verdaderos esclavos; lo segundo, porque cuando los canales estén terminados, los que sobremos allá arriba, que somos casi todos, en vez de emigrar a Cataluña, o a Francia o Buenos Aires, como ahora, emigraremos al partido de Fraga, de Barbastro o de Tamarite, edificaremos nuevos pueblos poniéndoles los nombres de los nuestros que hayamos desertado, y sin salir de nuestro país, sin perder de vista nuestros valles y nuestras nieves, habremos labrado nuestra prosperidad y realizado el ideal de la agricultura aragonesa: convertir el llano en montaña por lo verde y la montaña en llano por lo despoblada. ¿Pensáis que esto es utopía? Pues oíd. Hace poco más de un siglo, en 1784, llevaba la Litera cinco mortales años sin ver una gota de lluvia ni cosechar un grano de trigo, y como era natural tuvo que emigrar un gentío inmenso: sólo de Tamarite salieron 1.200 personas. ¿Y sabéis a dónde fueron a remediar su miseria? A Zaragoza, a las obras del Canal Imperial que se estaba construyendo en aquel entonces por un conjuro del alma acerada y ardiente de Pignatelli.

Con lo que llevo dicho hasta ahora he querido demostrar, no sé si lo he logrado, que la salvación de la agricultura alto-aragonesa, y por tanto, la del país, estriba única o muy principalmente en los canales y pantanos; que el porvenir del Alto Aragón, y algo más que su porvenir, su existencia, sin distinguir de llano o de montaña, depende de ellos; y que por tal razón, está justificado el que la Cámara se proponga como objeto especial de su instituto el fomentar o promover la construcción de canales y pantanos de riego».

En el libro que estamos comentando y del que estamos presentando algunos extractos, Costa cita a Alejandro Oliván y Borruel (Aso de Sobremonte, 28 de febrero de 1796 - Madrid, 14 de octubre de 1878) un tan ilustre como olvidado paisano. Tanto su padre como su madre (Francisco Antonio Oliván de Lope y Antonia Borruel y Víu, señores de Estarruás) eran miembros de linajes infanzones. Oliván tuvo una vida digna de una buena película. A pesar de haberse educado bajo los principios clásicos Religión, Patria y Rey, fue una de las grandes personalidades del pensamiento político liberal español en la primera mitad del siglo XIX y su figura aparece indisolublemente ligada al largo y tortuoso proceso de transformación de la España del Antiguo Régimen en una nación liberal, económicamente preindustrial y socialmente burguesa, lo que le valió una estancia en la cárcel y dos exilios. Sus escritos jurídicos y políticos, muchos de ellos firmados bajo el seudónimo Un ciudadano Imparcial o Un ciudadano que no gusta de partidos (en eso coincidiría con muchos ciudadanos actuales), tuvieron una gran influencia, y permanecen incomprensiblemente olvidados. Fue nombrado subsecretario de Gobernación y, posteriormente, director general de Estudios de Instrucción Pública por la reina regente María Cristina de Borbón. Bajo el reinado de Isabel II, fue elegido diputado por Huesca (1842), llegando a ser miembro del Consejo Supremo de Administración (1844) y ministro de Marina (1847).

Prototipo de hombre ilustrado, Oliván ingresó en la principales Academias españolas (Reales Academias de Ciencia Morales y Políticas, Real Academia Española, Real Academia Bellas Artes de San Fernando), además de ser destacado miembro del Ateneo de Madrid y del Liceo Artístico y Literario de Madrid, llegando a presidir ambas instituciones. Y es que mantuvo una gran actividad en materias muy alejadas del campo de la política y del derecho, realizando aportaciones relevantes en los campos de la gramática, la agricultura, la aritmética o la filosofía, por las que obtuvo un reconocimiento unánime. Su afición por la agricultura y la ganadería se gestó durante su infancia en Aso; por ello, no es de extrañar que su primer trabajo publicado fuese una memoria sobre los obstáculos para la creación de prados artificiales en España, dentro de la Cátedra de Agricultura del Jardín Botánico de Madrid (1819). Entre sus obras de temática agraria destacan el Manual de Agricultura (1849) y la Cartilla Agraria (1856). La primera de ellas fue una obra de referencia en este campo durante décadas, con numerosas ediciones y reediciones, siendo «designada por S. M. para texto obligatorio en todas las escuelas públicas del Reino». Participó en diversos estudios para implementar mejoras en los rendimientos de los trabajos agrícolas, poniendo énfasis en la necesidad de extender los regadíos («¿Se persistirá en coger en tres campos lo que puede cogerse en uno solo? ¿Y no tendrán útil aplicación los otros dos?»), siendo una fuente de inspiración para Costa.

Figura 12. Retrato de Alejandro Oliván y Borruel, y portadas de algunas de las ediciones de su Manual de Agricultura y su Cartilla Agraria. Fuentes: Fondos UCM.

Pero volvamos a Costa. Como buen reformador regeneracionista, las grandes obras hidráulicas que propugnaba no debían servir para el beneficio de latifundistas y especuladores sino para el de los propios labriegos y trabajadores del campo, motivo por el que ya previó la colonización de nuevas tierras de carácter público reservadas para el trabajo agrario. Como veremos más adelante, la cosa no siempre salió así cuando finalmente se llevó a la práctica.

De todas las grandes obras hidráulicas que propuso don Joaquín, solo pudo ver en vida el Canal de Aragón y Cataluña (llamado en un principio de Tamarite de Litera), que se empezó en 1896 y se terminó en 1906, y cuya inauguración fue presidida por el rey Alfonso XIII. Este canal capta el agua del río Ésera, regando una amplia franja de la Baja Ribagorza y de la Litera en Aragón, además de una zona catalana. No obstante, las campañas promovidas por Joaquín Costa fueron fundamentales para la proclamación de la Ley de Riegos de 1911 y la celebración de los posteriores Congresos Nacionales de Riegos. En el primero de estos congresos surgió el proyecto de Riegos del Alto Aragón, cuya aprobación fue promulgada en 1915, y que básicamente recogía el ideario de Costa (tratamiento unitario de la obra hidráulica, a cargo del estado y con colonización del territorio). El proyecto tenía el objetivo de poner en riego 300.000 hectáreas, primero con las aguas de los ríos Cinca y Gállego, y, en una segunda fase, con las del Sotón y Guatizalema. Esa superficie representaba la cuarta parte del total de regadíos existentes en España, siendo el proyecto hidráulico de mayor envergadura de Europa. Su magnitud y los sucesivos problemas económicos retrasarían su ejecución durante algunas décadas, pero ya no hubo vuelta atrás. De este tema nos ocuparemos al final de este capítulo. En 1926 se creó la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), otro de los sueños de Costa.

En una entrevista publicada el 14 de septiembre de 2021 en el Diario del Alto Aragón, José Luis Pérez, presidente de del Canal de Aragón y Cataluña, afirmaba con rotundidad que «las gentes del Canal de Aragón y Cataluña somos los testigos del triunfo de Costa (…) un modelo de éxito impresionante» (Figura 13). Según Pérez, Costa «encontró en el recurso del agua la herramienta perfecta para que los labriegos pudieran cultivar sus tierras y liberarse de la esclavitud de los ricos».

Figura 13. En pleno siglo XXI, la política hidráulica de Costa sigue siendo objeto de debate y controversia, tanto sobre el pasado como lo que puede suceder en el futuro. Noticia en el Diario del Alto Aragón, 14 de septiembre de 2021.

Pero, como no todo el monte es orégano, en este tema no todos salieron ganando. ¿Qué opinaban de eso en Lanuza, Ligüerre de Ara, Jánovas, Lacort, Mediano, Plampalacios, Arasanz, Clamosa, Puy de Cinca, Barasona, Cáncer, Finestres…? ¡Y qué más daba lo que opinaran! Las políticas conjuntas del PFE y del INC, a caballo de los grandes proyectos hidráulicos, no contemplaron prácticamente ninguna alternativa para la mejora de las condiciones de vida y la supervivencia, aunque fuese con una importante merma de población, de muchos núcleos de montaña. En la mayoría de los casos, a falta de infraestructuras, ni siquiera hubo capacidad real de elección. De una forma u otra, se fue imponiendo la idea de Costa de que la montaña no era un sitio habitable y que la única solución de la gente era emigrar, bien a los centros comerciales o industriales, o bien a los nuevos pueblos del INC. De ahí, ese párrafo que escribió Manuel Domínguez en su canción Manifiesto de invierno (Disco País de Anochecida, La Ronda de Boltaña, 2001), que dice:

«¡Siete llaves al sepulcro de Costa!,
que su nombre en vano dejen de invocar
los que por llevarse el agua a su molino
si han de hundir tu casa, no lo van a dudar»

Es una paráfrasis de la famosa fase atribuida a Joaquín Costa («Siete llaves al sepulcro del Cid»), «con la que intentaba ahuyentar del cadáver del héroe burgalés tanto buitre como pretendía alimentarse de sus despojos y utilizar su figura para exaltar lo más rancio y manido de las "glorias patrias"... y seguir imponiendo así su caduca visión de España. Otros buitres revolotean –"hoy lo mismo que ayer"– sobre el suyo. ¿No sería ya hora de empezar a espantarlos?» (País de Anochecida, La Ronda de Boltaña, 2001).

Curiosamente, aunque esa frase siempre se suele citar así («Siete llaves al sepulcro del Cid»), lo que realmente dijo Costa fue «doble llave al sepulcro del Cid», tal y como reza el título de su obra Crisis política de España (Doble llave al sepulcro del Cid), publicada en 1914: «En 1898, España había fracasado como Estado guerrero, y yo le echaba doble llave al sepulcro del Cid para que no volviese a cabalgar. (…) Deshinchemos esos grandes nombres: Sagunto, Numancia, Otimba, Lepanto, con que se envenena nuestra juventud en las escuelas, y pasémosles una esponja». Es probable que alguien modificara (intencionadamente o no) la frase de Costa para incorporar el simbolismo del pasaje del Apocalipsis donde se habla de un libro con «siete sellos que nadie podía abrir» (Apocalipsis, 5:1-4). Y la versión fusionada prosperó mejor que la original.

Las ideas reformistas de Costa y otros políticos y pensadores afines (regadíos, deslocalización de agricultores con los que colonizar zonas poco productivas) también tuvieron cabida en el Instituto de Reforma Agraria (IRA), organismo creado por la República en 1932 con el objetivo de mejorar la situación económica y social de la agricultura española. Ese mismo año fueron aprobadas la Ley de Obras de Puesta en Riego y la Ley de Bases de la Reforma Agraria, que ni contentaron a los grandes propietarios (que se sintieron amenazados) ni tampoco a los campesinos (que la consideraron demasiado tibia). En cualquier caso, la Guerra Civil truncó los planes… y la reforma agraria fue de las primeras cosas en caer.

2.2. El ejemplo de la Dirección General de Regiones Devastadas y Reparaciones

Los fundamentos ideológicos y la metodología de trabajo del INC se inspiraron en gran medida en la actividad del Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones, un organismo creado apenas un año y medio antes, concretamente por Ley de 30 de enero de 1938 mediante la cual el bando franquista reorganizaba la Administración Central del Estado. El Servicio se adscribió al Ministerio del Interior y sus competencias se fijaron por Decreto de 25 de marzo del mismo año: la dirección y vigilancia de cuantos proyectos, generales o particulares, tengan por objeto restaurar o reconstruir bienes de todas clases dañados por efecto de la guerra. Las normas de organización y funcionamiento de Servicio se establecieron por Orden de 11 de junio de 1938 que estructuraba el servicio en Comisiones de Zona, una de ellas denominada Aragonesa, con capitalidad en Zaragoza.

En 1939 el Servicio se transformó en Dirección General (integrado en el Ministerio de la Gobernación y bajo la dirección de José Moreno Torres), y se estructuró territorialmente en oficinas comarcales. A la provincia de Huesca le correspondió una Oficina Comarcal con sede en la capital. Esta Oficina Comarcal de Huesca se integró transitoriamente en la de Belchite desde enero de 1944 hasta junio de 1945. Desde esa fecha la provincia contó con dos oficinas, la Comarcal de Huesca, con sede en la capital, y la Comarcal del Pirineo, con sede en Jaca. La Oficina Comarcal del Pirineo se suprimió por Decreto de 12 de septiembre de 1952 y sus obras, servicios y personal pasaron a depender de la Oficina de Huesca. Estos órganos territoriales fueron los encargados de controlar el desarrollo y ejecución de las obras en sus zonas de acción.

Las actuaciones de reconstrucción urbanística y arquitectónica efectuadas por Regiones Devastadas se iniciaron con los decretos «de aprobación de localidades adoptadas por el Caudillo». En la provincia de Huesca se situaban principalmente en el entorno de Huesca capital (Apiés, Banariés, Banastás, Huerrios, Siétamo, Chimillas, Tardienta, etc.) y también en los valles pirenaicos (Biescas, Gavín, Torla, Broto, Sarvisé, Bielsa) (Figura 14), amén de algunos otros municipios, como Sariñena.

Figura 14. Ayuntamiento de Bielsa, edificio reconstruido por Regiones Devastadas. Fotografía anónima de 1954. Colección del autor.

Además, estaba parcialmente adoptada «la heroica ciudad de Huesca, alguno de cuyos barrios ha de reconstruir Regiones Devastadas, aparte de otros edificios provinciales enclavados en la capital alto- aragonesa, como el Manicomio provincial, lugar de épicas luchas, donde los soldados de Franco mantuvieron victoriosa la bandera Nacional, entre incruentos sacrificios» (Martín-Retortillo, 1945). Desde 1940 el organismo se ocupó también de la reconstrucción de pueblos víctimas de daños ajenos a la guerra civil, como es el caso de Canfranc, localidad “adoptada” tras el devastador incendio de 1944. La Dirección General de Regiones Devastadas y Reparaciones se suprimió por Decreto-Ley de 25 de febrero de 1957 que reorganizaba la Administración Central del Estado y creaba el Ministerio de la Vivienda y el Instituto Nacional de la Vivienda, que asumieron las funciones, ya más residuales, del organismo suprimido.

Inevitablemente, la propaganda de la época ensalzó las bonanzas de Regiones Devastadas (Martín-Retortillo, 1945):
«Con admirable acierto y visión de genial estadista, el Caudillo Franco, tan pronto como los efectos destructores de las armas comenzaron a sentirse en los pueblos y ciudades, empeñó su palabra de que, lograda la victoria, serían restañadas estas heridas, que, sobre el montón de ruinas y escombros, se levantarían pueblos dignos de la nueva España. Cuando todavía se sentía el estruendo de las armas, el Gobierno Nacional inició esta labor reconstructora de las ciudades y pueblos que habían sido destruidos en nuestra Cruzada de Liberación. Y poco a poco fueron promulgándose Leyes y disposiciones complementarias para dar cauce a esta tarea redentora de tantas ciudades, de tantos pueblos y aldeas que casi dejaron de existir físicamente. Es un tributo de solidaridad nacional que el Estado español pródigamente ha refrendado para que los pueblos y ciudades, que la guerra destruyó recobren su ser, y de esta manera, enriquecida su Historia con las páginas de heroísmo que sus muros maltrechos pregonan, vuelvan a incorporarse a la vida nacional, contribuyendo a la paz y el progreso patrio.

Las inspiraciones del Caudillo, plasmadas en la ya copiosa legislación del Gobierno Nacional sobre esta materia, tienen como brazo ejecutor la Dirección General de Regiones Devastadas, cuyo Organismo, con las diversas ramificaciones que llegan a los centros de trabajo, viene actuando sin descanso, sin reparar medio alguno para el pronto restablecimiento de estos pueblos heroicos que tan enormes mutilaciones sufrieron en la dura ducha de Liberación. El Servicio de Regiones Devastadas está realizando el milagro de Lázaro con pueblos que vimos totalmente envueltos en ruinas y escombros, está siendo el cirujano admirable que, con pericia singular, en un momento de dificultades extraordinarias, como consecuencia de esas inmensas devastaciones, primero, y después por las que derivan de la conflagración mundial que padecemos, está restituyendo a la vida pueblos, ciudades y aldeas que quedaron maltrechos y a punto de sucumbir como consecuencia de la acción destructora de la guerra. Todo elogio a esa trascendental y fecunda labor que viene realizando el Servicio de Regiones Devastadas, será pequeño, y frente a la crítica demoledora y frívola, de gentes insatisfechas, pueden presentarse, como formidable argumento, esos pueblos que inician una vida nueva, en un marco más humano y acogedor del que antes tuvieron, a los que Regiones Devastadas les ha dado el ser».

Sin embargo, algunas actuaciones de Regiones Devastadas parecen dignas de haber aparecido en la famosa película Bienvenido Míster Marshall. Satué (2016) recoge el testimonio oral de Máximo Palacios Allué sobre cómo se desarrolló la cosa en Biescas:
«Regiones Devastas, el primer planteamiento que tuvo, igual en Gavín que en Biescas, es que primero expropió todas las propiedades, se las quedó el Estado. Se quitaba la propiedad, luego, cuando construía un edificio y lo repartía a los vecinos. Como daba unas dimensiones determinadas, hubo algún vecino que se quedó sin propiedad. Coincidió con gente que no estaba en el pueblo, que estaba en la zona francesa, que volvieron y se encontraron su terreno con casas construidas y habían perdido su terreno. Esos terrenos y esas propiedades, eh… Despropió todo el pueblo, todo lo que estaba quemau. Se tardó muchísimos años a la reversión y no revertieron todos. En Biescas fue lo mismo. Primero se empezaron todos los edificios civiles: ayuntamiento, cuartel de la Guardia Civil, iglesias y un barrio de casas en La Peña –que es donde se utilizó la pérdida de solares de los que no estaban en el pueblo– y otra zona en la calle La Esperanza. En esas casas devolvieron a los vecinos los terrenos con un edificio propiedad de ellos, pero… que había concedido Regiones Devastadas. Eso se quedó muy corto porque se acabó el dinero, y se acabó la forma de vivir –los jornales de los que trabajaban en Regiones–. O sea que nos quedemos en Biescas de una reconstrucción total, con dos calles sólo construidas». ¿Será la «crítica demoledora y frívola» de una persona insatisfecha?

2.3. El INC: de reforma a contrarreforma agraria

El hecho de que el régimen franquista derogase la ley de reforma agraria, que tan pésima acogida había tenido entre los terratenientes, en agosto de 1936, tan solo un mes después de su alzamiento, da una idea clara de la prioridad que concedía a ese asunto. Posteriormente, en 1938, se creó el Servicio Nacional de Reforma Económico-Social de la Tierra, con el objetivo de garantizar que las fincas ocupadas por «los rojos» antes y durante la guerra, volvieran a sus antiguos propietarios. Una vez resuelto ese parto, distócico y traumático, el estado alumbró el INC y las primeras leyes de colonización: la ley de bases de colonización de grandes zonas regables (1939), la ley de colonización de interés local (1940), que autorizaba al INC a financiar los proyectos de transformación de zonas de secano a regadío que creyera oportunos, y un decreto que autorizaba al INC a adquirir fincas que pudieran ser de su interés y que hubieran sido ofrecidas por sus propietarios de forma voluntaria (1942). En 1946 se promulgaría la ley de expropiación de fincas rústicas consideradas de interés social, la cual permitía la expropiación de fincas susceptibles de colonización bajo una indemnización previa. Su desarrollo y, de hecho, el pistoletazo de salida de las actividades del INC vino con la ley de colonización y distribución de la propiedad de las zonas regables de 1949.

En definitiva, la creación de los nuevos regadíos durante el franquismo requirió de la expropiación de terrenos, que se vio facilitada por la descapitalización del campo tras la guerra. Eso sí, se puso especial cuidado de no tocar las mejores fincas de los grandes propietarios y de que lo que se estaba tramando no se pareciera en nada a una reforma agraria de carácter redistributivo y popular. Así, siguiendo con la impecable e inflexible protección de los grandes propietarios, esta ley introdujo la distinción entre distintos tipos de tierras, que se clasificaron de la siguiente manera: exceptuadas, reservadas y en exceso.

Las tierras exceptuadas quedaban exentas de la expropiación y eran las que ya se habían puesto en riego o las que estuvieran en proceso de hacerlo. Estaban en manos, ¡cómo no!, de los propietarios más pudientes. Las tierras reservadas eran aquellas en las que el INC podía ayudar a los propietarios a transformarlas en regadío. Los propietarios conservarían la propiedad, a menos que no procedieran de la manera planificada, circunstancia que conduciría a su expropiación. Finalmente, estaban las tierras en exceso; es decir, las sobrantes, casi siempre las más improductivas, que precisamente serían las destinadas a la instalación de los colonos, en unidades familiares de explotación.

En definitiva, estas políticas de transformación de terrenos de secano en zonas de regadío no permitieron una redistribución equitativa de la tierra, sino que más bien consolidaron el sistema de propiedad tradicional. Los grandes terratenientes del momento lograron una notable revalorización de la mayor parte de sus fincas a cambio de perder una pequeña parte de ellas, normalmente las de peor calidad, que fueron expropiadas para destinarlas a los colonos.

2.4. Construir pueblos de la nada

La financiación de la colonización se basó, en sus primeros años, en la emisión de obligaciones, mediante suscripciones de particulares o empresas, que irían aumentando progresivamente entre 1947 y 1956, y que se presentaban en cualquier delegación del Banco de España en territorio nacional. Los acuerdos económicos firmados con Estados Unidos en 1953 obligan al país a entrar en los organismos financieros internacionales (Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional); este hecho permitió que la Development Loan Fund concediera un crédito al INC para poder abastecerse de la maquinaria necesaria para acometer el programa de colonización.

El INC contaba con una amplia plantilla de funcionarios que se ocupaban de las labores técnicas y administrativas. El Servicio de Arquitectura estuvo dirigido por José Tamés Alarcón desde 1941 hasta el final de la vida del propio INC. Durante ese periodo de tiempo, alrededor de ochenta arquitectos realizaron proyectos para el instituto, unos treinta como funcionarios y el resto recibiendo esos encargos (directos) dentro del ejercicio libre de su profesión. Entre ellos destacó, por la cantidad de pueblos proyectados en territorio oscense o zaragozano, José Borobio, que fue el arquitecto encargado de la Delegación Regional del Ebro desde diciembre de 1943.

Pero antes de llegar al proyecto propiamente dicho, se tenía que pasar por otras fases progresivas, a saber: estudios de viabilidad, declaración de zona de interés nacional, plan general de colonización, plan coordinado de obras y plan de parcelación. Por otra parte, una circular de junio de 1950 (Normas a que se ha de ajustar el estudio y redacción de los proyectos de los planes generales de colonización de las zonas regables de acuerdo con lo dispuesto con la ley de 21 de abril de 1949) trajo a la palestra el «módulo carro», por el que se limitaba a 2,5 km la distancia máxima que tendría recorrer un colono entre su vivienda y las tierras de cultivo, desplazándose con un carro. Posteriormente, se modernizaría y adoptaría el nombre de módulo tractor.

El diseño de un pueblo completo, con sus viviendas, dependencias agrícolas, calles, plazas, espacios públicos y equipamientos, en un sitio donde antes no había nada supuso todo un reto para los arquitectos. Una cuestión que se planteó desde el principio es cómo disponer las viviendas de los colonos: aisladas (cada vivienda en la parcela) o agrupadas formando un núcleo de población. La primera opción tenía la ventaja de un mayor rendimiento agropecuario, pero a costa del aislamiento del colono, de mayores gastos en urbanización y construcción, y de unos servicios más caros (educativos, sanitarios, religiosos, sociales). Para el régimen, esa primera opción tenía otro gran inconveniente: un peor control sobre las actividades políticas y sociales de los colonos.

En Aragón, a diferencia de en otras regiones, se optó en la inmensa mayoría de las casos por el segundo modelo ya que tanto el citado José Borobio como Francisco de los Ríos (ingeniero jefe de la Delegación del Ebro del INC) eran radicalmente contrarios a las viviendas aisladas, una opción que «se ha ido desechando por considerarla que es inhumana para los agricultores, y sólo la sostienen aquellos que estiman que el trabajador debe trabajar de sol a sol (…). Sorprende que en gente culta haya calado hondo este concepto deshumanizado en contra de los hombres del campo y consideren natural no tengan derecho a un mínimo de comodidad en el trabajo y condiciones de vida y esparcimiento semejantes a los de la ciudad» (de los Ríos, 1966).

Entre 1946 y 1966, se construyeron 15 nuevas poblaciones en la provincia de Huesca, que albergaron a aproximadamente 1.500 familias (Tabla 1). En total fueron 30 pueblos en todo Aragón, entre ellos dos de la provincia de Zaragoza (Ontinar de Salz, 1944; Puilatos, 1954) que estaban cercanos a la de Huesca y que acogieron a colonos oscenses. Franco acudió personalmente a visitar los dos primeros núcleos de cada provincia, Ontinar de Salz y El Temple (Figura 15).

Los arquitectos que realizaron proyectos para el INC tuvieron una gran libertad a la hora de diseñar sus propuestas; no obstante, el instituto impuso algunos criterios generales, recogidos en diversos circulares y especialmente en la 222 (Instrucciones para la redacción de proyectos de pueblos, 1947) y 246 (Normas para determinar el plan de edificación de los pueblos de nueva planta que construya el Instituto Nacional de Colonización, 1949). Por ejemplo, que evitaran trazados excesivamente rectilíneos de los pueblos, recurriendo a tramas ortogonales, curvilíneas o mixtas para romper las perspectivas (Figuras 16 a 18). Asimismo, que evitaran una excesiva monotonía, proponiendo para ello la atención a detalles singulares (incluyendo los edificios y espacios públicos) que, de alguna manera personalizaran cada pueblo.

Tabla 1. Pueblos de colonización creados en la provincia de Huesca o cercanos a la misma.

Figura 15. Bando con las instrucciones para la visita de Franco a El Temple del Caudillo, el 15 de junio de 1958. Fuente: Archivo INC.

Figura 16. Planta general del pueblo de Curbe (Huesca), por el arquitecto José Borobio, 1958 (izquierda) e imagen del pueblo en la actualidad (Google Earth, 12 de marzo de 2024).

Figura 17. Planta general del pueblo de Orillena (Huesca), elaborada por el arquitecto José Borobio.

Figura 18. Planta general del pueblo de San Lorenzo del Flumen (Huesca), por el arquitecto José Borobio, 1958 (copia de 1967).

Los edificios públicos se solían agrupar en la plaza principal e incluían, entre otros, la iglesia, un edificio administrativo con el despacho del alcalde (a menudo pedáneo), el dispensario médico y una pequeña oficina de Correos. Además, había tienda de ultramarinos, estanco (a veces sito en la misma tienda), panadería, zapatería, peluquería y bar (especialmente en aquellos pueblos que carecían de edificio social). También talleres dedicados a la herrería, carpintería y mecánica. En los pueblos de mayor tamaño se añadían las dependencias de Acción Católica, el hogar rural, un edificio social que hacía las veces de cine y de salón de bailes, y la Hermandad Sindical o Centro Cooperativo, que hacía las veces de granero y de almacén para la maquinaria. Por supuesto, se construía una escuela, separada por sexos, y calculada para aproximadamente un 15% de los habitantes de cada pueblo.

Si bien los pueblos de colonización supusieron todo un laboratorio de experimentación para muchos arquitectos, lo mismo se puede decir de sus iglesias con respecto a los artistas que participaron en su decoración (escultura, pintura, cerámica, vidrieras). Y es que el elenco contiene numerosos nombres que, con el tiempo, llegaron a convertirse en maestros en esas disciplinas; a menudo, contribuyeron con obras abstractas (toda una revolución en su momento, ante la incomprensión o el rechazo de numerosos sacerdotes y colonos). El impulso renovador llevó la firma de José Luis Fernández del Amo, del Servicio de Arquitectura del INC y director del Museo Nacional de Arte Contemporáneo. Más adelante, algunos de esos artistas, ya famosos en sus ámbitos, trataron de ocultar su participación en aquellos proyectos ligados al franquismo, a pesar de que el tiempo no ha hecho más que revalorizar unas obras auténticamente rompedoras en la época en la que se realizaron.

Curiosamente, en muchos de estos pueblos no se construyó un cementerio, a pesar de que antiguamente solía ser uno de los elementos que mayor enraizamiento generaba en el ámbito rural; de hecho, era uno de los mayores pesares de las gentes que iban cerrando sus casas en pueblos que pronto quedaron deshabitados. Cuando alguien moría en un pueblo de colonización, lo más habitual era enterrarlo en el pueblo de origen de la familia (al menos en los primeros años) o en el cementerio existente en la localidad cabecera del municipio.

Las casas disponían de una o dos plantas, en las que se repartían un pequeño salón-comedor, que incluía la cocina, y los dormitorios (entre dos y cinco). Inicialmente, las viviendas de la gran mayoría de estos pueblos no disponían de aseo. En Orillena (fundado en 1966) se empezaron a instalar a partir de 1971. No obstante, la situación varió dependiendo de cada pueblo y a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en los primeros años de El Temple (el primer pueblo de colonización en tierras oscenses, fundado en 1945, en una antigua finca de Azucarera del Ebro) se juntaron 15 familias y se llegaron a alojar familias de 7 personas en casas que apenas contaban con dos habitaciones y una cocina. Aparte de los colonos (propietarios de sus tierras), en los pueblos del INC también hubo obreros agrícolas, sin tierras propias y contratados por familias colonas. Las parcelas de sus viviendas eran notablemente menores ya que carecían de dependencias agrícolas.

2.5. La selección de los colonos

Cuando se convocaba el concurso para un nuevo pueblo de colonización en la provincia de Huesca, la convocatoria se publicaba en el boletín oficial provincial, así como en los periódicos de Huesca y Zaragoza. Los requisitos o méritos para ser colono incluían ser hombre, mayor de 23 años y menor de 50, casado, en vísperas de boda o viudo con hijos, acreditar prácticas agrícolas recientes durante al menos dos años y «estar desprovistos de defectos o taras que dificulten el trabajo agrícola» (Figura 19).

Además, existían «circunstancias consideradas como de mérito» que en la práctica eran requisitos ya que se descartaban a aquellos solicitantes que no las cumpliesen: alfabetización (saber leer, escribir y las cuatro reglas matemáticas), «información moral y política» aceptable y carecer de medios suficientes de vida en su actual situación). También existían otras «circunstancias consideradas como de mérito» (excombatiente del bando nacional, condecoraciones militares obtenidas durante la guerra, «huérfano de excombatiente o Defensor de la Patria») que podrían priorizar la solicitud. Igualmente, se solían priorizar las de los procedentes de pueblos adquiridos por el PFE o afectados por los embalses construidos, en construcción o proyectados, y también las de los habitantes de pueblos del Pirineo mal comunicados (que solían coincidir en muchos casos con los anteriores) y las de los de pueblos cercanos al de nueva creación que no tuviesen otros medios de vida.

Figura 19. Anuncio de “concurso de colonos” del INC para los nuevos pueblos de Artasona y Valsalada. Diario Nueva España (Huesca), 15 de abril de 1958.

Para conocer esos datos, los interesados tenían que rellenar una instancia acompañada de dos cuestionarios, uno para el hombre y otro para su mujer (Figuras 20 y 21), además de los informes pertinentes (párroco, alcaldía, Guardia Civil o Comisaría de Policía, y, en caso de que existiesen en su municipio de origen, Hermandad Local de Labradores e Inspección municipal de Sanidad). Como se puede observar en los modelos de cuestionarios, el INC quería colonos sanos y por ello en el cuestionario se incluían espacios para describir los «defectos físicos» y las «enfermedades que ha tenido o tiene», e incluso llegaba a preocuparse por su salud genética, con preguntas como «¿Es pariente de su mujer? ¿En qué grado?». Los datos económicos incluían, entre otros datos, rentas propias, créditos pendientes, extensión de las tierras que cultivaba en ese momento (de su propiedad, en arrendamiento o en aparcería; secano, regadío o huerta), extensión de las tierras en propiedad que tenía en ese momento cedidas en arrendamiento o aparcería a otros, el valor en venta de los edificios y tierras propias, el «inventario vivo» (ganado) y el «inventario muerto» (utillaje para ganado, aperos y maquinaria agrícola, etc.). El INC podía hacer todas las indagaciones que considerase oportuna para cerciorarse de la veracidad de los datos presentados, siendo motivo de exclusión «las solicitudes con insuficiencia de datos, o con datos erróneos o falseados».

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, que solía ser de unos dos meses, se reunía una comisión de trabajo de la Junta Provincial de Selección de Colonos, integrada por un alto cargo provincial del Movimiento (frecuentemente el subjefe), un representante de la Cámara Oficial Sindical Agraria (COSA) (frecuentemente el secretario) y un ingeniero agrónomo de la Delegación Regional del Ebro del INC. La comisión se reunía habitualmente en la sala de juntas de la Jefatura Provincial del Movimiento y analizaba las solicitudes recibidas, proponiendo un listado de solicitudes admitidas (cuyo número coincidía con el del número de lotes a asignar en el nuevo pueblo) y un listado de solicitudes excluidas. Una buena parte de las solicitudes excluidas no era por que los solicitantes no cumplieran los requisitos establecidos sino porque no había suficientes lotes para todos los que los satisfacían. En tal caso, se priorizaban las de aquellos candidatos con más méritos, como los años de experiencia agrícola y, muy especialmente, el número de hijos.

Los resultados de esa comisión se tenían que someter al pleno de la Junta Provincial de Selección de Colonos, que se reunía algunas semanas después, normalmente para bendecir la selección realizada por la comisión de trabajo. El pleno de la Junta estaba formado por el Gobernador Civil de la provincia, el presidente de la diputación provincial, el ingeniero jefe de la Jefatura Agronómica, el ingeniero jefe de la delegación regional del INC, el delegado provincial de la Organización Sindical, el presidente de la COSA y el secretario o subsecretario provincial de Ordenación Social, además de por los miembros que habían participado en la comisión de trabajo. Las actas de la comisión de trabajo y de la Junta Provincial, junto con todos sus anexos (relación de admitidos y excluidos; relación de adjudicatarios por orden de prelación), formaban parte del informe sobre la selección de colonos y adjudicación de los lotes del nuevo pueblo en cuestión. La adjudicación de las viviendas dependía del tamaño familiar pero la de los lotes (parcelas de un máximo de 10 hectáreas) se realizaba por sorteo puro y duro entre los solicitantes admitidos.

Figura 20. Cuestionario del INC para candidatos a colonos. Cuestionario para el hombre.

Figura 21. Cuestionario del INC para candidatos a colonos. Cuestionario para la mujer.

Cada colono recibía una libreta con las instrucciones que debía seguir y lo que se esperaba de él y su familia (la libreta del colono, Figura 22) y estaba sujeto a un período provisional de prueba o tutela que duraba cinco años y en el que tenía que ceñirse, escrupulosamente, al plan de explotación establecido por el INC, organismo que proporcionaba los materiales (semillas, abonos, plaguicidas, ganado vacuno y caballar, en algunos casos aperos) así como un anticipo sobre las contribuciones y la renta de la tierra. No era ningún regalo. El colono tenía que reintegrar todo al INC proporcionando un porcentaje de su producción. Además, después de esos cinco primeros años, tenía que amortizar el valor de la tierra a un interés anual del 3%. Una vez que el colono (o su sucesor) había pagado el total correspondiente, recibía el título de propiedad de la parcela y de su vivienda. A modo de ejemplo, en Orillena se otorgaron las escrituras de propiedad en 1997, 31 años después de la instalación de los colonos.

En general, convertir aquellos lotes en tierras productivas fue un trabajo tremendamente duro ya que, en muchos casos, los colonos recibieron auténticos yermos, con unas tierras de una calidad terrible que nunca habían sido trabajadas. Como describía gráficamente el hijo de un colono, «dabas un golpe a la tierra con el pico y se rompía el pico». También hubo multitud de problemas administrativos y financieros, que en algunos casos estuvieron a punto de dar al traste con el futuro de más de uno de estos pueblos, así como una cierta sensación de abandono cuando las prioridades socioeconómicas del estado fueron cambiando (Figura 23). A pesar de todo, muchos colonos y sus descendientes se sintieron afortunados y agradecidos por recibir tal condición y, hoy en día, se sienten orgullosos del gran esfuerzo que tuvieron que realizar para transformar campos baldíos en tierras productivas y cohesionarse socialmente.

Figura 22. Libreta del colono, el cuaderno de instrucciones para los adjudicatarios. Colección del autor.

Actualmente, un buen número de los pueblos de colonización de la provincia de Huesca se están despoblando a marchas forzadas y la población en la mayoría de ellos es menor que cuando se fundaron. De hecho, la comarca de Los Monegros es uno de los ejemplos más representativos de lo que se ha dado en llamar la Laponia ibérica o la España vaciada, un término tan manoseado como invisible en la práctica. Posee una extensión de más de 2.700 km² para una población de unos 20.000 habitantes. Esto arroja una densidad, siendo generosos, de unos 7,5 habitantes/km², lo que la convierte en un desierto demográfico según los criterios de la Unión Europea, que aplica ese apelativo a aquellas zonas con una densidad menor de 10 habitantes/km². A modo de contraste, la provincia de Vizcaya tiene una superficie menor (unos 2.200 km²), pero posee más de un millón de habitantes y una densidad que supera los 500 habitantes/km². La pérdida de habitantes en los pueblos de colonización se ha debido a diversos factores, incluyendo la obligatoriedad inicial de que los lotes solo los podía heredar una persona, la falta de terreno edificable para descendientes o nuevos vecinos, la poca productividad o escasez de tierras (las 10 hectáreas de entonces no parecen gran cosa en la actualidad), las condiciones climáticas y paisajísticas, o muy especialmente la cercanía a núcleos de mayor tamaño (Huesca, Zaragoza, Barbastro…), donde hay más expectativas profesionales y sociales, y desde los que se pueden seguir explotando con los medios actuales de transporte y trabajo agrícola. De hecho, actualmente hay descendientes de colonos que trabajan 10 o más lotes.

Figura 23. Las eternas reivindicaciones de los pueblos de colonización. Orillena, 2005. Juan M. Rodríguez.

2.6. El caso de Orillena

En el caso del ya citado Orillena, el Informe sobre la selección de colonos y adjudicación de los lotes del nuevo pueblo de Orillena en la zona del tercer tramo del canal de Monegros (Huesca) (Figura 24) se presentó en septiembre 1965, firmado por los ingenieros agrónomos Gregorio Cabrerizo y Gregorio Matallana. El concurso para la adjudicación de 88 lotes se convocó el 7 de enero de 1965 por los cauces habituales (en el B. O. de la provincia de Huesca, del 3 febrero y en anuncios en los periódicos de Huesca y Zaragoza). Las instancias se podían presentar hasta 15 el marzo. Los adjudicatarios tenían que trasladarse al nuevo pueblo en 1966 ya que, de lo contrario, perderían sus derechos.

La finca “Orillena” se encontraba mayoritariamente dentro del término municipal de Lanaja, con pequeñas extensiones en los de Lalueza y Sariñena, y ocupaba 1.023 Ha, de las cuales 875 se habían transformado en regadíos (un total de 88 lotes de unas 10 Ha, ya nivelados), 40 eran de secano (pero repobladas con pinos), 78 eran de pastos y las 30 restantes para las edificaciones. Ya estaban concluidas o muy avanzadas las acequias, los desagües, el abastecimiento de agua y los caminos, todo ello a cargo del propio INC y de la CHE, que tantos intereses tenía en estos nuevos pueblos monegrinos.

Figura 24. Portada del informe sobre la selección de colonos y adjudicación de los lotes del nuevo pueblo de “Orillena” en la zona del tercer tramo del canal de Monegros (Huesca). INC, septiembre de 1965.

En total se recibieron 259 solicitudes. La comisión de trabajo encargada de la selección de los colonos estuvo formada por Juan Arés Mascó (Subjefe Provincial del Movimiento), Lorenzo Cereceda Jordá (secretario de la COSA) y Gregorio Cabrerizo Ceballos, ingeniero agrónomo de la Delegación Regional del Ebro del INC. Inicialmente, «se han desechado las que no reúnen las condiciones mínimas exigidas, es decir, a los que no tienen prácticas agrícolas de dos años, a los menores de 23 años o mayores de 50 años, etc., excluyendo también a los solteros, a los analfabetos y a los de información moral y política no aceptable, se han excluido también las solicitudes con insuficiencia de datos, datos erróneos o falseados y aquellos que tienen medios suficientes de vida en su actual situación, por entender que los lotes disponibles deben asignarse preferentemente a los agricultores más necesitados». De esta forma se excluyeron 88 solicitudes, por los siguientes motivos: 9 por no demostrar la práctica agrícola requerida (la mayoría de El Grado), 32 por no encontrarse en la franja de edad solicitada, 4 por informes negativos, 2 por analfabetismo, 14 por soltería del solicitante, 6 por la provincia de procedencia (Ávila, Soria, Guadalajara o Granada), 19 por disponer de medios propios (entre ellos, 8 de Juseu y 5 de Albalate de Cinca) y 2 por falta de datos.

Quedaban en liza 171 candidatos para 88 plazas de colono. El acta de la comisión dice que «se han seleccionado en primer lugar, en lo que a la provincia de Huesca se refiere, las de los pueblos de la montaña (Pirineos), cuyos términos son adquiridos por el Patrimonio Forestal del Estado, de los que necesariamente deben salir sus moradores. En segundo lugar las del Término de Lanaja, donde está enclavado el pueblo por su condición de antiguos cultivadores de las fincas objeto del asentamiento, y en tercer lugar (un 10%) de solicitudes de regadíos antiguos de las provincias de Huesca y de Zaragoza (…)». Lamentablemente, debido a «la desproporción existente entre las instancias presentadas y el número de lotes disponibles, la Comisión se ha visto obligada a proceder a la adjudicación de los mismos en favor de los solicitantes que, reuniendo las condiciones meritorias, mejoraran éstas por el número de unidades familiares de trabajo, provincia de procedencia, en la de Huesca los términos de la Montaña adquiridos por el patrimonio Forestal del Estado, etc.».

Vistos los documentos con la perspectiva del tiempo, parecen existir algunas incongruencias en esos argumentos. Los pueblos de procedencia de los colonos oscenses seleccionados fueron Albalate de Cinca, Arcusa, Bárcabo, Bentué de Rasal, Bergua, Bisaurri, Botaya, Broto, Cagigar, Castellazo, Centenero, Ceresuela, Cortillas, Fanlo, Gabás, Gistaín, Grañén, Laguarta, Lalueza, Lanaja, Lecina, Merli, Mondot, Otal, Ponzano, Roda de Isábena, San Juste, Sta. María de Buil, Sarsa de Surta, Señes, Sesué, Sin, Torres de Montes, Vio y Yeba. Entre los excluidos había algunos procedentes de esos mismos pueblos y, además, de Almudévar, Altorricón, Arguís, Boltaña, Bono, Clamosa, El Grado, Esplús, Fiscal, Fraga, Gabasa, Juseu, Monzón, Morrano, Palo, Plan, Pueyo de Araguás, Rodellar, Sabiñánigo, Tamarite de Litera y Tardienta. Como se puede observar, la mayoría eran habitantes de pueblos del prepirineo o del Pirineo. Pues bien, a pesar de que el informe repite machaconamente que «los pueblos trasladados proceden de numerosos pueblos, la mayor parte de la provincia de Huesca, especialmente de pequeños pueblos del Pirineo, por haberles comprado las tierras el Patrimonio Forestal del Estado», resulta sorprendente que ninguno de ellos fue adquirido por el PFE y ninguno estaba amenazado directamente por un pantano, salvo la excepción del único solicitante de Clamosa, que encima cumplía con los requisitos y fue excluido por «insuficiencia de lotes».

Tampoco está muy claro que significaba «disponer de medios propios». En el anexo con los solicitantes admitidos por orden de prelación, José López Capablo (49 años), de Casa Cosme de Cortillas ocupaba el número 1. Se trataba de una de las casas fuertes más conocidas de la montaña y en aquel momento disponía de un capital considerable para la época (223.000 pesetas), que hubiera permitido a la familia establecerse en alguna otra población convencional (de hecho, estuvo barajando la posibilidad de instalarse en Igriés), además de cultivar 30 hectáreas de secano de su propiedad y otras cinco en arrendamiento o aparcería y de conservar una cierta cantidad de ganado (dos mulas, cinco cabezas de vacuno y 70 reses lanares). Pero la clave de su selección (y en el primer puesto) no estuvo en el capital (el sexto candidato admitido en orden de capital), ni en las propiedades (el primer candidato en extensión de su propiedad) ni el ganado (el primero en número de cabezas de ovino). Tampoco en el hecho de la relación de Casa Cosme con el monte Orillena, precisamente el sitio donde se ubicaría el nuevo pueblo y del que heredó el nombre. Allí pasó su ganado muchos inviernos desde al menos 1860 (Figura 25).

Figura 25. Relación del ganado de Casa Cosme (Cortillas) que pasó el invierno de 1872 en Orillena. Libro de Cuentas de Francisco López, 1850-1920.

La clave estuvo en otro parámetro que es el que realmente ordena a los candidatos: el número de hijos traducido en unidades de trabajo familiares. Es decir, era importante el número de hijos pero, más importante aún, la edad y experiencia agrícola de los mismos, ya que bien sabía el INC que poner en marcha aquellos campos baldíos entrañaría un tremendo trabajo a corto plazo. Y en eso, José López era imbatible: sus 5 hijos (cuatro hijos y una hija), eran ya adultos y todos los varones (lo que más contaba) estaban bien curtidos en todo tipo de tareas agropecuarias. En consecuencia, aportaba 5,10 unidades de trabajo familiares (frente a las 3,65 del segundo candidato o las menos de 1,50 de la mayoría de los solicitantes). En contraste, hubo candidatos con seis o siete hijos pero todos o una buena parte de ellos menores de edad y/o niñas, lo que reducía notablemente el cómputo de unidades de trabajo familiares (entre 1,15 y 3,30), En cualquier caso, no parece que se pueda achacar al capital ningún favoritismo en la selección ya que el candidato admitido con mayor capital (Antonio Olivera Paco, de Sarsa de Surta, 450.000 pesetas) se encontraba en el puesto 47 de prelación (dos hijos, 1,40 unidades de trabajo familiares), mientras que el último en la lista de excluidos por «insuficiencia de lotes» (Ángel Nogueras Val) disponía de 310.000 pesetas de capital y era de un pueblo cercano a Orillena (Grañén)… pero sólo tenía un hijo (1,00 unidades de trabajo familiares).

Otro dato llamativo del informe sobre la selección de los colonos es que, en general, los solicitantes de lo que podríamos llamar la montaña (las actuales comarcas de Alto Gállego, Sobrarbe y Ribagorza) eran, en general, los que disponían de más capital, más terrenos y más ganado. En definitiva, parecía que eran pueblos que disponían de recursos (ganado, pastos, madera, agua, minerales) para su subsistencia económica, pero a nadie se le pasaba por la cabeza (y, si se le pasaba, duraba poco) la opción de destinar recursos a mejorar las condiciones de vida (servicios, comunicaciones). Paradójicamente cual Cid Campeador al que no le hicieran falta llaves para abrir su sepulcro, Costa ganaba la batalla después de muerto y uno de los grandes sueños se hacía realidad: se atraía a los regadíos del llano a familias montañesas con hijos pequeños o jóvenes, descapitalizando económica y humanamente a unos pueblos, cuya población ya declinaba rápidamente. Era el golpe de gracia. Como se ha dicho anteriormente, no se trataba de pueblos vendidos al PFE o amenazados por los embalses, pero era la mejor de las estrategias para que quedaran solo viejos y solterones… y fueran desapareciendo del mapa. Nadie se iba a hacer cargo de las tierras de los que se iban. Mejor para la evangelización repobladora del PFE.

En contraste, los que procedían del llano (generalmente de poblaciones cercanas al nuevo pueblo) eran en su mayoría jornaleros con patrimonios realmente escuálidos… si los tenían: muchos de ellos no tenían ni capital, ni tierras, ni ganado, solo hijos. Fueron los más favorecidos por su nueva situación de colonos.

El 7 julio de 1967, poco más de un año después de la instalación de los primeros colonos en Orillena, el ingeniero agrónomo Gregorio Cabrerizo realizó un informe de seguimiento, en el que solo constan 66 colonos (60 de Huesca y 6 de Zaragoza) de los 88 adjudicatarios. El resto habían optado por otra alternativa para su futuro. Por ejemplo, los vecinos de José López (Andrés Español, Casa Isábal, Cortillas; número 56 en la lista de admitidos) decidieron instalarse en el Puente de Sabiñánigo. Las vacantes se fueron cubriendo según el orden de prelación de los que se habían quedado excluidos por «insuficiencia de lotes». En el informe incluye una sección sobre las «características sociológicas de sus habitantes», que decía que «como los colonos instalados llevan solamente un año, no se les conoce aún a fondo. No obstante, en general parecen trabajadores, cumplidores de sus obligaciones y con un gran afán de mejorar su nivel de vida. Existe una inquietud ganadera entre los colonos, ya que actualmente existen 35 vacas lecheras, 5 terneros, 48 ovejas y 89 cerdos, a pesar de ser el primer año de instalación de los colonos». El poso ganadero de la montaña se seguía notando en el llano.

De hecho, al INC le preocupaba como iban a encajar los oscenses del norte con los del sur. Así, en la sección de estudio social de la Memoria sobre la constitución de la nueva entidad municipal de Curbe (Huesca), zona del Flumen, redactada en mayo de 1967, se señala lo siguiente: «Los colonos de Curbe proceden de distintos pueblos de las provincias de Huesca [64], Zaragoza [12] y Teruel [2]. (…) El hecho de que sea tan diversa la procedencia de los colonos, hace que inicialmente se dificulte la convivencia; el distinto carácter y costumbres de los de procedencia del Norte de la Provincia de Huesca y de los del Sur de la misma provincia, ha motivado pequeños problemas de adaptación que actualmente ya se han superado, pues han transcurrido tres años desde su instalación en el nuevo pueblo de Curbe». En el caso de Curbe, el contingente oscense más numeroso (28 colonos) procedía del «municipio capital» (Grañén) mientras que había pequeños números (entre uno y cuatro colonos) procedentes de otros pueblos, la mayoría «de la montaña» (cuatro de Cortillas, cuatro de San Pelegrín, tres de Barbenuta, tres de Sabayés, dos de Boltaña, dos de Rasal, y uno de cada una de los siguientes localidades: Matidero, Escartín, Estada, Binueste, Laguarta, Gavín, Ceresuela, Ascaso y Bergua). Curiosamente, cuatro colonos procedían de otros pueblos de colonización anteriores (dos de Montesusín, uno de El Temple y otro de Frula).

La misma fecha tiene la Memoria sobre constitución de la nueva entidad municipal de San Lorenzo del Flumen (Huesca), zona del Flumen. En este caso, el párrafo relativo a la diversa procedencia de los colonos y las diferencias entre los de Huesca-norte y Huesca-sur es exactamente el mismo, simplemente cambiando el nombre de un pueblo por el del otro. En este caso, los colonos procedían de distintos pueblos de las provincias de Huesca [44], Zaragoza [33], Teruel [3], Lérida [1] y Toledo [1]. El contingente más numeroso (11 colonos) procedía de Burgasé, víctimas indirectas de un pantano “de papel” (Jánovas). ¿Se imaginan el drama que debió suponer para la capital de La Solana perder 11 familias de golpe? ¡Un pueblo en el que el Ministerio de Fomento (el de Obras Públicas de la época) había previsto que acabara una carretera nacional (también de papel) unas cuantas décadas atrás antes! Los de Burgasé estaban acompañados de otros montañeses (tres de Rasal, tres de Banastón, tres de Betesa, dos de Barbenuta y uno de cada uno de los siguientes pueblos: Cortillas, Giral y Roda de Isábena). El grupo del llano estaba comandado por siete colonos de Alberuela de Tubo y cuatro de Grañén, nuevamente el «municipio capital».

Paradójicamente, mientras que el INC decía que priorizaba a los solicitantes de pueblos adquiridos por el PFE en concursos en los que apenas se daba esa condición, algunos de los habitantes de pueblos comprados por PFE solicitaron ser colonos en algunos de los nuevos pueblos… pero dieron calabazas al INC. Ya se ha comentado anteriormente, la opinión de Miguel Navarro Garnica, ingeniero responsable de la Brigada Aragón del PFE, favorable a un trasiego de familias desde los pueblos vendidos al PFE a los creados por el INC. Así, en una carta con fecha 3 de enero de 1945 y dirigida al director general del PFE exponía que sería «posible, que mediante una acción conjunta entre este Patrimonio y el Instituto de Colonización se llegase a que los propietarios aceptasen los precios de nuestras valoraciones garantizándoles Colonización una plaza de colono en los terrenos que esta puebla en los nuevos regadíos». En ese sentido, el Informe para la Selección de Colonos y Adjudicación de Lotes en la Finca Monte de La Sarda (que formaría parte del municipio de El Temple) (expediente nº 732. Gurrea de Gállego. AHPZ, A/025253), al referirse a algunos solicitantes de Basarán, considera «conveniente su traslado al ser expropiadas sus propiedades por el Patrimonio Forestal del Estado para destinarlas a la repoblación forestal». Concretamente, se trataba de Ramón Nerín Sampietro (Casa O Royo, 49 años, cinco hijos, capital: 23.000 pesetas), Lorenzo Pardo Buisán (Casa Loren, 56 años, tres hijos, capital: 12.000 pesetas), Miguel Aso Puértolas (Casa Francho, 42 años, tres hijos, capital: 54.000 pesetas), Eugenio Aso Bielsa (misma casa, 65 años) y Antonio Allué López (Casa Allué, tres hijos, capital: 23.000 pesetas). A pesar de que el INC iba a asignarle a cada uno con dos machos y dos vacas, el hecho es que ninguna de esas familias llegó a habitar el nuevo pueblo. La mayoría, como Ramón Nerín, su esposa Encarnación Pardo (citada anteriormente) y sus hijos, se instalaron en Monzón.

Algo similar ocurrió con otros cuatro aspirantes a colonos en El Temple (Figura 26), en este caso naturales de Berbusa y Ainielle, pueblos cercanos a Basarán e igualmente adquiridos por el PFE. En el preceptivo informe de selección (firmado el 28 de septiembre de 1955) se dice que poseen «ganado mular y de ganado de renta suficiente, lo cual hace pensar su rápida acomodación a la labor que van a ser destinados». Se trataba de Manuel Arnal Franco (64 años, seis hijos, capital: 48.000 pesetas, dos mulas y una vaca), Roberto Miranda Allué (Casa Chuanico, 45 años, dos hijos, 63.000 pesetas, dos mulas y dos vacas), Laureano Sampietro Miranda (28 años, 95.000 pesetas, dos mulas y dos vacas) y Aurelio Azón Sampietro (Casa Franco, 26 años, 62.000 pesetas, dos mulas y cinco vacas). Los tres primeros se Berbusa y el último de Ainielle, justo el único que aceptó su nombramiento como colono en El Temple, aunque más adelante se mudó a Ontinar de Salz (Zaragoza), otro pueblo de colonización cercano.

En 1971, el Servicio Nacional de Concentración Parcelaria creado en 1952 por el entonces ministro de Agricultura (Rafael Cavestany y Anduaga) se fusionó con el Instituto Nacional de Colonización para formar un nuevo organismo, el Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA). A partir de ese momento, se seguirán fomentando los regadíos, pero ya no se creará ningún pueblo nuevo más. La actividad agraria iba a dejar de ser el ojito derecho de la política hidrológica en favor del uso del agua para la producción de energía, lo que generó el caldo de cultivo propicio para la aparición de las grandes empresas hidroeléctricas.

Figura 26. El Temple del Caudillo. Un colono pasea su ganado de labor. Revista de Ganadería, 1955. Hemeroteca de la Facultad de Veterinaria, UCM.

3. Grandes obras hidráulicas, el punto de encuentro entre el PFE, el INC y la despoblación de la montaña

El Plan Nacional de Obras Hidráulicas (1933) fue elaborado en tiempo récord bajo la batuta de Manuel Lorenzo Pardo, primer director del entonces recién creado Centro de Estudios Hidrográficos, siendo Indalecio Prieto el ministro de Obras Públicas. No fue casualidad que dicho plan, dirigido fundamentalmente a modernizar la agricultura del país mediante una apuesta decidida por los regadíos, fuera seguido de la creación del PFE (1935). El anexo XII del Tomo III del citado Plan, que llevaba el ilustrativo título de La repoblación forestal en sus relaciones con el régimen de los ríos, defendía que la repoblación de las cabeceras de los ríos era esencial para el correcto funcionamiento de los embalses proyectados, ya que evitaría los problemas de colmatación (aterramiento) y también los derivados de la erosión provocada por las torrenteras que seguían a las lluvias intensas.

Tras el parón de la guerra, tampoco fue casualidad que la creación del INC (1939) fuera seguido de la refundación del PFE (1941). Se tenía que poner en marcha y engrasar la abrumadora y arrolladora maquinaría política, técnica, humana (mano de obra), económica y legal requerida para las intensas actividades que iban a desarrollar estos dos organismos en las siguientes décadas. En definitiva, y como rezaba en el folleto de la exposición Pueblos de Colonización: Miradas a un Paisaje Inventado (Museo ICO, Madrid, 2024), se necesitaba «una actuación estratégica que garantice la vital presencia del agua, condición necesaria e imprescindible para posteriormente proceder a su conducción y traslado, por medio de canalizaciones, hasta pueblos y terrenos baldíos, que de este modo pasarán a ser cultivables y productivos».

Para ello, resultaba fundamental el concurso de la ingeniería, «con la construcción de la infraestructura de embalses, canales, acequias, tuberías, desagües y caminos, paralela a la colonización de las superficies transformadas. Se establece, de esta manera, un recorrido que conduce el agua desde el río, con la mediación del embalse que la encauza, a los canales principales, y se continua con la derivación a las canalizaciones secundarias hacia las parcelas de cultivo y finalmente a las fuentes, abrevaderos y grifos de las casas de los pueblos de colonización. Todo este proceso producirá grandes cambios en una escala territorial, con variaciones fundamentales en el espacio físico en el que se van a asentar los nuevos pueblos». Habría que añadir que también conduciría a «variaciones fundamentales en el espacio físico» de pueblos que ya existían desde hacía “apenas” un milenio atrás.

A partir de entonces, se iba a intensificar la colaboración entre el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Agricultura. El primero se responsabilizaría de la construcción de embalses y pantanos, redes principales y caminos vecinales, así como de las obras de abastecimiento de agua, alcantarillado y acometida de energía eléctrica. El segundo (del que dependían tanto el INC como el PFE), de las plantaciones forestales en las cabeceras de los ríos, las redes secundarias de acequias, desagües y caminos de servicio, la nivelación de tierras, la construcción de viviendas para colonos y edificios de carácter público, la distribución de energía eléctrica y los bosques de protección en los nuevos pueblos. Esa relación se iba a intensificar aún más, si cabe, con la ley de 19 de diciembre de 1951 sobre repoblación forestal y ordenamiento de cultivos agrícolas de los terrenos integrados en las cuencas alimentadoras de los embalses de regulación. El propio nombre de la ley lo dice todo.

El Proyecto de Repoblación del Perímetro denominado Cuenca del Pantano de Jánovas en la Provincia de Huesca, del PFE (Iturralde, 1960) reitera explícitamente la estrecha relación entre este organismo estatal y las compañías hidroeléctricas, en una política que no entendía de historia ni de sentimientos, y con licencia para llevarse por delante lo que fuese necesario: «La Sociedad Iberduero, concesionaria del salto de pie de presa a cuyo cargo está la construcción del Pantano de Jánovas, está interesadísima por las causas anteriormente mencionadas en la repoblación de las laderas que vierten al vaso del pantano, habiéndose dirigido a esta Brigada con el objeto de llevar a cabo un plan conjunto de expropiaciones de fincas, cuyo único destino es el forestal en los términos municipales de Burgasé y Albella-Jánovas, que aunque serán inundadas solamente en parte por el pantano, será precisa la expropiación total de las mismas ya que al quedar las mejores tierras anegadas gran parte del vecindario de dichas tierras tendrá que emigrar por falta de medios de vida». Quizás ahora se pueda entender mejor qué era eso de la «falta de medios de vida», comentada en la sección anterior y por qué, de golpe hasta once familias de Burgasé solicitaron ser colonos en San Lorenzo del Flumen.

El gran interés del INC por Huesca se debió a la abundancia de agua en la zona pirenaica, a que era una provincia en la que el PFE fue particularmente activo y a que no iban a empezar de cero. La ley de 7 de julio de 1911 sobre Construcciones Hidráulicas con destino a Riegos condujo a la aprobación del proyecto o plan de Riegos del Alto Aragón (1913), una iniciativa inicialmente privada, cuyo pistoletazo de salida fue la inauguración de las obras del embalse de La Peña, el 24 de julio de 1913. Sin embargo, el grueso de las obras no empezaría hasta 1915, año en el que se promulgó la ley por la que se asumía la iniciativa pública y se proporcionaba soporte jurídico a su desarrollo. Por ese motivo, una parte importante de las obras hidráulicas que necesitaba el INC para colonizar las zonas de La Violada, Los Monegros y El Flumen, incluyendo el embalse de La Sotonera, la acequia de La Violada y el canal de Monegros, ya estaban acabadas o bastante avanzadas cuando el INC echó a andar (Figura 27).

La Peña tuvo el triste honor de ser el primer pueblo del que sus habitantes tuvieron que marcharse como consecuencia de una obra hidráulica. Unos años después le seguirían Barasona y Cáncer (embalse de Barasona o de Joaquín Costa), y más adelante ya toda una santa compaña de pueblos condenados.

Figura 27. Coincidencia de intereses entre el INC y las grandes obras hidráulicas, incluyendo las de Riegos del Alto Aragón. Zonas de actuación del INC en Aragón: Bardenas y sistema Gállego-Cinca. Fuente: de los Ríos (1966).

4. Riegos del Alto Aragón

El interés por las aguas pirenaicas para alimentar a los regadíos del sur de la provincia no era nuevo. El primer impulsor de un proyecto técnicamente factible fue el barbastrense Miguel Ravella a mediados del siglo XIX. En el Plan General de Canales de Riego y Pantanos de 1902, y ya bajo la influencia de Costa, el ingeniero Cleto Miguel Mantecón defiende que las aguas podrían ser conducidas a las llanuras de Almudévar y Tardienta y «más tarde a la región de los Monegros». De allí, solo había un paso al plan de Mariano Lacambra, base del sistema que se construyó y para el que los ingenieros Joaquín Cajal y Rafael Izquierdo alumbraron la solución: el inevitable enlace entre las aguas de los ríos Gállego y Cinca. Y es que, si bien Costa, antes de dedicarse exclusivamente al descanso eterno en un terreno de Torrero, fue testigo de la construcción del Canal de Aragón y Cataluña que aprovechaba aguas del Ésera, el peso de los sistemas de riego en el ámbito oscense iba a recaer sobre esos dos ríos más occidentales. El primero nace en el Col de l'Aneu (Francia), junto al Portalet y vierte sus aguas directamente al Ebro, cerca de la ciudad de Zaragoza; su longitud es de 193 km y drena una cuenca de 4.020 km², con un caudal medio de 34,22 m³/s. El Cinca tiene su nacimiento en el glaciar de Marboré y también vierte al Ebro, a través del Rio Segre. La unión del Cinca con el Segre, cerca de Fraga, pero ya en la provincia de Lérida, representa la mayor confluencia fluvial de la Península Ibérica. La longitud del Cinca es de 191 km, con una cuenca de 9.740 km² y un caudal medio en Fraga de 75,94 m³/s.

Las aguas de estos dos ríos fueron las que se incluyeron en el Proyecto de Riegos del Alto Aragón, encargado por Francisco de Paula Romañá y Suari («de la Real Compañía de Canalización y Riegos del Ebro y de la de los Ferrocarriles de Madrid á Zaragoza y Alicante», ¡casi nada!), a los ingenieros José Nicolau Sabater y Félix de los Ríos Martín, que lo redactaron siguiendo las ideas de Cajal e Izquierdo. El proyecto fue redactado en 1912 (Figura 28), presentado al Ministerio de Fomento en 1913 y aprobado técnica y económicamente ese mismo año.

Figura 28. Portada de Riegos del Alto Aragón, Huesca, 1912. A la derecha, mapa donde se esbozan ya las zonas que estarían bajo la influencia del canal del Cinca y del canal de Monegros.

Romañá y Sauri era un catalán que pasaba algunos veranos en Jaca. Uno de esos veraneos podría haber sido la clave de esta historia. El 14 de agosto de 1911, Francisco de Paula viajaba con su esposa y otra mujer (su madre o su suegra, dependiendo de las versiones) de Sabiñánigo a Jaca cuando su vehículo sufrió un grave accidente a la altura de Martillué (pueblo de herreros, como su sonoro nombre indica). Presumiblemente, el accidente no se debió ni al exceso de tráfico ni al de velocidad. El caso es que las dos mujeres resultaron gravemente heridas, pero lograron salvar el pellejo. La experiencia no solo no le supuso ningún trauma con la provincia, sino que le hizo estrechar más su vínculo con el Alto Aragón, como muestra de gratitud por la recuperación de sus familiares. Eso y que un emprendedor con posibles como él, miembro distinguido de la Real Compañía de Canalización y Riegos del Ebro, sabía que en esta tierra había un gran negocio en ciernes y quería ser el que se hiciera con los derechos. Su proyecto tuvo tanta repercusión que el rey Alfonso XIII le concedió el título de Barón de Romañá el 29 de diciembre de 1913, «en atención a sus méritos en la construcción del canal de la izquierda del Ebro y Riegos del Alto Aragón».

El 7 de enero de 1915, se publica en la Gaceta de Madrid la Ley por la que se autoriza al Gobierno para la ejecución de las obras de riego de Alto Aragón (Figura 29). El 9 de enero se volvía a publicar para corregir un error. El estado no quería saber nada de concesiones para un reto de esta envergadura. La iniciativa privada de Romañá se convertía en una obra pública y el estado pagaría al barón por los derechos adquiridos.

Figura 29. Estampa conmemorativa de la Ley por la que se autoriza al Gobierno para la ejecución de las obras de riego de Alto Aragón (1915). Romañá y Suari aparece en la foto inferior. Fuente: Biblioteca Nacional de España.

Esa ley resultó tan trascendental para gran parte de la provincia, que se reproduce íntegramente:

«Don ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la Constitución, Rey de España; A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que las Cortes han decretado y Nós sancionado lo siguiente:

Artículo 1. Se autoriza al Gobierno para la ejecución de las obras de riego del Alto Aragón, con agua de los ríos Gállego, Cinca, Sotón, Aztón y Guatizalema, en toda la extensión necesaria para regar las zonas de Sobrarbe, Somontano y Monegros.

Artículo 2. El Gobierno resolverá, en vista de los informes técnicos y de todos los antecedentes que estime precisos, cuál sea el proyecto que responda mejor, tanto desde el punto de vista técnico como del económico, al fin propuesto. Adoptará asimismo el Gobierno las determinaciones necesarias para que los trabajos empiecen dentro del primer trimestre del año 1915, y con arreglo a los estudios hechos por la Administración pública que sean aprovechables, cualquiera que fuere el proyecto que en su día acepte el Gobierno para la ejecución definitiva de los obras.

Artículo 3. La ejecución de las obras habrá de realizarse en un plazo máximo de veinticinco años, distribuyendo el Ministerio de Fomento el presupuesto total en la forma que exige el desarrollo de las mismas, para que puedan utilizarse en lo posible a medida que se construyan, y entendiéndose la consignación de cada año ampliada en lo que no hubiera podido gastarse de la correspondiente a años anteriores.

Artículo 4. Como regla general las obras se harán por el sistema de Administración, salvo la adquisición de materiales, que se hará por concurso ó subasta con arreglo a las disposiciones vigentes. Podrá, no obstante, emplearse el sistema de subasta en las obras que por su índole no exijan garantías especiales. En las obras por Administración podrán ajustarse destajos parciales que no excedan de 100.000 pesetas.

Artículo 5. El Estado explotará las aguas aplicando las tarifas que figuren en el proyecto que se adopte.

Artículo 6. Los gastos que origine el cumplimiento de esta ley, se satisfarán con cargo a los créditos que para riegos del Alto Aragón se concedan especialmente en el presupuesto del Ministerio de Fomento.

Por tanto: Mandamos a todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes.

Dado en Palacio a siete de Enero de mil novecientos quince.
El Ministro de Fomento, Javier Ugarte».

Las obras de Riegos del Alto Aragón arrancaron con el Tramo I del Canal de Monegros «a la distancia de setenta y cinco metros de la carretera de Zaragoza a Francia, hacia el pantano de la Sotonera, en el término municipal de la Villa de Almudévar». La solemne inauguración de los trabajos tuvo lugar el 29 de marzo de 1915 y al acto asistió el ministro de Fomento, Sr. Ugarte, alcaldes, diputados provinciales y representantes de las cortes generales, amén de numerosas autoridades civiles, militares y eclesiásticas (los tiempos no han cambiado tanto), ante «un público emocionado».

El éxito no le hizo olvidar a Romañá lo acontecido un par de años antes y, fiel a la promesa que debió hacer en su día, «el barón de Romañá ha ordenado el emplazamiento de una artística Lauda en el kilómetro 10 de la carretera de Biescas (puente de Martillué) en recuerdo del accidente automovilístico que en dicho punto sufrió el verano de 1911 y del cual milagrosamente salió con vida y con él su madre y hermana política» (Heraldo de Aragón, 26 de marzo de 1915). Esta historia fue recuperada en 2011 por Rafael Ballesteros en su blog DesEquiLIBROS. Contra viento y marea, la lauda sigue en el lugar en el que se erigió hace más de un siglo y dice lo siguiente: «Testimonio de gratitud a dios omnipotente que ofrece Francisco de P. Romañá Suari por haberle librado de la muerte juntamente con su familia en un accidente de automóvil ocurrido en este sitio el día XIV de agosto de MCMXI» (Figura 30).

El barón falleció en el año 1950 y existe una calle con su nombre en algunas de las localidades de los Monegros oscenses que se verían beneficiadas con su proyecto, como Lanaja o Robres. No busquen una calle con su nombre en Lanuza, Polituara, Mediano, Clamosa, Lacort, Jánovas, Burgasé o Ligüerre de Ara.

Figura 30. Lauda conmemorativa del accidente sufrido por Romañá y familia, en las cercanías de Martillué (Fuente: blog DesEquiLibros, 2011).

En cualquier caso, el proyecto, cuyo desmesurado objetivo era llevar artificialmente agua del Pirineo para regar 300.000 hectáreas en las comarcas de Sobrarbe, Somontano y Monegros (80.000 a través del Canal de Cinca y 220.000 del de Monegros, 142.000 de ellas al sur de la sierra de Alcubierre), salió adelante… hasta nuestros días. Así nació el sistema denominado Gállego-Cinca, una infraestructura de captación y transporte de agua que actualmente riega una superficie de unas 124.500 hectáreas ubicadas entre las provincias de Huesca y Zaragoza, fundamentalmente en los Monegros (lo de que iba a regar terrenos en el Sobrarbe pasó a mejor vida) (Figuras 27 y 31). El sistema se abastece a partir de cinco embalses de cabecera (Lanuza, Búbal, Mediano, El Grado y Ardisa, al que estaba previsto que se sumara el fantasma de Jánovas), y uno en derivación (La Sotonera). Desde estos embalses parte la mayor red de canales y acequias de Europa, con aproximadamente 2.000 kilómetros, destacando por su magnitud el Canal de Gállego, el Canal de Monegros, el Canal de Violada, el Canal del Cinca y el Canal del Flumen.

El crucial Plan Nacional de Obras Hidráulicas de 1933, citado anteriormente, tuvo muy en cuenta a Riegos del Alto Aragón, descartando cualquier caudal procedente del río Aragón, propugnando el aprovechamiento de los diversos afluentes del Cinca que atraviesan la sierra de Guara para transformar regadíos locales, suprimiendo un embalse previsto en Castejón del Puente, pero proponiendo el de Jánovas y el de Torreciudad (que posteriormente pasará a denominarse de El Grado), entre otras medidas. Obviamente, el proyecto de ley de Plan Parcial de Obras Hidráulicas a ejecutar en 6 anualidades, aprobado por Decreto 7 de julio de 1936, tuvo poco recorrido, pero incluyó algunas acequias de riego derivadas de los canales de Monegros y Flumen (acequias de Lalueza, Rufas, Capdesaso, Marcén y acequias derivadas del tramo II del canal de Monegros).

Figura 31. Esquema del sistema Gállego-Cinca. Faltan los embalses de Lanuza y Búbal, en el Valle de Tena, aguas arriba del río Gállego. Fuente: Riegos del Alto Aragón.

Tras el parón de la Guerra Civil y pese a la precariedad generalizada, Riegos del Alto Aragón recibió un nuevo impulso con la entrada en servicio del acueducto de Tardienta y del tramo segundo del canal de Monegros (1941), y la explotación parcial del embalse de La Sotonera (1945). La Orden de 16 de enero de 1952 por la que se dictan normas para el desarrollo de las obras que se indican (BOE de 31 de enero de 1952) dictó las normas de desarrollo de los grandes planes hidráulicos en el Ebro: (a) pantano de Yesa y canal de las Bárdenas, (b) Riegos del Alto Aragón, y (c) Canal de Aragón y Cataluña. Las premisas fundamentales fueron las siguientes:

• Las aguas del pantano de Yesa eran para los riegos de su propio valle, las Bárdenas, Cinco Villas y demás zonas de recorrido del Canal y únicamente las sobrantes, si las hubiese, podrían auxiliar a los Riegos del Alto Aragón.

• Las aguas del Gállego que se derivasen al pantano de La Sotonera, y las del Cinca, reguladas por el embalse de Mediano, se destinarían a los Riegos del Alto Aragón en sus zonas de Sobrarbe, Somontano y los Monegros, así como a los riegos del propio valle del Cinca.

• Los riegos del canal de Aragón y Cataluña procederían del Ésera y del Noguera Ribagorzana, a partir del pantano de Barasona y del de Santa Ana, respectivamente.

La historia a partir de entonces fue feliz para unos cuantos y muy triste para otros, cuya opinión nunca se llegó a tener en cuenta. Quien quiera saber más sobre la parte feliz, incluyendo la brillantez de los datos técnicos, puede acudir a la prolija página web de Riegos del Alto Aragón, llena de detalles deslumbrantes. Mucha tecnología, mucha tecnología, pero seguimos mirando hacia el cielo cuando no llueve, hoy igual que hace un siglo. Para los interesados en la otra versión de la historia, se recomienda el libro de Marisancho Menjón, Jánovas: víctimas de un pantano de papel (Pirineum, 2006), el documental/libro Mediano. La memoria ahogada (Aragón TV, 2010) o la página de la Asociación Prodefensa de Tiermas.

No obstante, la historia no acaba aquí. La insaciable voracidad de Riegos del Alto Aragón y de las grandes empresas hidroeléctricas no cede ni ante los varapalos judiciales y siempre está con un ojo avizor por si se puede recrecer una presa o por si, tras Almudévar, podría caer todavía Biscarrués (Figura 32) o por si se pueden aumentar las zonas de riego al sur de la provincia, a pesar del valor ecológico de las zonas que se anegarían y del drama social para los pueblos que puedan verse afectados por los fantasmas del pasado que, como los del Roxy, «no descansan en paz» (Serrat, J.M. Los fantamas del Roxy, Bienaventurados,1987).

Los tiempos no cambian tanto para muchas cosas. El 21 de abril de 2017, aparecía un comunicado en la página oficial del Palacio de la Moncloa, que bajo el título Urgente ocupación de los bienes afectados por las obras del embalse de Almudévar (Huesca) rezaba lo siguiente: «El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se declara la urgente ocupación de los bienes afectados por la ejecución de las obras incluidas en el proyecto de construcción del embalse de Almudévar, en la provincia de Huesca. El pago por estas expropiaciones se estima en 37.700.000 euros.

De conformidad con el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y el artículo 56 de su Reglamento de desarrollo, aprobado por un decreto del 26 de abril de 1957, se declara la urgente ocupación de los terrenos, bienes y servicios afectados por la construcción del embalse de Almudévar, destinado a la regulación de los riegos del Alto Aragón que afectan a los términos municipales de Almudévar, Huesca, Vicién, Tardienta y Sangarrén, en la provincia de Huesca.

Este proyecto, que responde a una importante demanda social, prevé paliar los efectos de la sequía, ya que no solo repercute en los propios agricultores por la disminución de sus ingresos, sino que también repercute en todo el tejido social, en el área económica y, principalmente, en el crecimiento o mantenimiento del empleo. El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente aprobó el pasado mes de marzo el proyecto de construcción del embalse de Almudévar, con una inversión de 102.204.834 euros. Las obras contemplan la construcción de un embalse con capacidad para almacenar 169,41 hectómetros cúbicos de agua mediante dos presas (diques) de materiales sueltos que cierran, en sus costados occidental y oriental, una amplia vaguada natural cercana al municipio oscense de Almudévar. Esta actuación se completará con la construcción de una estación de bombeo, una subestación eléctrica y la reposición de los caminos afectados.

Esta nueva infraestructura hidráulica tiene como principal objetivo regular los riegos del Alto Aragón, ya que permitirá que los caudales procedentes del río Gállego que superen la capacidad de embalse de La Sotonera, así como los excedentes de regulación del río Cinca, puedan almacenarse durante los períodos de mayor aportación para, en los momentos de escasez, ponerlos a disposición del sistema.

El embalse de Almudévar forma parte del proyecto Biscarrués-Almudévar, que tiene como principal objetivo regular los Riegos del Alto Aragón, permitiendo, por un lado la laminación de las avenidas del río Gállego y, por otro, aportar caudales al Sistema de Riegos del Alto Aragón, lo que redundará en un incremento de las garantías del sistema.

El conjunto de estas dos actuaciones constituye la empresa de mayor importancia de las que se están acometiendo en España en materia hidráulica, tanto por su singularidad como por su oportunidad, y demuestran el compromiso del Gobierno por cubrir las necesidades hídricas de la Comunidad Autónoma de Aragón».

El 30 de enero de 2018 se publicó una nota de prensa anunciando que «el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente inicia los trabajos de construcción del embalse de Almudévar (Huesca), a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro».

Figura 32. Se repite la historia: Biscarrués, Almudévar…

5. Referencias y lecturas recomendadas

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