| «Entre
los innumerables motivos que tienen el privilegio triste
de soliviantar los ánimos, no hay ninguno tan
fecundo en producir alarmas, como el impuesto de consumos».
Heraldo de Aragón, 20 de enero de 1904.
1. Introducción
Si el tráfico
de mercancías allende Aragón pronto estuvo
sujeto al pago de las tasas de aduanas, de las que ya
hemos hablado, otro tanto sucedió con el mercado
interno. Una de las principales lacras que sufrieron
de arrieros y carreteros fueron los pagos que frecuentemente
tenían que realizar para atravesar ciertas zonas
con sus mercancías o para introducirlas en ciudades
y pueblos para su venta.
El portazgo
o impuesto de puertas, era un antiguo impuesto de naturaleza
indirecta, existente en los reinos de Castilla, Aragón
y Navarra, que podía gravar los derechos de tránsito
y que tenían que satisfacer los que iban de camino,
pisaban terreno del rey o del señor, o entraban
en un pueblo o ciudad. Podía gravarse tanto a
las personas, como a las mercancías o a los animales.
Este impuesto podía ser eliminado a veces por
los señores o reyes mediante la concesión
de privilegios de franquicia, ya fuese como medida para
facilitar la repoblación, pagar alguna deuda
o favorecer a determinados colectivos, como pueden ser
los peregrinos. Este tipo de impuesto, reminiscencia
de épocas medievales, ha persistido en el tiempo,
bajo uno u otro nombre, a lo largo de nuestra historia.
Lógicamente,
todo portazgo debía tener su correspondiente
portalero, «guarda que
estaba a la entrada de una población para registrar
los géneros que entraban y de que se debían
pagar derechos» (diccionario de la
RAE). Portazgos, portales, portaleros… «¿Quién
se acuerda ya de esto? Para la actual generación
suena esto a músicas celestiales y, sin embargo,
durante años, fueron tortura de las gentes, semillero
de disturbios y rencillas y motivo de fuertes polémicas»
(Llanas, 1975).
2. El impuesto de consumos
El importe del impuesto
de puertas y el tipo de mercancías gravadas variaron
ampliamente de una zona a otra durante siglos. Para
tratar de regularlo en todo el territorio español,
Fernando VII creó el impuesto de consumos, ya
en el siglo XIX. En Huesca se tienen noticias de su
cobro en 1830, un hecho facilitado porque entonces la
ciudad, como tantas otras ciudades y pueblos, estaba
amurallada y sus puertas se cerraban todas las noches.
Estamos hablando de una Huesca de carros y reatas de
machos y burros; de diligencias y tartanas, de una «Huesca
que colgaba los tableros de sus tiendas, cuando el último
arriero volvía grupas y se adentraba en la niebla
enmarcada por los viejos olmos de la carretera de Barbastro»
(Llanas, 1982).
Sin embargo, el ajuste
más relevante se produjo en mayo de 1845. Eran
los tiempos de Narváez en el poder, al frente
del liberalismo moderado. Por entonces, un brillante
ministro de Hacienda, Alejandro Mon y Menéndez
(Figura 1), auxiliado por su incansable director general
de rentas, Ramón Santillán, impulsó
la reforma fiscal más ambiciosa y duradera de
nuestra historia. Hasta aquel momento el país
se iba manteniendo a costa de la aplicación de
las categorías fiscales heredadas del Antiguo
Régimen, inarticuladas y la mayoría absurdas.
Como venía siendo habitual, el estado se encontraba
al borde de la bancarrota, la deuda alcanzaba ya los
2.500 millones de reales y se incrementaba en otros
200 cada año que pasaba. Los funcionarios cobraban
sus sueldos con un año de retraso y las clases
pasivas con casi dos. Ante aquel desastre, lo primero
que planteó el binomio Mon-Santillán fue,
amén de consolidar la deuda y garantizar su respaldo,
iniciar un cambio impositivo radical, sustituyendo la
nebulosa de impuestos vigentes por un sistema más
racional, basado en la creación de una serie
de cargas directas (contribución rústica,
urbana y subsidio industrial y de comercio) y otras
indirectas, fundamentalmente la de trasmisiones de bienes
y… la de consumos (Granados, 2010).
En general, la propuesta
parecía bastante sensata, aunque muy pronto se
pudo comprobar que el sistema flaqueaba en uno de sus
pilares. El impuesto de consumos, indirecto y por ello
esencialmente injusto, gravaba severamente un buen número
de artículos de uso cotidiano, las célebres
especies de comer, beber y arder, que ponía
por las nubes los precios finales de productos tan esenciales
como los huevos, la leche, el aceite, el vino o la misma
leña para la lumbre (Figura 2).

Figura 1. Alejandro
Mon y Menéndez, ministro de Hacienda en 1845.
Autor: José María Casado del Alisal (1872),
Congreso de los Diputados, Madrid. Dominio público.

Figura 2. Recibo de
impuesto de consumos o de derecho de puertas por 12
arrobas de aceite, 1846. Fondos UCM.
Para más inri,
el impuesto cargaba proporcionalmente más a los
consumidores de artículos de primera necesidad
que a los de objeto de lujo. Curiosamente, no se trata
de algo anacrónico. En pleno siglo XXI, el multimillonario
estadounidense Warren Buffett acusó al Congreso
de su país de haber sido el planificador
de impuestos de las grandes fortunas al crear un
sistema para que los ricos pagaran una menor proporción
de sus ingresos que sus empleados y sirvientes. Así
mientras que él pagaba un 17,7 % por los 46 millones
de dólares que ingresa anualmente, sus empleados,
ganando muchísimo menos, pagaban de media un
32,9 %, llegando en algunos casos a tasas cercanas al
40 %. Parece que hay cosas que nunca cambian.
Pero volvamos a nuestro
impuesto de consumos. La prensa local cargó contra
él y señaló que el malestar era
producto de una «malhadada
reforma realizada en la administración y cobranza
del impuesto de consumos por el funesto ministro de
Hacienda, cuyos planes e innovaciones dejan huellas
sangrientas en multitud de poblaciones».
Pero su puesta en marcha no se detuvo, ya que constituía
una actividad de suma importancia para los ayuntamientos;
así, dependiendo de la localidad, podía
llegar a suponer entre un 50 y 70 % del total de los
ingresos municipales. Durante décadas, cada partido
en la oposición prometió eliminar el gravamen
en su campaña electoral, pero se olvidaba de
la promesa al llegar al poder.
El coste del impuesto
cobrado a arrieros y productores repercutía obviamente
el precio de los productos que vendían (Figura
3). Nunca un impuesto fue tan odiado ni tan perjudicial
para el comercio interior. Se avecinaba una época
de gran conflictividad social. Los tumultos y revueltas
contra este tipo de imposiciones se hicieron habituales
en todas partes, con incendios de fielatos y asaltos
a ayuntamientos.

Figura 3. Tarifa de
derechos sobre el consumo vigente en marzo 1848. Fondos
UCM.
3. Una plaga de fielatos
Las entradas de las
poblaciones se poblaron de fielatos y consumeros atentos
al menor trasiego de mercancías y sortearlos
llegó a ser algo así como el deporte nacional.
Fielato era el nombre popular que recibían
las casetas de cobro de los arbitrios y tasas municipales
sobre el tráfico de mercancías (Figura
4). El término procede del fiel o balanza que
se usaba para el pesaje; no obstante, su nombre oficial
era el de Estación Sanitaria de Abastos
ya que, aparte de su función recaudatoria, servían
para ejercer un cierto control sanitario sobre los alimentos
que entraban en las ciudades (Figura 5). Por su parte,
los dependientes municipales conocidos como consumeros,
guardas de consumo o casilleros eran los
encargados de revisar las mercancías y expedir
los adeudos (es decir, recaudar el impuesto de consumos),
tal y como si fuera una aduana entre países (Figura
6).

Figura 4. Inspección
de mercancías en un típico fielato o caseta
de Consumos en 1919. Lugar desconocido.
Revista Nuevo Mundo. Fondos UCM.

Figura 5. Cartel de
la antigua Estación Sanitaria de Valencia. Fondos
UCM.

Figura 6. Fielato en
el puente de hierro de Zaragoza, bajo el poste izquierdo.
Se puede observar el guarda de consumo a caballo y varios
carreteros haciendo cola religiosa. Fondos UCM.
Llanas (1983) hace
una excelente descripción de los sucesivos emplazamientos
de los fielatos de Huesca:
«Abandonadas
y demolidas las puertas de la ciudad, son varios los
emplazamientos de las casillas de consumeros, que se
van adaptando a la construcción de las carreteras
y nuevos accesos a la ciudad. Así, el muy rentable
puesto del cobajo de San Martín, por donde entraba
el camino de Barbastro, queda reducido a puesto de Rondín
cuando se abre la nueva carretera y se emplaza la caseta
en la plaza de Santo Domingo. La suspirada carretera
de Zaragoza, que se construye hacia 1861, y que sin
duda va a ser la vía prócer de acceso
a la ciudad, tiene portazgo de categoría, pues
en el lugar aún conocido por este nombre (edificaciones
en trance de desaparecer de Obras Públicas),
se colocan dos gruesos pilones de piedra con sus correspondientes
argollas para cruzar una cadena de hierro que cierre
el tránsito.
Hasta
hace poco aún se veían estos pilones.
Poco tiempo se usan las cadenas, pues en 1888 se traslada
el puesto a la plaza de Zaragoza. El Municipio encarga
al carpintero don Pablo Lafuente una garita a tal destino
por la cantidad de cien pesetas, pero resulta tan ruin
para este ya Importante lugar que se adorna con metal
y tallas, hasta un total de 236 pesetas. Claro que igual
hubiese dado una que otra, pues como veremos, poco tiempo
después es quemada por el gentío enardecido.
[Posteriormente,]
los portales se van conformando según las necesidades
y así se edifica una caseta hexagonal de obra,
en lo que hoy es plaza de la Unidad Nacional; ésta,
con el tiempo, se cambia a pasado el puente y la última
que llega a nuestros días aún creo está
a la altura de la Gasolinera de Callau. La carretera
de Zaragoza se guardó desde la esquina de Baltasar
Gracián y después en el Fielato (hoy Telefónica).
En la carretera de la Estación estuvo el portal
hacia el “banco azul” y más tarde
en la esquina de Cabestany. El de Santa Clara no tuvo
grandes variaciones en su existencia: siempre en la
plaza. A temporadas hubo uno en el puente de la Alameda
y en la fuente del Angel. La caseta de la carretera
de Jaca aún existe, a mano derecha, pasado el
Garaje Internacional; y en las Miguelas estuvo, de siempre,
el que vigilaba las carreteras de Apiés y Arguis».
En cada una de las
oficinas, estos celosos “aduaneros locales”
echaban el alto a todas las personas que pretendían
entrar a una población para inspeccionar si traían
alguna mercancía susceptible de pago de tasas.
Daba lo mismo que fueran a pie, en macho, burro, carro,
coche, camión o autobús: todo el mundo
debía detenerse ante la autoridad fiscal (Figura
7). A la impopularidad del propio impuesto había
que añadir que el comportamiento de, al menos,
un sector de consumeros no era precisamente el más
adecuado para apaciguar los ánimos; en este sentido,
no eran infrecuentes las arbitrariedades, vejaciones
y abusos en los fielatos, lo que causaba una acusada
animadversión hacia guardas y casilleros que,
en algunos casos, contaban con una abultada hoja de
antecedentes penales.

Figura 7. El exceso
de celo de los consumeros les hacía impopulares.
Año 1883, lugar desconocido. Fondos UCM.
En algunas zonas persiste
todavía la memoria de los concienzudos cacheos
a los arrieros, carreteros y campesinos que acudían
a vender sus productos a los pueblos y los motines que
causaban estos actos. Se produjeron huelgas de “transportistas”
de leche, pescado y vino, en tanto no se bajase la tasa
que debía soportar su mercancía. En cualquier
caso, todos estos enclaves han quedado como memoria
de una actividad fiscal que los ciudadanos de aquellos
tiempos, en los que se pasaba mucha necesidad, soportaban
a duras penas.
Los obreros recurrían
a las manifestaciones reivindicativas, cantando cosas
como la siguiente (Magallón, 2010):
«Salimos
hacia la calle,
todos en gran reunión,
que rebajen el consumo,
al pobre trabajador.
El día 8 de febrero la huelga se declaró
para ganar nueve reales el pobre trabajador.
Ya ganamos nueve reales ¡qué barbaridad!
Cuantos hay que dirán
que por nueve reales, ya podrán pasar.
Para comprar aceite, jabón y sal,
nuestros hijos van descalzos
ni una palabra más.
Pobre del pobre, ¿dónde va a parar?
Lo cargan de leña que no puede más.
Pobre del pobre, qué barbaridad
Siempre trabajando
y a morir al hospital».
Algunos cansados de
tantas trabas, se sublevaban, apedreaban o apaleaban
a los consumeros o quemaban las casetas de recaudación
(Figura 8), lo que les llevaba a soportar los duros
interrogatorios de entonces y a pasar una temporada
en la cárcel.

Figura 8. Quema de
una casilla de consumeros. Ilustración de finales
del siglo XIX. Fondos UCM.
Pero «hecha
la ley, hecha la trampa». Casi de inmediato
surge el matute, palabra derivada de matutino,
que hacía referencia a los matuteros,
que eran las personas que intentaban introducir mercancías
en la ciudad antes de que amaneciera (Figura 9). La
utilización de la expresión matute se
expandió por toda España referida al contrabando,
aunque también se utilizaban otras como de tapadillo
o de extranjis. En 1934 una nueva palabra sustituyó
al matute: el estraperlo.

Figura 9. Matuteras,
antes y después de “cargar” las mercancías.
The Graphic Magazine, 1893. Fondos UCM.
4. Estalla
la conflictividad social
La Revolución
de 1868 suprimió el impuesto de consumos, pero
como el dinero que se recaudaba de esa manera seguía
haciendo falta, creó la capitación,
que resultó aún más impopular (Figura
10). Total, que, en 1874, se tiene que recurrir de nuevo
al sistema de los consumos y en 1881 se vuelven a regular
los cupos.
Las protestas aumentaron
de intensidad, especialmente a partir de 1885. El 27
de julio de este año, dos labradores de familia
muy apreciada en Huesca atravesaban el portal de Santa
Clara «y se cruzaron
palabras con el portalero de servicio, pues existían
antiguas rencillas a causa de las diarias molestias
con que éste les importunaba. El funcionario,
hombre de mala reputación, cuyo apodo quizá
sea más expresivo que su propio nombre, pues
se le conocía por “El Baranda”, sacó
la pistola y disparó sobre ellos. El público,
al oír los disparos, acudió y no pudo
hacer sino llevar al joven labrador agonizante al hospital,
en donde ingresó muerto» (Llanas,
1975).

Figura 10. Crítica
sobre los impuestos de consumos y la capitación.
Valeriano Domínguez Bécquer, El Museo
Universal, 1869. Fondos UCM.
La población,
indignada, se manifestó tumultuosamente ante
el Gobierno Civil, quemó la caseta de Santa Clara
y, a continuación, todas las demás existentes
mientras se pedía la cabeza del guardia homicida.
Las autoridades civiles acudieron para intentar contener
el tumulto y cuando el gobernador quiso emplear las
armas contra la multitud, ésta respondió
con una lluvia de piedras. Fue tanta la excitación
que el Gobernador Civil, don Nicolás de Castro,
cedió sus poderes a la autoridad militar, el
entonces coronel jefe José Villacampa (Pepe
Villa según algunos periódicos de
la época). El coronel sacó sus tropas
a la calle y las dispuso frente al Gobierno Civil (hoy
Diputación), ocupando todas las calles adyacentes
(Villacampa, 1885). La Guardia Civil patrulló
por las calles y el pueblo, algo encalmado por un bando
de la alcaldía, se retiró a sus casas.
A la mañana
siguiente hubo pequeñas escaramuzas cuando varios
grupos de alborotadores hicieron cerrar los
comercios antes del multitudinario entierro del paisano,
pero las detenciones y los exhortos del coronel fueron
diluyendo definitivamente el motín (Villacampa,
1885). El Municipio en pleno, con su alcalde don Fermín
Rayón Sanz a la cabeza, presentó la dimisión
al gobernador, dimisión que no fue aceptada.
Curiosamente, la actuación contemporizadora del
militar, amante del orden pero sin efusión de
sangre, fue objeto de un expediente militar en el que
se acusaba de haber obrado con «apatía
y debilidad» (Diario de Huesca,
28 de julio de 1885, La Crónica, 28
de julio de 1885).
Hay que añadir
que, previamente, un brote de cólera había
enrarecido la atmósfera social de Huesca debido
al aislamiento dispuesto por las autoridades. Cierres
de puertas, lazaretos, cuarentenas… e impuesto
de consumos. Una mezcla explosiva. El propio bando del
ayuntamiento oscense reclama a los vecinos «cordura
y sensatez» como «único
medio de evitar que penetren en la ciudad fuerzas procedentes
de puntos epidémicos y que haya que lamentar
graves y sangrientas desgracias».
Cólera y consumos aparecieron así tan
unidos en aquel verano que un diario estableció
que «la cuestión
de los consumos es otro microbio que nuestro ministro
de Hacienda ha desparramado por toda la Península»
(Diario de Avisos de Zaragoza, 29 de julio
de 1885).
En todo Aragón,
como en el resto de España, se suceden las protestas
contra el impuesto de consumos, pero las reivindicaciones
tienen un marcado carácter local, sin apenas
conexiones entre distintas poblaciones a pesar de ser
un problema común. Los gritos más comunes
en los días previos a la Navidad de 1895 eran
«¡abajo los consumos!»,
«¡fuera las puertas!»
y «¡que pague
el que tenga!» (Diario de Avisos
de Zaragoza, 21 y 23 de diciembre de 1895). Ese
mismo año hay conflictos serios en Angüés
y Pertusa a vueltas con el tema. La situación
cambia en los siguientes años y así, a
partir de 1900, ya aparecen titulares en la prensa que
hablan de una «campaña
nacional por la cuestión de los consumos».
Simultáneamente, se empieza a cuestionar la forma
como se habían reprimido las protestas hasta
ese momento; es decir, se cuestiona la fuerza como «la
manera tradicional, clásica, por excelencia,
de salvar cuantos obstáculos se presentan en
España» (Lucea, 2009). La conflictividad
se dispara. Se producen motines en Sesa (Heraldo
de Aragón, 6 de noviembre de 1900) y altercados
en Alfamén y Monzón, donde los manifestantes
a las voces de «¡abajo
los consumos!» y «¡mueran
los que tienen la culpa!» destruyen
los fielatos que se estaban levantando (Heraldo
de Aragón, 17 y 18 de diciembre de 1903;
Archivo Histórico Provincial de Huesca, Sentencias
Criminales, 1905, nº 25). Por si fuera poco, los
vecinos de Barbastro realizan una «imponente»
manifestación contra la subida de la cuota de
consumos (Heraldo de Aragón, 23 de diciembre
de 1903). A partir de 1904, el encarecimiento de las
subsistencias es objeto de preocupación tanto
en el ámbito rural como en el urbano, multiplicándose
las alarmas por las posibles consecuencias que sobre
el mantenimiento del orden público pudiera tener
esa subida de los precios. Ante el fundado temor a un
aumento de motines y algaradas, el capitán de
la guardia civil de Sariñena ordena reconcentrar
fuerza en los puestos inmediatos (Heraldo de Aragón,
3 de agosto de 1905).
En 1905 se ponen en
marcha algunas iniciativas para tratar de solucionar
la cuestión de los consumos. Tales iniciativas
eran contempladas con algo más que escepticismo
por parte de los grupos republicanos y organizaciones
obreras. Una de las asociaciones más activas
fue la Liga de Contribuyentes de Ribagorza, liderada
por Joaquín Costa, que se expresaba a través
de su órgano: El Ribagorzano. El 15
de diciembre de 1905, el titular principal de portada
era el consabido «¡Abajo
los consumos!». Además, se
aventuraba a predecir que el impuesto de consumos «de
seguro en el año 1907, si no antes, serán
totalmente suprimidos, por el Gobierno o por el pueblo».
El 15 de julio de 1906. el periódico se reiteraba
en la opinión de que «es
un hecho la completa supresión del impuesto de
consumos en España, porque si el Gobierno no
cumple lo prometido (…) e hiciera una burla más,
entonces el pueblo los suprimiría de hecho».
¡Craso error! El 12 de enero de 1907 no le quedaba
más remedio que reconocer que «ahora
ha quedado todo en promesas, en proyectos y en intenciones»,
y vaticinaba nuevos conflictos «por
no haberlos suprimido el 1º de enero, como anunció
[el gobierno entrante]
con tambor y trompeta por todas las partes de nuestra
península».
El ciclo de protestas
dura hasta 1911 en que aparece una ley que crea algunos
impuestos nuevos (inquilinato, solares sin edificar,
gas y electricidad, etc.) con el propósito de
que sustituyan al de consumos, que debería desaparecer
totalmente en un plazo de cinco años. De hecho,
ya en los años previos (1908 en adelante) la
ira de la población se traslada a las cédulas
personales (Figura 11), señal inequívoca
de que la intención de las corporaciones municipales
era prescindir paulatinamente del espinoso asunto de
los consumos explotando cargas menos utilizadas hasta
ese momento.
Lógicamente
desde 1911 se cobran las nuevas tasas, pero trascurrido
el plazo teórico para que se elimine la carga
de consumos, el impuesto no solo no se retira, sino
que seguirá vigente hasta… ¡1962!
Ese año se extingue el debatido impuesto y, a
partir del 1 de enero de 1973, desaparecen fielatos
y guardias de consumo. Como opinaba un columnista contemporáneo
de los hechos, «cayó
por anacrónico. No se puede concebir, en estos
tiempos, que a un automovilista que vaya a Barcelona
se le pare en Lérida, Igualada, Martorell y Barcelona
para ver si lleva algo de pago...».

Figura 11. Cédula
personal. Benabarre, 1903.
5. Del exceso
de celo a la picaresca
Como es lógico,
los atascos eran monumentales a ciertas horas y se tenía
que recurrir a la imaginación para evitar el
pago de los consumos. En primer lugar, existían
ventas cercanas a pueblos y ciudades en las que se vendían
diversos artículos (café, vino, sardinas,
chorizo…) algunos céntimos más baratos
que intramuros. Claro, que había que llevárselos
en pequeñas cantidades (para no alcanzar la cantidad
mínima tributable) o consumirlos allí
mismo. En las ventas aragonesas «se
bebía mucho vino, precisamente porque se economizaban
unos dos céntimos por litro. Decían los
abuelos que esos litros, “en la tripa no pagan”.
Se referían, claro, al pago que tenían
que hacer a la entrada del pueblo»
(Magallón, 2010).
También existía
una enorme picaresca para engañar a los consumeros
de turno. Los arrieros lo tenían complicado ya
que tenían que pasar habitualmente por el fielato
y los guardias conocían todas sus tretas para
ocultar mercancías. Precisamente, el semanario
Alma de Garibay relata las polémicas
entre arrieros y guardias en los primeros años
del siglo XX. Siempre del lado de los arrieros, reprueba
el uso del puncho o tienta, barra de hierro
acabada en punta con la que los portaleros pinchaban
las cargas de paja por si, entre ellas, iban boticos
de vino o aceite, y narra haber oído a un mozo
del Somontano, cuyo carro estaba siendo inspeccionado:
«¡Puncha!, ¡puncha!
¡Así te debían de punchar a tú
los coj…!». O la de aquel otro,
que al ser interrogado con el clásico «¿Qué
llevas?», contestó: «Un
cuerno pa metételo a tú p’ol culo».
Otra cosa eran los
particulares… En el blog Jaca en la memoria
(http://jacaenlamemoria.blogspot.com)
se comenta una postal del Portal de las Monjas (Figura
12), «donde puede observarse
el puesto de “consumos”. Había que
pagar por lo que se entraba en Jaca. También
recibía el nombre de “fielato”. En
el cartel que se contempla en primer plano, se advierte
que se multará a cuantos vehículos circulen
por la ciudad a más de 10 kilómetros/hora.
Mi abuela Gertrudis, me contaba que estuvo sirviendo
en el hotel “La Paz”, cuyo dueño
era muy aficionado a la caza. En cierta ocasión,
y para evitar pagar en “consumos”, escondió
la caza, creo que perdices o codornices, en un lugar
de los alrededores, y mandó a mi abuela a recogerlas,
con la advertencia de que las ocultara bajo las sayas…
“¡Qué cosquillas me hacían
en las piernas...!”, comentaba, entre risas...».
Algo ¿similar?
describe aquella polka que comienza diciendo: «Una
señora formal / compró un conejo barato
/ y al pasar por el fielato / lo escondió en
el delantal».

Figura 12. Fielato
del Portal de las Monjas (Jaca). F. de las Heras. Postal,
colección del autor.
Pondremos también
un caso increíblemente verídico, ya en
los años 50. Dos avispados quisieron aprovechar
el gran movimiento rodado del día del Corpus
para traerse un cerdo y pasar sin contratiempos por
el fielato. Dicho y hecho. Llegaron al fielato al mismo
tiempo que media docena de coches. Se pusieron en fila
y previamente colocaron al cerdo en el asiento trasero,
en medio de ambos, con un sombrero calado hasta el hocico.
Les llegó el turno: «¡Nada!
¡Adiós, buenas noches!». Salieron
disparados y las malas lenguas dicen que, al arrancar,
el guardia le dijo a un compañero:
«¿Te fijaste? ¡Menuda cara de cochino
tenía el del sombrero!».
Los fielatos desaparecieron
entre los años 60 y principio de los 70 pero
las personas mayores recuerdan perfectamente dónde
se encontraban.
6. Los últimos
de Huesca
En 1908, el cuerpo
de guardias de consumo de Huesca estaba integrado nada
menos que por 56 vigilantes y un jefe. El semanario
de la época Alma de Garibay opinaba
que el servicio no era rentable y que estaba exclusivamente
dedicado a colocar a los amigos del cacique
(don Manuel Camo). Por si no fuera bastante, refiere
las molestias que los «zafios»
funcionarios ocasionan a los viajeros, haciendo descender
a las señoras de los carruajes y escudriñando
desconfiadamente hasta el último rincón.
En 1962, cuando se
cerraron los portales, la plantilla era mucho más
menguada: un jefe y 22 portaleros. De hecho, por entonces
su estancia en los fielatos era casi de mera rutina
y el grueso del impuesto se recaudaba en la estación
y transportes públicos, así como por convenios
con los gremios de alimentación. Algunos ejemplos
de las últimas tarifas que rigieron:
«cada litro de leche que entraba pagaba 5 céntimos;
un real, los cien kilos de harina; una perrica cada
litro de aceite; otro real cada pieza de caza, etc.»
(Llanas, 1975).
Desde tiempos inmemoriales,
los huevos pagaban 10 céntimos la docena. Por
menos de esa cantidad no había que pagar nada.
Por eso se daba la situación, aún recordaba,
de que las mujeres que traían una docena a vender
preguntaban primero a cuánto estaban, y si la
docena se cotizaba a peseta o peseta y perra
(precio muy común en los años veinte),
se sorbían tranquilamente el huevo número
doce y entraban los once restantes sin pagar. Remedio
nutritivo y económico, pues almorzaban y aún
ganaban dos o tres céntimos.
Más peligroso resultaba aquello que también
se cuenta de dos hermanicos que llegaron al portal con
un cántaro de vino (10 litros) y que al exigirles
el portalero las dos pesetas de rigor, contestaron muy
serios: «Nosotros l’imos
de entrar sin pagar». Y, efectivamente,
entraron el cántaro sin pagar nada. Sacaron una
nuez del bolsillo como acompañamiento, se bebieron
los diez litros y, cuando acabaron, atravesaron el portal,
un poco tambaleantes pero, eso sí, con el vino
y sin pagar un céntimo...
En ese mismo año
de 1962 todavía existían en la mismísima
Zaragoza siete oficinas auxiliares de arbitrios o fielatos
que seguían cobrando impuestos sobre las mercancías
que entraban a la ciudad y que estaban a cargo de la
Policía Sanitaria de Abastos. Eran las siguientes:
La Venta, en la carretera de Huesca; La Cartuja, en
la carretera de Castellón; Carabinas, en la de
Madrid; Casablanca, en la de Valencia; Caminreal, junto
a la de Logroño; y la del puente de Santa Isabel,
en la de Barcelona. La sede central del fielato o fielato
del Portillo (nombre con toda la reminiscencia del antiguo
portazgo) y, en consecuencia, de la Policía
Sanitaria de Abastos, se ubicaba en la esquina de la
calle de Basilio Boggiero con el paseo de María
Agustín. La Figura 13 muestra el estado del fielato
de La Cartuja y de la sede del fielato en El Portillo
en 1962. En casos como este, las comparaciones son realmente
odiosas. El 31 de diciembre de ese año todos
los fielatos echaron el cierre.

Figura 13. Fielato
de La Cartuja (izquierda, Proyecto Gran Archivo Zaragoza
Antigua, GAZA) y fielato del Portillo (derecha, Boletín
Municipal de Zaragoza) en 1962.
«Consumos,
portales, portaleros, arrieros, casetas con animadas
tertulias a las entradas de la ciudad, vestigio de las
guardias medievales, capítulo turbulento de la
vida ciudadana del que no queda sino el recuerdo. Recuerdo
de un Huesca poblado de carros y caballerías,
en el que los pueblos contaban y que quedaba como dormido
cuando el último arriero traspasaba al caer la
tarde el Portal de Santo Domingo»
(Llanas, 1975).
7. Referencias
Granados, J.A. 2010.
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Llanas, J.A. 1982.
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Lucea, V. 2009. El
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1885-1917. Prensas Universitarias de Zaragoza.
Magallón, C.
2010. Retomar las raíces. 2. Memorias de un País.
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Villacampa, J. 1885.
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Histórico Militar, sección 2ª,
4ª, Leg. 170.
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